El balance 2009 (II)

Seguimos con el balance del llamado annus horribilis para la mayoría de los españoles (y sobre todo para ese mogollón de parados reales, que no son los de la Casa Real, por supuesto).

La Justicia española ha visto ZP ha cambiado en un pispás al titular ministerial (dábamos cuenta aquí de ello). El camarada Bermejinsky, el que soltó la estupidez ésa de «luchamos contra los padres y ahora tenemos que luchar contra los hijos», estaba preso de un profundo complejo freudiano (el ansia de «matar al padre», ya saben, en sentido figurado). El mismo que dijo que moverían ficha contra ETA «cuando la jugada lo aconseje» y otras lindezas. El caso es que se lo llevó por delante una fotografía, de la cual su padre, jefe local del Movimiento (Nacional, claro) de su pueblo, hubiese estado plenamente orgulloso. «Mi hijo, cazando como Franco. ¡Presente!», hubiese dicho el prócer, poniéndose firmes y levantando el brazo derecho. Diríase que el subconsciente fue el que le jugó una mala pasada, porque además, alguien tuvo la genial idea de acordarse de La escopeta nacional, genial película de Berlanga, de ésas que ya no se harán porque nuestra casta política no tiene sentido del humor. Todo junto mandó al carajo al camarada.

Y cambió el titular ministerial, pero el ramo no cambió en absoluto. Desde el punto de vista del usuario, la justicia que llega tarde no es justicia y sólo puede esperar quien tiene dinero. Todavía algunos jueces valerosos denuncian la clamorosa falta de medios personales y materiales en la que tratan de desempeñar con alguna dignidad la función que pomposamente les encomienda el artículo 117.3 de la Constitución: «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». Recordemos que el instructor del caso Filesa, D. Marino Barbero Santos, tuvo que hacerlo con una maquinilla de escribir de mala muerte. Pero el ¿Gobierno?, más atento a sus prioridades que a las de los jueces y aún de los usuarios, pasa olímpicamente. Diríase que le conviene más una justicia lenta, aleatoria y cara que no una rápida, económica y ajustada a la ley bien hecha. Por eso hay personajes como Garzón que, por desgracia para la Justicia, siguen viendo amanecer.

Y cuando el juez despertó, Caamaño ya estaba allí. Ya en su momento dijimos que nos parecía sospechoso su entusiasta apoyo al Estatut (los hermanos deben ayudarse y tal y tal… ¿pero por encima de la ley y de la justicia? Parece que sí). Aparte de eso, no le hemos oído mucho de «planes de modernización de la justicia», por lo dicho en el párrafo anterior: bien les va a ellos que a la criminalidad del siglo XXI se enfrente un aparato judicial del siglo XIX. Tomen nota de este detalle: la Ley de Enjuiciamiento Civil era de 1881 (la vieja) y, como muchas otras leyes venerables de nuestro ordenamiento, sobrevivió con innumerables parches y contrahechuras hasta el 2000, año en que el PP se las compuso para aprobar la vigente. A ésa ley tendrán que sujetarse ustedes, por ejemplo, si quieren recabar indemnizaciones de daños y perjuicios privados o reclamar cantidad cierta a otra persona privada. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (la que se ocupa de enjuiciar delitos y faltas) es de… 1882. Han pasado 128 años. Es también una viejecita venerable y sobrevive desde luego con diversos parches y contrahechuras… ¡pero ni siquiera el PP quiso meterle mano! ¿No les parece sospechoso el detalle a ustedes?

La cascada es sumamente predecible. Las Asambleas legislativas aprueban leyes técnicamente deficientes (por error o a sabiendas). La Administración las aplica en unos casos como puede y en otros aprovechando el margen para favorecer al amigo, al conocido o al conseguidor. De eso se siguen problemas porque hay damnificados que no se resignan a estar callados y a aguantar la injusticia. El juez, dado el esqueleto de la ley, se ve atado de pies y manos las más de las veces si quiere hacer las cosas bien. Para hacerlas mal, por desgracia, siempre hay mucho más margen. Si a ello agregamos el proverbial atasco judicial que las leyes y las tácticas dilatorias de los abogados experimentados crean (entre otros), comprenderemos que es imposible que exista una Justicia rápida funcionando dentro de unos carriles normales. De esa imposibilidad nacieron las astillas y otras corruptelas que gozan de buena salud en los juzgados. Son las rémoras que impiden que la Justicia vaya como debe. Y dudamos mucho de que Caamaño pueda o quiera arreglar el panorama.