Manos sucias (y II)

Pero, ¡ay! La Constitución se promulgó hace la friolera de 38 años. Y tras los últimos acontecimientos, que afectan en gran medida al sistema bancario —todavía duele recordar las mentiras de ZP al respecto—, la legislación arbitra que todo aquel que produce una lesión patrimonial está obligado a resarcirla. El problema, como les decía en la entrada anterior, es que esos Bancos manejan mucho dinero al día y las decisiones que toman afectan a mucha gente. Véase el caso de las hipotecas con cláusulas abusivas o la estafa de las preferentes. Arruinaron a mucha gente y la mala gestión del asunto se llevó por delante a muchas personas que ni siquiera habían invertido en ellas.

¿Qué ha pasado? Que al final los Tribunales, en razón de determinadas modificaciones legislativas, han obligado a esas empresas a devolver las cantidades que muchos pequeños ahorradores depositaron confiados en esos Bancos que, básicamente, los timaron. Eso estaba costando mucho dinero a la Banca y, correlativamente, ha sido un buen negocio (por una buena causa, esta vez) de determinados bufetes de abogados. Había que parar esto.

Desgraciadamente, lo han conseguido. El precedente es UPyD, formación a la que no veo que nadie reconozca el mérito de haber destapado el caso Bankia. Desaparecida la formación del arco parlamentario debido a hechos que ustedes ya conocen, se conjuraba el peligro de contagio a otras entidades, como por ejemplo CaixaCatalunya, ¿dirigida? por Adolf Todó y el ínclito Narcís Serra. O a otras entidades bancarias de menor fuste, cuyos directivos se han largado a su casa con «indemnizaciones» millonarias (pienso que los indemnizados hubieran debido ser los usuarios de esas Cajas), sin que hasta la fecha se sepa que las hayan devuelto.

Por turno, pues, tocaba ahora desactivar a esas moscas cojoneras. De acuerdo a lo que ha salido en los papeles, los presidentes de Ausbanc y Manos Limpias, ya fuera que lo hicieran por sus asociaciones o para pagarse sus vicios privados, montaron (presuntamente) una red delictiva de extorsiones. Es decir: según la prensa, «págame y no te denuncio» o «págame y retiraré la denuncia».

La noticia tiene trampa. Es muy parecido al argumento que algunos esgrimían cuando apareció el asunto de los curas pederastas: «Toda la Iglesia está llena de mierda». Creo que se hace necesario distinguir entre la actuación de los sujetos citados y la de su asociación. Yo no creo que todo «Manos Limpias» y todo Ausbanc estén llenos de mierda. Sí creo que hay manzanas podridas y que son a las que, en democracia, se puede y se debe expulsar y entregar a la Justicia.

Tampoco sé si la noticia, contada inversamente, variaría mucho: «¿Cuánto quieres que te pague para que retires la denuncia?». Les habrían puesto delante un cheque en blanco y ellos, presuntamente, podrían haber firmado. En mi modesta opinión, si fue así como ocurrió y no como cuentan los papeles, el resultado sigue siendo el mismo. El artículo 286 bis del Código Penal, de reciente reforma, es muy amplio y cubre ambas posibilidades, a determinar en este caso concreto por los Tribunales.

Por otro lado, hay otro intríngulis, que afecta directamente a uno de los casos en que Manos Limpias estaba metido, a saber, el caso Noos. Pudiera ocurrir —cosa que desconozco— que si no hay acusación particular y por parte del Ministerio público se hubiera pedido la apertura de juicio oral, el Tribunal pudiera dictar sentencia de conformidad (está legislado para el procedimiento abreviado y para los juicios rápidos, conforme a los arts. 787 y 801 LECr), conformándose los acusados con la pena más alta de las solicitadas por la acusación particular o el Ministerio público. Sentencia que, imponiéndose una pena inferior a dos años de privación de libertad, podría acabar siendo exculpatoria para la infanta, que es la importante. ¿Será que veremos a la infanta llevando paquetes de comida a su maridín, preso en Soto del Real? ¿O es que también se va a salvar al Urdanpillín?

Sea como sea, si al final se confirma una de las versiones, el daño que se habrá hecho a la democracia será inmenso. Se habrá dañado especialmente la confianza colectiva en asociaciones especializadas que, por lo intrincado de la materia, son las únicas que puedan hacer frente con éxito a las cacicadas de esas grandes empresas. Empresas apoyadas, además, por los Gobiernos, por el propio interés de los miembros de éste. La canonjía de un puesto en el consejo de administración de una de esas empresas, sin más obligación que ir a firmar una vez al mes, es muy apetecible y un merecido reposo del guerrero tras el paso por la arena política al más alto nivel.

Y si al final se consigue vaciar de contenido el art. 125 CE (como paso previo a su derogación), la Banca y otras grandes empresas podrán respirar tranquilas. Se limitarán las posibilidades de acudir a los Tribunales invocando intereses colectivos para empapelar a estas empresas. Los Tribunales son para el lumpenprecariado, no para estas grandes empresas. Además, así les hacemos un favor porque les descargamos de faena, ¡no faltaba más! Tampoco faltarán sesudos análisis jurídicos bienpagaos que justificarán la reforma en el sentido de «limitar el acceso a la justicia para evitar dar trámite a «demandas folklóricas»». Sí, ésas de los programas del hígado que parecen riña de vecinonas. Algo así:

─¡Guarra!

─¡Puta!

─¡Hablaré con mis abogados y te plantaré una querella que se va a cagar la perra!

Denuncias y querellas que hacen perder el tiempo a los Tribunales porque no llegan a nada, generalmente; y que, todo lo más, se quedan en imposición de costas para la parte querellante por temeridad y/o mala fe.

¿Estamos nuevamente ante un salami antidemocrático? El tiempo dirá. Pero vayan poniendo su mano donde tienen la cartera.

Manos sucias (I)

Con pena tengo que escribir esta entrada. Mucha pena. Tomaría prestado el título de la encíclica de Pío XI Mit brennender Sorge («Con ardiente inquietud») en la que el Papa Ratti al mismo tiempo denunciaba la situación de la Iglesia en la Alemania de 1937 y condenaba el nacional-socialismo, pero realmente lo que siento no es «ardiente inquietud», sino pena.

Les he comentado en muchas entradas que esto que tenemos no es una democracia. En todo caso, respondería más al concepto de democracia orgánica, tan denostado por el antifranquismo retrospectivo o de salón. O, si quieren otra descripción original, «democracia de cartón piedra», en cuyo escenario se mueven los personajes acartonados de ese guión institucional. El único que parece un poco de verdad es el Rey; es decir, el actual. Campechano I ya se encargó de dejarnos claro que «la justicia debe ser igual para todos… vosotros». Y del Rey abajo, todos los que quisieron sinvergoncear se vieron justificados por la actuación del propio Rey.

Viene bien aquí recordar una vieja canción de La Trinca. Canción que, para su desgracia, vale tanto para ése al que criticaban entonces como para los reyes de taifas que sufrimos ahora (por supuestísimo, Puigdemont)…

Diu l’article vint-i-sis,
que en un cas de compromís,
el Califa pot si cal,
refregar-se l’engonal
i passar-se pels «dallonses»
totes les lleis del país.

Naturalmente, lo que valió para el Rey salido emérito valió y vale también para determinados grupos de empresas, de esos que forman el llamado sector estratégico. Mueven millones de euros cada día y tienen muchísimo poder. Por algo los contratos con ellas se denominan contratos con parte débil: esa empresa le pone a usted un contrato y usted no tiene potestad para modificar nada, a no ser que sea manifiestamente ilegal (la palabra clave es «manifiestamente»: si lo es pero no «manifiestamente», usted se la envaina y firma, sin más). Ocurre con esos contratos energéticos… y para lo que nos ocupa, con la Banca, que también es un sector estratégico.

Frente a la Banca, uno de los sectores más hiperregulados de nuestro mercado (si no el que más), pues, el individuo no tiene mucho poder. Por eso se han constituido asociaciones de usuarios, una de cuyas misiones es proteger a los asociados (y en lo que pueda beneficiar, a los intereses generales) frente a prácticas abusivas de la Banca. Con esta finalidad nacen asociaciones como AUSBANC o «Manos Limpias». El asidero constitucional de estas asociaciones es el art. 125 CE, en cuanto habla de la acción popular en defensa de intereses colectivos sin, en principio, precisar de una legitimación especial.