Caciquismo 2.0 (II)

Responsabilidades

Sentado todo lo anterior y dejando aparte las correspondientes responsabilidades penales, que corresponde a los Tribunales determinar, está clarísimo que existe una culpa in vigilando. Culpa que deriva de un axioma no escrito pero muy vigente en el PP: «Puedes hacer lo que te dé la gana; pero si te pillan, nadie te va a conocer». Claro que hay «Comisiones de Derechos y Garantías» en todos los partidos, y en el PP también. Pero el axioma citado es el que determina que esos organismos no hagan su aparición hasta que lo hace la Justicia. Es la Justicia la que hace el trabajo de esos organismos, cuyos miembros cobrarán mucho pero se rascan lo que ustedes se imaginan hasta que un Juez no pilla a alguien del Partido cometiendo una pifia.

El proceso debería ser justamente el contrario. Una Comisión de Derechos y Garantías que se respete debería actuar antes de que lo hiciera la Justicia y no después. Da la impresión de que un mindundi militante de base del partido X ya no tiene confianza en que su propio partido actúe frente a un cacique de éstos. Cabría esperar que el Partido suspendiese cautelarmente al cacique, aun a costa de perder influencia en la zona; y cabría esperar que, tras una investigación interna, el propio Partido se personara como acusación particular en el proceso que se incoe. Pero justamente eso es lo que no espera ese militante de base y por ello acude directamente a los Tribunales. Sin mencionar que es mejor así por el miedo a las represalias (¿«estructura y funcionamiento democráticos»? Venga, que nos da la risa a ustedes y a mí).

En el caso particular del PP valenciano, la pregunta es: ¿cuándo se jodió el PP valenciano? mi impresión es la siguiente: que todo iba «bien» con Zaplana y que el PP de Valencia empezó a joderse con Camps. A éste le apartaron tras un proceso-farsa (creo que no hace mucho ha defendido una tesis doctoral) y colocaron a Alberto Fabra, que no supuso modificación en el estado de las cosas por mucho que tuviera valor para cerrar la ruinosa televisión autonómica. Con él, los negocios municipales continuaron. Han tenido que caer los tres presidentes de las Diputaciones Provinciales (Carlos Fabra hoy en la cárcel) para que se abriera el melón. Y luego un señor, hoy en paradero desconocido (represalias, ya saben), que se dedicó a grabar al presidente de la Diputación de Valencia contando billetes.

Conclusión y pregunta: ¿En el PP valenciano ha habido tres presidentes: uno pringado, otro que no se enteraba o no tuvo valor para hacer más de lo que hizo y otra que, ante la enormidad del escándalo, ha tenido que hacer lo que no hicieron los dos anteriores? Y aún más. ¿Desde cuándo conocía Génova, 13 el desaguisado? Porque da la impresión de que creyeron que descabezando a Camps y a alguno más (Ric Costa, por ejemplo), bastaría y se iban a calmar los ánimos. Han pasado cinco años desde entonces. Si ahora se ha producido una mascletà y, como diríamos en Cataluña, el PP valenciano ha fotut un pet com una gla, o no sabían hasta dónde llegaba el olor de la mierda o es que lo sabían y consintieron. Ha tenido que ser Isabel Bonig (acento prosódico en la segunda sílaba, señores periodistas) quien diera un puñetazo en la mesa y dijera «Ché, s’ha acabat la broma!», para que nadie creyese que también estaba en el ajo.

Caciquismo 2.0 (I)

Saltaba hace tres días la noticia de la disolución del PP valenciano. Es algo terrible y sin precedentes: así como el PSOE ostenta el dudoso honor de haber sido el primer partido condenado por corrupción, el PP ostenta ahora el honor de haber sido el primer partido que tiene que disolver una sucursal autonómica por la misma razón. En el PSOE tenemos el precedente de Estepona, provincia de Málaga, entre otros. Se tuvo que cerrar la Agrupación porque el miembro de la ejecutiva local que no estaba pringado por una cosa, lo estaba por otra. Pero lo de Valencia es algo de mayor fuste y hemos de detenernos un poco más en ello.

A estas alturas de la película, a muchos ya no nos vale el “y tú más/y tú también”. Todos los que han tenido mando en plaza están manchados, con manchas de diverso calibre. Y, como tal fenómeno general, es menester echar una mirada más detenida, como les decía.

Lo primero y principal empieza con la estructura y organización de los partidos implantados a nivel nacional. Léanse el artículo 6 de la muerta y les entrará la risa, si conocen algo el paño de la política municipal. Su base, tal y como está ahora, es el cacique, que suele ser el Alcalde de un municipio. Suelen ser líderes naturales, sí; y por eso también se les escoge: porque son capaces de llevar tras de sí a mucha gente («Hay que conquistar las locomotoras, que son las que tiran de los vagones», principio opusiano pero aplicado largamente en política).

El problema: que el servicio público es muy sacrificado y mal remunerado en relación a ese sacrificio. ¿Qué hace el político? Para no caer en la aplicación de la ley de hierro de los salarios (“El trabajador ajusta su rendimiento al salario que recibe en relación al que debería recibir”), el político local se busca compensaciones. Para evitar que después de los cuatro años de rigor vuelva a la nada, el político siempre encuentra a un empresario dispuesto a hacerle el favor. Eso, cuando no es el político el que directamente fuerza el favor a través de la correspondiente y obligada comisión.

Otras veces es el empresario el que corrompe al munícipe. Total, son unas perrillas, un complemento salarial al magro sueldo de munícipe. El político “práctico” se deja corromper porque: a) cuando se marche nadie le va a agradecer lo que ha hecho por el pueblo o ciudad; y b) la vuelta al anonimato es durísima, sobre todo cuando ya no te llaman, no te invitan a los saraos, no tienes puesto de preferencia en las celebraciones ni una corte de lameculos, aunque sean de los que aspiran a ocupar tu puesto en cuanto te despistes.

En este segundo caso nos podríamos encontrar con lo siguiente: el empresario es un corrupto y tienta al munícipe porque con sus antecesores ya funcionó. Si el munícipe no es corruptible y se niega a hacer negocios con el empresario, éste, seguro de sí, le espetará: «Usted no sabe quién soy yo/Usted no sabe con quién está hablando». Y encontrará en algún nivel superior otro responsable de partido más… este… flexible, que además se encargará de hacer la vida a cuadritos al mindundi de Alcalde que ha frustrado el negocio del pez gordo. Así, hasta que el munícipe decente acabe presentando su dimisión «por motivos personales». Con el agravante de que en España la oposición municipal no está más que para alegrarse con los problemas del partido rival, sin poner por encima de la contienda el interés de los vecinos del municipio.

En mi opinión, esto es lo que ha ocurrido en Valencia, a escala mucho mayor que la municipal, naturalmente. Gente que sólo quiere desalojar a otra gente porque les impiden hacer los negocios que les interesan. Las tramas se extienden a lo largo y ancho de la bella región valenciana. Ha habido para todos: pa-ella y pa-él. Negocios, muchos negocios; y dinero, mucho dinero. Hasta el caso Nóos, que creíamos limitado exclusivamente a Baleares, salpica con su chapapote a Valencia. Quizá pudiera abrir la boca Esteban González Pons, conseller de Vicepresidencia cuando su jefe era Francisco Camps y que, al parecer, echó la firma en varios documentos comprometedores de ese asunto. Hoy el señor González Pons está en Europa, como o pasmo de Palas do Rei, que no ha sido juzgado por el caso de las gasolineras. Ésa es la utilidad del Parlamento de la UE.