Vean ustedes cómo este Gobierno en funcionísimas sigue tratando de diluir el cabreo por la situación económica que ellos mismos van a legar a Rajoy: primero, los indignaos de Sol, niños mimados de Rubalcaba y su arma secreta para hacer la vida a cuadritos a Rajoy. Seguramente, más allá del 20-N tendremos ocasión de hablar de ellos si el gobierno que salga de las elecciones es llamado «fascista» por reprimir las manifestaciones de vandalismo, marca de la casa entre los indignaos.

Luego fue la visita del Papa, sazonada con mentiras mil (nunca desmentidas por los mentirosos, por cierto, sino diluidas en un puerco y vergonzante silencio). Menos mal que el Papa sabe latín (y unos cuantos idiomas además del suyo) y no entró al trapo (lo siento por los antitaurinos, que habrán respingado al leer este modismo tan nuestro) ni quiso hacerse la foto con nuestro Mr. Bean (lo único que le importa a ZP, como ya ustedes saben). Claro que él se vengó: mandó a Bono, ese católico de conveniencias, a despedirle, aprovechando el protocolo o pasándoselo por el arco de triunfo, vayan ustedes a saber.

Y ahora estamos en lo que estamos. Que parece ser que en Bruselas (en rigor, Berlín y algo menos París), están hasta las narices de que aquí se siga tirando el dinero y han mandado una carta a ZP exigiéndole que «limite constitucionalmente el gasto». ¿Qué ha hecho ZP? De entrada, negar la mayor: él no ha recibido ninguna carta de Bruselas, eso son «mentiras de la derecha». No obstante, en el PP estarán informados y se la habrán restregado, así que ahora no tiene más narices que «reformar la Constitución». Y hacerlo con el jefe de la oposición (¡horror!), que es el único que le garantiza por sí solo los 3/5 necesarios en el Congreso.

Hay varias cuestiones que se suscitan al socaire de esta exigencia bruselense:

a) ¿Dónde hay que incluir esta cláusula de límite o techo constitucional de gasto?

b) ¿Hay que reformar algo para que quepa esa cláusula en nuestro texto constitucional?

c) ¿Sería necesario reformar algo más en nuestra llamada Carta Magna?

La respuesta a la primera pregunta parece clara: en el Título VII de la Constitución («Economía y Hacienda»). Aunque en realidad no importa dónde la pongan, si van a hacer como con el resto de la Constitución, a saber: pasársela por el forro del arco de triunfo cuando les convenga. De hecho, lo que ofende a la inteligencia es la necesidad de establecer un límite al gasto por Constitución. Eso significa que hasta ese momento, no se ha exigido a los gestores de nuestra economía la diligencia de un bonus pater familias, expresión que traduzco: que no hayan cuidado de los dineros de todos como si fueran los propios. Claro que con los precedentes de Carmencita Calvo («Er dinero público no é de nadien») no se podía esperar otra cosa.

La respuesta a la segunda pregunta es más difícil y comprenderán ustedes que se la deje a los expertos hacendistas. No obstante, déjenme que les diga que si nuestra casta política se hubiera conducido con la prudencia de un ama de casa promedio, que sabe que sus recursos son escasos y que, como decimos en Cataluña, no es pot estirar el braç més que la mànega, tal vez otro gallo nos cantara hoy en día.

Y la respuesta a la tercera pregunta es un clamoroso ¡sí! De hecho, de existir una reforma constitucional digna de tal nombre, habría que reformar el Título VIII de arriba abajo. Hay quienes piden incluso una nueva Constitución, o sea, la apertura de un proceso constituyente como el que se abrió en 1977. No sé si llega a tal punto nuestra coyuntura, pero sí estarán de acuerdo conmigo en que al menos una cosa sí que debe de ser reformada: el funcionamiento interno de los partidos. Ya que son los únicos que de verdad parecen tener «derechos políticos» (como dicen pomposamente las leyes), sería conveniente una higiene profunda, para evitar que entraran en ellos la cantidad de trepas, mediocres y lameculos que han entrado en estos últimos años. Y sería bueno para la nación que:

a) Los dirigentes de los partidos recordaran que esto todavía es España y que existe un interés general español, por más que haya quienes se sientan moralmente excluidos; y

b) que los políticos electos recordaran que no se deben a quienes les han puesto en los «puestos de salir», sino a aquellos a quienes por ley representan, a saber, los ciudadanos residentes en su circunscripción electoral.

No sé si un sistema de listas abiertas sería la panacea para la crisis política e institucional (y no sólo eso) que padece la nación. En los despachos de los jefes de los partidos a todos los niveles debería existir un cartel que dijese algo como esto: «Prohibidas las recomendaciones. Sólo perjudican al recomendado». Quizá sería un principio para evitar que determinados sujetos, individuos, especímenes, entren en política para enriquecerse a costa del eurario público.

Sin embargo, yo sólo soy un servidor de ustedes. Y aunque no son pocos los que piensan como un servidor, no nos van a hacer ni caso. La «tiranía del consenso» exige que éste ignore cualquier otra propuesta que no provenga de la endogamia política. Pero también les digo algo: la tensión crecerá en los aledaños de la burbuja política, y sería mejor que se desinflara en vez de explotar. Y vamos camino de esto último.

PD.- En este vídeo podrán encontrar a ZP… Les dejo que adivinen.