El 6

Artículo 6

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Esto, que debería ser frontispicio y principio de actuación de los partidos políticos, es el primer conjunto de palabras olvidadas por los mismos. Sobre todo, la última frase. Se suele decir que «cuando entras en un club, aceptas sus normas; y que cuando no las aceptas, te das de baja». Pero oiga: entonces, ¿esto qué es? ¿Un club o, directamente, una secta? Aleix Vidal-Quadras lo explica de forma impecable en su artículo de hoy en La Razón:

Sin entrar en cuestiones de más hondo calado, existe un aspecto a considerar de carácter puramente metodológico. En el actual sistema español de partidos se hace extraordinariamente difícil el debate interno y los mecanismos por medio de los cuales, ante estrategias o medidas tan inequívocamente contraproducentes como las dos descritas, aquellos que se dan cuenta de lo inadecuado de un determinado enfoque pueden intentar influir en la marcha de los acontecimientos, o están inutilizados o carecen de verdadera efectividad. Las reuniones de los máximos órganos de dirección consisten en una serie de informes a cargo de los responsables ejecutivos que, si son contestados, contradichos o discutidos por los asistentes, la subsiguiente filtración a la prensa implica la transmisión de una imagen de división de la que nadie quiere ser responsable. Además, el papel de crítico o discrepante se paga caro en un esquema de listas cerradas elaboradas férreamente por el aparato.

Por consiguiente, al igual que en las monarquías absolutas del pasado, es indispensable tener acceso al oído del líder supremo a través de canales oficiosos y discretos. Y ahí los cortesanos, los aduladores, los augures de cámara y los gabinetes personales juegan con ventaja en relación a dirigentes menos dispuestos a complacer a toda costa al mando. Las consecuencias están a la vista: no hay manera de evitar los disparates por clamorosos que éstos sean.

La lección a aprender por parte de los números uno es que hay que ser permeable a las opiniones externas al círculo más próximo e íntimo y que no siempre aquello que nos gusta oír es lo que nos conviene conocer. Lo digo por si a alguien le puede aportar algún provecho y, de cara a los mal pensados, no tengo en mente a nadie en particular. Pues eso, que ya nos entendemos.

Pues sí, don Aleix: ja mos antenem. El certero análisis que hace Vidal-Quadras del funcionamiento interno de un partido (y él puede hablar por experiencia propia) se compadece mal con lo de «su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos»

Pero formar parte de un Título Preliminar de una Constitución es lo que tiene. Esa ubicación sistemática impide que el artículo pueda ser alegado en sede alguna jurisdiccional, por aquello de que es un «principio filosófico», más que un derecho fundamental. Además, la expresión que utiliza el constituyente, «deberá ser», nos lleva al imperativo categórico kantiano; imperativo que, reinterpretado en clave carpetovetónica significa: «deberá ser; pero si no es, tampoco pasa nada». La norma fundamental lo menciona, en fin, porque había que mencionarlo; pero lo han colocado en el lugar donde menos daño podía hacer.

Así, pues, si el funcionamiento de los partidos políticos, grandes o pequeños no es democrático, tampoco pasa «gran cosa». Sólo pasa que el sistema político se pervierte y cala en el pueblo la convicción de que la política sólo sirve para llenarse el bolsillo. Sólo pasa que «se deja la política en manos de los políticos» y que la política se convierte en un «club privado» al que tienen acceso «los de siempre». Sólo pasa que los políticos acaban pareciéndose como gotas de agua a los boyardos rusos o a los mandarines chinos.

Ésta es la importancia que tiene el artículo 6, que obligaría a los partidos a no considerar como traidor a quien ejerce la sana crítica. Eso ya sería un buen principio de cultura democrática.

No es por nada que una señora llegó al Registro Civil y expresó al funcionario su deseo de cambiar de nombre:

—¿Y cómo quiere llamarse usted? —le preguntó el funcionario.
—Me quiero llamar Constitución.
El funcionario, un tanto sorprendido, le preguntó el porqué de tan curiosa elección.
—Pues verá —respondió la señora, toda sofocada—. Me quiero cambiar el nombre a Constitución porque hace muchos años que no me como una rosca. En cambio, ¡a la Constitución se la follan todos los días!

Ese obscuro objeto del deseo

No crea el amable lector que este artículo va a versar sobre una crítica de cine, o cosa parecida. Es un artículo o post que va a versar sobre algo tan serio como es la Justicia.

Sabido es que nuestro Estado de Derecho se asienta —al menos sobre el papel— en un pilar fundamental: la separación de poderes. Para el sano funcionamiento de un sistema democrático, es fundamental que el Poder Legislativo no pueda meter las narices en el Ejecutivo (o a la inversa), ni éstos, a su vez, en el Poder Judicial. La independencia respectiva de cada uno de los Poderes garantiza que las normas emanadas del Legislativo son ejecutadas tal como fueron emanadas y que, en caso de desviación (técnicamente, «desviación de poder»), la misma puede ser inmediatamente corregida en sede jurisdiccional.

En España, sin embargo (desconozco lo que ocurre en otros países), hemos llegado a un punto en que las barreras comienzan a difuminarse. Para empezar, resulta que si un partido político goza de una mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso (pongamos por caso, 202 diputados), todos los demás partidos sobran porque no añaden ni quitan nada a la mayoría necesaria. Así, pues, aunque dicho partido mayoritario aprobase una hipotética «Ley del Pedo», el que los demás partidos expresaran su oposición o su asentimiento tendría únicamente efectos «morales». Ya tenemos aquí un primer efecto perverso del predominio de la mayoría y, de paso, de la interferencia del Ejecutivo en la tarea del Legislativo (aunque, eso sí: perfectamente legal).

En éstas estábamos en 1985. Un PSOE crecido que gozaba de los citados 202 diputados, hasta el punto de que Alfonso Guerra, siempre ocurrente, se partía de risa diciendo aquello de «¡No tenemos oposición!». Y en el verano aquél, justo antes de irnos de vacaciones, ese PSOE crecido perpetró la Ley Orgánica del Poder Judicial (7 de julio de 1985). Y en aquella ocasión, Alfonso Guerra dijo una de esas frases lapidarias por las cuales ha pasado a la historia: «Montesquieu ha muerto».

Él sabía muy bien por qué lo decía. La famosa LOPJ (y su compañera, la LOCGPJ) consagraban la posibilidad de que la formación de los órganos colegiados superiores del Tercer Poder se vinculara a la representación parlamentaria. Es decir: que la composición de los órganos rectores de la judicatura fuera decidida por los políticos.

Con ello se hiere de muerte a la independencia política de la judicatura y se da entrada a que los jueces tengan «filiación política» (hoy, hasta el tato sabe que la APM es «pepera» y JpD es «progre»), a pesar de que formalmente no puedan ingresar en los partidos. A partir de ahora, cualquier asunto debatido en sede judicial que tenga un carácter ostensiblemente «político», podrá verse sometido a las presiones del partido o prohombre afectado (habitualmente, el PSOE). No está de más recordar los casos «Sogecable», que se llevó por delante a uno de los jueces más honrados de la democracia, o el del «antenicidio» (que sí, que Federico respira por la herida) cuyo fallo el PP, aun gozando de mayoría absoluta, no se atrevió a ejecutar.

Y toda esta digresión, ¿para qué? Pues para mostrar el hecho de que el Poder Judicial es el garante último de la legalidad y la integridad de nuestro ordenamiento (a un nivel más elevado, el TC garantiza la constitucionalidad de las normas, pero de eso mejor hablamos otro día). Lo que significa que, en las condiciones en que está el Poder Judicial hoy en día, quien llegue a controlarlo no tiene que preocuparse de que sus decisiones estén o no ajustadas a Derecho. No soportará control de ningún tipo, porque cualquier recurso que se presente contra una ley injusta se verá abocado al fracaso. La consecuencia más inmediata de la situación es que nos encontraremos ante un gobierno formalmente democrático y sustancialmente autoritario o dictatorial (peligrosamente parecido a la «democracia orgánica» franquista).

¿Sorprende ahora o no sorprende que el PSOE se haya dedicado con ahínco a manosear las decisiones judiciales que le afectan? ¿Sorprende ahora o no sorprende que en Cataluña pretendan que el recorrido judicial de un asunto termine en el TSJ de la Comunidad? De ahí que el control de la judicatura haya sido y es el «obscuro objeto del deseo» de los gobernantes con pulsiones autoritarias o que, simplemente, se pretenden soberbiamente más allá del control de sus conciudadanos (léase Felipe, léase Pujol, léase Zapo…). Quien controle la judicatura y la convierta en su perro fiel es un gobernante virtualmente impune.

Habida cuenta, pues, de cómo están las cosas, sólo resta hacernos una pregunta. Tuvo que ser un poeta satírico quien se la hiciera, cómo no (para enfrentar ciertos temas hace falta una dosis de humor negro). Lanzamos ya esa no menos lapidaria pregunta de Juvenal: Quis custodiet ipsos custodes? O dicho de otra forma: ¿al servicio de quién ponen los jueces hoy en día su ciencia y su saber cuando la justicia llama a la puerta de los políticos?