Reforma consumada (y III)

Termino esta serie de entradas con la traca final, que es, valga la redundancia, de traca:

Disposición adicional única.

1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.

2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.

3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Ésta sí que es buena. Como decía el otro, «a largo plazo, todos muertos». En 2020 no sabemos si se habrán cumplido las profecías majas sobre 2012 y nos habremos ido a tomar viento. En caso de que no haya sido así, no sabemos si todavía existirá España. De existir, no sabemos si existirá tal como la conocemos o la habrán convertido en un Estado islámico. Si no es así, no sabemos si estará al frente el PP o el PSOE. Caso de ser el PP, lo más probable es que Rajoy acabe hasta las narices y se vea desplazado por la ambiciosa baronesa (De) Cospedal. Del PSOE posiblemente haya que olvidarse durante 4 años por lo menos, metidos como estarán en navajazos y travesías del desierto. Con suerte, puede que C’s haya crecido lo bastante como para ser interlocutor a nivel nacional.

Quiero decir con todo esto que fiar el cumplimiento de estas previsiones normativas al plazo de 8 años (dos legislaturas, plazo habitual para el PP y más que lo que tuvo el pobre Gil-Robles) es, como poco, aleatorio. Lo mismo daría escudriñar las estrellas a ver qué nos depara el futuro. Puede que algún día les hable de eso.

Reforma consumada (II)

Siguiendo la exposición anterior, tomemos el apartado 3 de la nueva redacción del art. 135 CE:

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La redacción es profusa e intenta no dejar cabos sueltos al albur de políticos manirrotos. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. En un sistema político como el nuestro, en que no hay verdadera separación de poderes (el Gobierno puede llegar a imponer a las Cortes sus proyectos de ley y decretos leyes con una mayoría suficiente, no necesariamente absoluta, y mete las narices en el Poder Judicial todo lo que quiere), la autorización por Ley no es problema.

Es de imaginar que algunas instancias intentarán retorcer esta redacción para que diga lo que éstas quieran en vez de lo que dice. Pero lo tienen muy crudo, a no ser que tiren por la calle de en medio e incumplan directamente el precepto. Nuevamente, la referencia son los valores establecidos por la UE vía Tratado. Y el precepto insiste machaconamente en el conjunto de todas las Administraciones. Es decir, que se aplica un criterio que apareció con el SEC-95: los Estados, cualquiera que sea su forma política, se tratan como unidades, de forma que las Administraciones regionales o locales quedan automáticamente incluidas en el conjunto.

En cuanto a la prioridad en el pago… bueno. Bien está que recordemos el número de proveedores de la Administración que se han quedado con un palmo de narices porque la Administración no ha pagado, ya sea porque no tenía, o porque no tenía ganas de pagar. Quizá con la Administración haya que usar el método Adela, dado que no es buena pagadora (el retraso en los pagos no ayuda al buen funcionamiento de las empresas).

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Nada que objetar a ello, si es aplicado con sentido común. Claro que dejar al albur del político o de la casta en este caso, determinar qué sea una «situación de emergencia extraordinaria que escape al control del Estado» es complicado. En sus términos, debería ser algo así como el hundimiento de la Atlántida; porque si lo referimos, un suponer, a los casos de la colza o de la rotura de la presa de Tous, va a ser que no será necesario poner en marcha este mecanismo. Bastará con ir dando largas a los damnificados y que vayan falleciendo (solución equivalente al problema de la Sanidad catalana), de forma que la cantidad a pagar vaya reduciéndose con los años. La coletilla se corresponde con el espíritu de la Ley Orgánica 4/1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Huy, huy… por aquí no vamos bien. De entrada, nueva remisión a la Ley Orgánica, que además regulará la participación de las CC.AA. en la organización de la reparación del desastre. Cabe imaginar que los representantes catalán y vasco, a quienes se les habrá acabado el chollo de la amenaza y el chantaje, practicarán la política de silla vacía. O forzarán las cosas para seguir llevándose la parte del león en lo poquito. Sabiendo como sabemos que han sido «leales a España» en función de su propio interés, esto es lo que cabe temer de ellos.

El punto importante es, con todo, el c): la regulación de la responsabilidad de la Administración incumplidora. Sea cual sea el contenido de esa «regulación», en nuestra modesta opinión no debería decir algo distinto de lo que dice el art. 155 de la CE, máxime en estos tiempos en que el horno no está para bollos. Habida cuenta de la historia de este precepto constitucional, se corre el riesgo de que tal responsabilidad sea exigida «tarde, mal y nunca». Pero sería un punto importante su aplicación cuando jurídicamente sea exigible. Ayudaría a que algunas CC.AA., que hasta ahora han tomado al Estado por el pito del sereno, aprendiesen un poco de respeto y modales.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Es decir, se obligará a Comunidades como Cataluña o País Vasco (particularmente a Cataluña, que tiene un Estatuto nacional) a modificar sus disposiciones presupuestarias para adecuarlas a ese principio. No sé ustedes, pero yo veo al President Mas conspirando para volver a meter en el ghetto a Sánchez-Camacho. El rei Artur le diría : «¡Con lo bien que estábamos, y lo mucho que nos queríamos, Alicia, y tu jefe va y me hace esto!». De nada le valdrían a Sánchez-Camacho sus protestas de «oye, que no es culpa mía… que esto viene de Madrit». De hecho, ya estamos viendo a CiU volver a las andadas. Y lo que te rondaré, morena.

Reforma consumada (I)

Acabo de leer el texto que finalmente reforma el art. 135 de la Constitución, ubicado sistemáticamente en el Título VII ( «Economía y Hacienda»), que establece fundamentalmente los principios básicos en materia presupuestaria y tributaria. Comparada con la redacción anterior, la actual es una especie de Biblia en verso: nada menos que seis párrafos donde muy historiadamente se explica que ninguna Administración podrá gastar más que lo que ingrese (que es, con perdón de los keynesianos de saldo, lo que hacen las sufridas amas de casa en estos tiempos interesantes en que nos toca vivir). Vean, si no, el comienzo:

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

Conviene recordar que durante la segunda legislatura aznarista se aprobó una Ley de Estabilidad Presupuestaria (2001) que ya especificaba esto mismo. Esa ley, no obstante, tenía un defecto: obligaba a todos a apretarse el cinturón y a mantener en el tiempo una «austeridad castellana» que desde luego muchos no estaban dispuestos a mantener. Unos, por el mastodóntico tamaño de la galaxia (paniaguados a sueldo y clientes diversos) que tenían (tienen) que mantener; otros, porque su proyecto nacional demandaba (demanda) constantes sangrías presupuestarias a las que nunca quisieron renunciar. Y unos terceros, por ambos motivos. Por eso, una de las primeras medidas que tomó ZP fue derogar esa ley molesta que obligaba prácticamente al déficit cero.

El párrafo segundo incide en la misma idea, pero añade un componente perturbador:

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

El texto establece algo que ya sabíamos y que el Gobierno ha ocultado todo el tiempo que ha podido: que ya no tenemos autonomía presupuestaria. Es difícil de saber desde cuándo esto es así de hecho; pero el texto sólo pone negro sobre blanco algo que ocurría ya desde (pongamos) por lo menos febrero del 2010, a partir de la visita de Frau Merkel, que convirtió a nuestro Mr. Bean nacional en Herr Schlemmer. Desde entonces ZP lleva dando más taconazos que un Gefreiter en la Bundeswehr. Tampoco importa ya si ZP nos lo iba a contar alguna vez, porque para dos meses escasos que le quedan en el convento… pues eso, para qué nos lo iba a contar.

El segundo párrafo casi tiene más miga que el primero. Lo primero es que los redactores del texto (o negociadores, que no siempre coinciden) no se atrevieron a poner una cifra concreta de déficit y remitieron a la posterior fijación por Ley de dicho porcentaje, para poderla modificar en caso necesario. Convinieron en que esa Ley, dada la materia que tenía que regular, no podía ser ordinaria y que necesitaría de un consenso mayor. Tal vez hubiera sido más sencillo volver a los famosos criterios de convergencia del euro y establecer esa cifra en un 60%, que es lo máximo que aquellos benditos criterios permitían. Todo lo cual denota esa reforma a regañadientes y con líneas de fuga en caso necesario.

El componente perturbador es que las medidas de estabilidad presupuestaria se aplican no sólo al Estado, sino también (y muy especialmente) a las CC.AA. Por eso Durán i Lleida se ha quitado la máscara del home d’Estat y se ha calado la del català emprenyat. Ya no es solamente que no contaran con él (pecado de leso consexo); ahora, además, le están diciendo al President Mas que recibirá menos y que de lo que reciba no puede gastar lo que quiera en lo que quiera. La reacción no se ha hecho esperar: la vicepresidenta Ortega ha dicho que se mantendrán los gastos en ambaixadetes y promoció del català. Tal vez piense que el tema de la Sanitat se arreglará con el tiempo: según vayan faltando catalanes enfermos, dejarán de ser necesarias tantas plazas hospitalarias.