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(Original aquí).

El sistema de organización social en el que vivimos es la socialdemocracia.

Ésta se diferencia del socialismo real en dos cosas fundamentales: en primer lugar, la socialdemocracia es socialismo sin crímenes “violentos”. Los dirigentes socialistas de Europa occidental, y tras la experiencia traumática del expansionismo soviético en Europa oriental y central, cayeron en la cuenta que implantar el socialismo mediante la fuerza, el asesinato, el encarcelamiento y la deportación, no aseguraba su permanencia, puesto que los ciudadanos tarde o temprano se rebelarían. Y de esta manera, aceptaron el juego democrático y la vía electoral para llegar al poder.

En segundo lugar, la socialdemocracia se diferencia del socialismo en que éste último se derrumbó porque no era económicamente viable que toda la población trabajara para el Estado, es decir, que todos los ciudadanos fueran empleados de empresas públicas o funcionarios. Su sistema productivo penalizaba el beneficio y la competitividad, y por tanto, exigía inyección constante de dinero freso para compensar las continuas pérdidas. Por ello las economías de las naciones socialistas de Europa oriental y central vivían en un déficit permanente y dependían de la emisión continua de deuda pública y nueva moneda. Así, en Europa, el bloque socialista se vino abajo cuando se acabó el dinero.

Ante esta evidencia, los líderes socialistas de Europa occidental aceptaron la democracia liberal, en la confianza que podrían transformarla en democracia social, o socialdemocracia. La socialdemocracia en un sistema de organización social cuyo objetivo es el control de la sociedad civil mediante dos estructuras claras: una vertical, el Estado del bienestar, y otra horizontal, el sistema de subvenciones como instrumento director de la planificación económica, algo consustancial al socialismo.

Y todo ello está fundamentado en una idea simple pero muy pragmática: una parte de la población está obligada a trabajar en la economía privada para mantener mediante sus impuestos a la otra parte que vive directamente del Estado.  El socialismo resolvió así el problema de la inviabilidad económica que le es inherente y que en el pasado lo llevó a su fracaso.

Este proyecto político además tomó alas y velocidad de vértigo con la creación de la Unión Europea. No porque ésta en sí misma fuera mala, sino porque la UE constituyó el patio ideal para el logro del otro gran objetivo del socialismo: la añorada internacionalización.

Pero el mayor éxito del socialismo en Europa ha sido la conversión de los partidos conservadores de toda Europa a su sistema de organización social.  ¿Y cómo ha sido ello posible? Sencillamente porque los conservadores, que no son tontos, rápidamente visualizaron que todo este sistema quedaba bajo su control y a su servicio si eran ellos los que gobernaban.

En España el PP y el PSOE, ejerciendo el duopolio del voto, se han alternado en el gobierno durante los últimos 25 años, y se han servido de este sistema para ejercer poder político real y coercitivo en la sociedad civil. Esto es, se han valido de ello para observar, controlar y decidir acerca de la vida de las personas y en los aspectos más pequeños y personales, y sobre todo, en lo relativo a su dinero y autonomía económica. Y lo que es más evidente a los ojos de todos nosotros, este sistema constituye el modo de vida y el sustento de la casta política, burocrática y sindical, que son quienes al final, reparten cargos, puestos de trabajo y subvenciones por criterios de afinidad política. Tal y como sucede en los sistemas socialistas.

Lo que la actual crisis financiera ha puesto de manifiesto es que el dinero, aunque no se acaba porque el Banco Central Europeo siempre puede imprimir más billetes, deja de circular, es decir, tiende a ser ahorrado antes que consumido, invertido o prestado. Y ello provoca recesión económica, y por tanto acarrea un formidable desplome de ingresos fiscales necesarios para mantener la costosa socialdemocracia en la que vivimos.

Si el socialismo real se acabó cuando se acabó el dinero, la socialdemocracia en la que vivimos se acaba si se acaban los ingresos fiscales. Y eso es lo que quiere evitar Rajoy.

La primera prioridad de Rajoy, antes incluso que la recuperación económica, es salvar la socialdemocracia, es decir,  salvar el actual sistema de organización social. Y para ello, está decidido a estrujar y coaccionar a los ciudadanos, haciéndoles caer todo el peso de un Estado hipertrofiado y que es un sumidero de gasto improductivo.

En sólo 10 días, el PP ha subido los impuestos aún más de que lo que proponía Izquierda Unida en su programa electoral,  ha recortado la libertad económica, ha implantado un “minicorralito” limitando el uso del dinero en efectivo, y ha decretado la persecución de emprendedores y autónomos, principales creadores de empleo. Y para conseguirlo, Rajoy va a convertir la Agencia Tributaria en la Gestapo de la actividad económica. De la “base imponible” a la “base punible”.

Por todo esto, lo que está detrás de estas medidas, es su firme intención y compromiso de proteger y prolongar el sistema socialista de organización de la sociedad, porque éste en realidad es sólo una herramienta para ejercer el poder sobre los ciudadanos. Porque todos los servicios que provee el estado del bienestar podrían ser desarrollados por la sociedad civil, por los particulares y las empresas, a menor coste y con mayor calidad y efectividad. Y porque las subvenciones son un instrumento para el clientelismo político y el reparto de prebendas, son ineficaces en el estímulo de la actividad económica, y atropellan la igualdad de oportunidades y la libre competencia.

Rajoy, Montoro y De Guindos ignoran intencionadamente que hay otro sistema de organización social que no incurre en una tributación elevada para los ciudadanos. Y lo ignoran porque, si se implantase, el PP y PSOE inevitablemente perderían su poder político y coercitivo sobre la sociedad civil, a pesar de que ello nos permitiría a los españoles acceder a cotas de libertad personal y económica desconocidas para nosotros.

Si se desmontara el estado del bienestar y el sistema de subvenciones, ¿cómo podrían ejercer el mismo poder que tienen actualmente? ¿Cómo podrían acostumbrarse a vivir sin ejercerlo? ¿Cómo podrían subsistir como partidos, y por tanto, como organizaciones de poder? ¿Y qué sería de todas las personas que han parasitado de ello?

Rajoy ha desvelado estos días en qué va a consistir su manera de gobernar durante los próximos cuatro años, y lo tiene bien claro: sacrificar nuestra libertad y nuestro dinero para mantener el sistema de organización social que les asegura el control de la sociedad civil. Lo mismito que hizo Zapatero. Y Aznar. Y González.

Comentario nuestro. Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate

Errores preliminares

Como les decía en una entrada anterior, el nuevo PP (que no «el PP de Aznar», como Rajoy y sus mariachis han vendido en campaña) no ha entrado con buen pie en el Gobierno de la nación. Naturalmente, los tamagotchis del PP dicen que son «cuestiones menores» (o «de protocolo», que manda huevos) y que lo importante es «ponerse a trabajar para sacar adelante el país».

Más allá de lo que se machaque en las redes sociales, es cierto que no hemos dado a Rajoy los 100 días, queja común entre los adoradores marianistas. Claro que no se los hemos dado: nemo dat quod non habet. No tenemos tiempo. Y aunque es cierto que la corrupción de 7 años no se puede borrar de un plumazo o en dos semanas, ya que no disponemos de esos 100 días, podrían haber tomado algunas decisiones con más tino, porque algunas de ellas chirrían en los oídos de algunos que finalmente nos dejamos llevar por el sonsonete hay que desalojar a ZP.

Según el Gobierno, parece que todos los países de nuestro entorno nos meten prisa: Francia, para que nuestro déficit no lo tengan que pagar ellos (a escote, pero pagarlo, según Sarko). De ahí que Montoro se haya dado prisa en arrearnos un impuestazo (Los Clones ya han rebautizado el IRPF como «Impuesto de Rajoy Para Fastidiarnos»). Impuestazo que, naturalmente, recae sobre las castigadas espaldas de los mileuristas (a los ricos es mejor no espantarlos, que se van), anteriormente conocidos como «clase media»; sí, ésa en la que nuestros políticos no creen a pesar de ser su mayor granero de votos.

Parece ser que nadie le ha dicho a Montoro y a su equipo que en una nave que hace aguas, lo primero es achicar y tapar las vías de agua. Traducido a román paladino: cortar los gastos superfluos, poner firmes a las CC.AA. (a todas) y racionalizar el gasto en todo el espectro administrativo. Que no falte de lo necesario (Sanidad, Justicia, Educación) y que se corte lo absolutamente extravagante (embajadas). A las CC.AA. habrá que recordarlas que no son mini-Estados, sino partes integrantes de la Nación española, que conforme al art. 2 de la Constitución se rige por los principios de autonomía y sobre todo, de solidaridad entre sus territorios (más apremiante en los tiempos que corren). A no pocos municipios (de todos los colores) que ahora están tiesos pero que hace 5 años gastaban lo que no está en los escritos, lo mismo. Sin embargo, Montoro ha preferido empezar por los contribuyentes y sus familias. Claro: «bien me meto con quien puedo». Se le entiende todo, D. Cristóbal.

Por su parte, los USA al parecer también han tenido mucha prisa en decirle a Mariano lo que tenía que hacer. «O te pones las pilas con el tema de la piratería informática y cultural, o te ponemos en la lista negra (de países con los que no se hacen negocios)». Dicho y hecho. En campaña hablaban de «suprimir el canon». Bien: lo han «suprimido». Ahora hablan de «compensación por copia privada»… que en el fondo es lo mismo, pero más explicado.

De las medallitas mejor ni les hablo, porque ustedes y yo nos empezaríamos a cabrear y, como decía el gran Pazos, «vamos a llevarnos bien…». Que también tiene mucha guasa que los tamagotchis del PP intenten justificar la concesión de las famosas medallitas (a Dios gracias no pensionadas) como una «cuestión de protocolo». Produce irrisión (cuando no irritación) leer el art. 1 del RD 2395/1998, que contiene el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica, concedida a ZP:

La Orden de Isabel la Católica tiene por objeto premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación española con el resto de la comunidad internacional.

En estos casos, como se suele decir, «sin comentarios». Hay una afrenta añadida, que es la de que a un masón (que además se ha distinguido por estorbar a la Iglesia tanto como ha podido) se le conceda una condecoración advocada por la más católica de nuestras reinas. Pero en fin, supongo que eso Mariano no lo tuvo en cuenta. Como tampoco debió de tener en cuenta que la política de ZP se orientaba en todo a echar de la vida pública al PP (antes de cambiar, claro) y también a toda la disidencia enfrentada a su proyecto totalitario, ya fuera mediante cordones sanitarios (Luppi dixit), pactos tinellescos y leyes de desmemoria histérica. Por tanto, no se entienden ni la «cortesía» ni el «protocolo» con los miembros y miembras del Gobierno más nefasto de la democracia.

Finalmente, el affaire
Vela. La señora Carmen Vela, científica pero sobre todo zejatera de pro, ha sido promovida a sucesora de Cristina Garmendia, que ya podrá dejar de aburrirse en los Consejos de Ministros y volverá su Donosti del alma. Dos cuestiones se plantean ante semejante nombramiento:

  1. De lo que va trascendiendo sobre esta señora (envidias profesionales excluidas), parece que lo que más ha pesado en la decisión de Guindos ha sido la intima amistad de la susodicha con la esposa del ministro, dado que sus capacidades científicas no bastan por sí solas, al parecer, para garantizarle semejante promoción.
  2. Segundo y más sangrante. El PP da la matraca constantemente con los 700.000 afiliados que forman sus huestes. La pregunta es: ¿no había, entre esos miles de afiliados, algún científico que pudiera suplir o incluso superar las capacidades políticas (pues político es el cargo para el que se la ha designado) de la señora Vela? Vaya por delante que lo que nos preocupa no es tanto que esta señora no sea militante del PP, sino que lo sea de la pesoe. Un topo más a la vista.

Repito: no podemos dar a este Gobierno los famosos 100 días. Y han empezado con mal pie y tropezando. Deberían hacerse a la idea de que son pilotos de aviación: a 10.000 metros de altura el piloto no tiene derecho a equivocarse, pues cualquier equivocación puede ser mortal. Porque para actuar como los socialistas, que van por la vida con venia errandi, era mejor que siguiesen ellos. Siempre es mejor el original que una mala copia.