De cómo la derecha social derrotó a Bush (I)

Transcribimos aquí un artículo de Oscar Rivas publicado en Minuto Digital. No tiene desperdicio.

El pueblo estadounidense le ha dado sopas con ondas a su Presidente. So pretexto de reformar la ley de inmigración, Bush pretendía amnistiar a los 12 millones de inmigrantes que residen ilegalmente en el país. Para ello, la Casa Blanca no estaba sola. Todos, republicanos y demócratas, o al menos sus principales cabezas pensantes, coincidían en la necesidad de transformar radicalmente el «statu quo» de la inmigración.

Tanta prisa tenían, tal era su interés en acometer la reforma que la propuesta concedía al Gobierno el inaudito plazo de 24 horas para investigar a los indocumentados. De la noche a la mañana, como aquél que dice, Estados Unidos tendría doce millones más de ciudadanos. La cuestión de la inmigración, gentileza del Tío Sam, sería cosa del pasado. Eso, al menos es lo que trataba de hacer creer el Gobierno.

Sin embargo, las élites que idearon la propuesta cometieron un error: subestimaron a sus ciudadanos. Pensaron que si unían sus fuerzas, conciliando sus minoritarios, sus exclusivos intereses, no tendrían dificultades para que el pueblo los aceptara como suyos. Supusieron que, tramitando el proceso de aprobación del proyecto a marchas forzadas, hurtándole á aquél el obligado debate que una proposición de tal magnitud requería, la sociedad civil no sería consciente del engaño. En tal contexto, sin la presión de sus votantes, los senadores acatarían sin reparo los dictados de sus líderes y votarían a favor de la reforma. Pero se equivocaban.

Siempre atenta, la derecha social norteamericana no tardaría en sacar a la luz las oscuras ambiciones de sus elites. Evidenciando cómo la reforma del Gobierno, lejos de redundar en beneficio de los intereses del pueblo, los perjudicaba ostensiblemente, la sociedad civil fue desmontando una a una las tramposas razones gubernamentales.

A la argumentación según la cual los inmigrantes se limitaban a ocupar los trabajos que los nacionales no quieren, éstos oponían otra realidad: lo que no aceptan los estadounidenses son los salarios de miseria con los que los inmigrantes transigen.

Otra razón era que la reforma contribuiría a mejorar la seguridad de las fronteras. Pero tampoco el pueblo lo entendió así. Más allá de disminuir la inseguridad, la aprobación de la «amnistía» provocaría un efecto llamada que invitaría a nuevas masas de inmigrantes a cruzar ilegalmente las fronteras. La inseguridad fronteriza se incrementaría y, en poco tiempo, el país se encontraría con millones de nuevos ilegales.

Ni siquiera la invocación gubernamental de un lugar común como la solidaridad con los desfavorecidos, lograron conmover la firme voluntad de un pueblo, el estadounidense, que no veía en la reforma sino un premio para quienes habían infringido la ley y que los colocaba en pie de igualdad con quienes se atuvieron a ella. Era evidente que de aprobarse el proyecto de Bush, los inmigrantes legales serían uno de los sectores más perjudicados.

Finalmente, el Senado accediendo a los deseos de los norteamericanos, rechazó el proyecto de reforma ideado por sus líderes. El Gobierno de Bush había sido derrotado y con él las componendas de los dirigentes republicanos y demócratas. Lo paradójico del caso es que el fracaso de Bush vino propiciado por la misma derecha social que le había reelegido presidente.

Hoy las élites, despechadas, tachan de racistas y xenófobos a quienes atizaron el fuego de la derrota. Pero el desenlace no podía ser otro. Tal y como ha hecho notar el brillante intelectual conservador Thomas Sowell, la ley de reforma integral de la inmigración fue de principio a fin un insulto a la inteligencia de los norteamericanos. Sólo que los estadounidenses no resultaron ser tan tontos como presuponían sus élites. Por eso salieron en defensa de sus propios intereses. Por eso lograron quebrantar las espurias intenciones que subyacían tras una ley tramposa.

No creo preciso señalar las similitudes entre la amnistía que proponía Bush con la que nuestro Parlamento aprobó en esta legislatura, otorgando la ciudadanía a más de un millón de ilegales. Pero entonces, ¿por qué Zapatero lo tuvo tan fácil?