SITEL

Era de esperar. Hay un Gran Hermano y nos vigila, aunque por ahora no nos obliga a ver su jeta como ocurría en «1984» (imagínense ustedes que nada más levantarse por la mañana lo primero que ven sus ojos son las zejas de ZP: qué deprimente). Pero lo cierto es que estamos vigilados. Probablemente no lo bastante como para «inquietar al Estado», pero sí lo justo para que cuando dejemos de ser «buenos ciudadanos» (o sea, de los que pagan y, sobre todo, callan), el «Estado» nos considerará «elementos antisociales» o «elementos políticamente irrecuperables» y nos someterá a vigilancia.

La nueva tecnología nos ha abierto puertas y la tentación es muy fuerte en algunos Estados presuntamente democráticos, como el nuestro. Cuando la información circula demasiado, el «Estado» (organización visible de las fuerzas dominantes en un país) siente que está perdiendo el control. Los ciudadanos empiezan a debatir, a comentar y a no creerse las patrañas oficiales. Eso es extremadamente peligroso para el «Estado»; pero ocurre cuando quienes deberían realizar esa función se dedican a lamer el trasero al poder por miedo. Alguien que no depende del Estado para poder vivir puede hacerlo.

Es significativo que el último Gobierno Aznar se gastara 6.000 millones de pesetas (una fruslería en los tiempos que corren) en adquirir dicho sistema y que después lo guardara en el trastero porque daba demasiada información y no había cobertura legal con qué sostener la obtención de ese torrente de datos. Eso, al parecer, no amilanó al PSOE, que lo viene usando prácticamente desde que llegó a Moncloa. Así que ahora mismo si usted, señor, comunicó por teléfono a alguien algo que después no repetiría en público, el Gran Hermano lo sabe. Las palabras que escribió contra el Gobierno en su propio blog o en los de otros serán cuidadosamente registradas por el sistema.

¿Y qué ocurre después? Bien, ya no se usan –avisan demasiado– expresiones como «enemigo del pueblo»; pero usted, señor, si no deja de hablar contra el Gobierno, amén de ser tratado cual «antipatriota», pasará usted a engrosar una lista negra. No le matarán, ni le deportarán (eso se hacía en el bárbaro siglo pasado); pero es probable que sea usted declarado muerto civil (también en función de su peso y contactos dentro del poder): si es usted asalariado, no le contratará nadie (menos aún podrá trabajar para el Estado); si es autónomo, nadie querrá hacer negocios con usted. Quizá lo que ocurra es que tenga que marcharse a buscar un lugar donde se respire mayor libertad.

¿Extraña que haya sido un partido de izquierdas el que haya hecho uso de ese sistema? No debería. Puede que cambien los tiempos y avancen las ciencias; pero hay cosas que no cambian en absoluto. Y si no, vean, vean…