Mi propia opinión sobre el post anterior (II)

Sentado esto, hemos de reconocer que la vivienda es un derecho fundamental y básico de carácter económico que todo individuo posee. La vivienda es nuestra raíz física: donde nos alimentamos, donde formamos una familia, donde descansamos de la diaria presión del mundo cruel (dejemos aparte por ahora el hecho de que hay casos en que donde uno tiene la bronca es en casa y que a veces cuesta volver a ella sin antes haber pasado por el bar).

Descendiendo un poco más, nos encontramos con que en nuestra Constitución el «derecho a una vivienda digna» no se halla entre los derechos fundamentales más dignos de protección (figura en el alejado art. 47 de nuestra Carta Magna y está excluido de la protección directa de los derechos civiles y políticos enumerados en los arts. 14 a 30):

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

Estamos todos de acuerdo en que si esto fuera verdad, otro gallo nos cantara en España. Sobre todo la parte que dice «[…] regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación». Entonces, ¿cómo se ha llegado a la situación actual?

Naturalmente, la culpa de todo la tiene el sistema, que se decía en mis juventudes. O sea, el gobierno, Madrit, el ministro del ramo… Vamos a ponernos serios un momento. La culpa de todo este embrollo, en realidad, la tiene quien tenga la potestad (responsabilidad) de autorizar y/o otorgar licencias de edificación que se traducen en feos edificios de viviendas proletarias o construcciones de cristal si se trata de oficinas. Se consideró que esa potestad debía quedar residenciada en los Ayuntamientos, donde uno puede tratar a los políticos «de tú» (trata de tutear a todo un señor alcalde siendo nada más que ciudadano de a pie y ya verás cómo tuerce el gesto, salvo que esté en campaña).

En ése y en otros puntos, el alcalde no es muy diferente del encomendero de las Américas. El encomendero recibía las leyes del Rey Cristianísimo en un rollo o legajo. Lo levantaba por encima de su cabeza y pronunciaba solemnemente estas palabras: «Se acata, pero no se cumple». El símil vale hoy también allí donde ha arraigado el nacionalismo, puesto que los nacionalistas se sienten invadidos. Y así hoy, la geografía nacional se halla salpicada de «escándalos» urbanísticos, sin importar el color político del gobierno municipal, tal como apuntaban la amiga Schwan y el amigo CLD. Recalificaciones imposibles, construcción de edificaciones allí donde la ley lisa y llanamente no lo permite… Chanchullos, que diríamos a nivel coloquial.

Se supone que a nivel municipal existe un mayor conocimiento del político que ha de regir los destinos de la corporación. Y que los conciudadanos votan también con más conocimiento de causa. Y puede ocurrir que uno pueda votar al partido X en las generales, pero como resulta que el candidato a alcalde de su ciudad no le inspira confianza, no le vote. El gobierno municipal es verdaderamente el que nos merecemos. Y la culpa, finalmente, de que nos encontremos un alcalde que recalifica para los amiguetes, finalmente es sólo nuestra. Aunque, de hecho, el funcionamiento real de la política municipal daría para varios posts.

Autor: Aguador

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