Ha trascendido que el Rey finalmente ha estampado su real ringorrango («a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han aprobado y Yo vengo en sancionar…»)  al pie del proyecto de Ley al aprobado por las Cortes y perpetrado por la banda de la Bibiana. Era la única posibilidad desde dentro de que la ley no desplegara eficacia plena. La sanción y promulgación de la ley se ha producido justo antes de la gran manifestación del domingo próximo (casualidad o no; pero vamos a ser malpensados). Los perpetradores temían que la demora en la sanción y promulgación más allá del 7 de marzo fuese percibida como una derrota moral (ya que no material, pues la ley se iba a aprobar de todos modos). Ahora, con la ley aprobada y sancionada, los perpetradores pueden respirar tranquilos.

La pregunta del millón es: ¿podría el Rey haberse negado a sancionar y promulgar esa ley? Más allá de visceralidades tipo «si el Rey se tiene por católico no debería firmar» y semejantes, vamos a examinar brevemente la legislación.

De un lado, el art. 62. a) de la Constitución nos informa de que una de las funciones que corresponden al Rey es «sancionar y promulgar las leyes». Con carácter pacífico, la doctrina entiende que estamos ante actos debidos: es decir, actos a los cuales el Rey no se puede negar, ni formular objeciones o reservas. Se considera que el requisito de la sanción real no es un requisito de validez, sino de eficacia. La ley es perfectamente válida, pues ha superado todos los trámites parlamentarios (con muchas prisas, eso sí); pero al carecer de sanción y promulgación reales, no es aplicable y por tanto, los hechos que se produjesen al presunto amparo de la ley nueva quedarían tipificados por la antigua y serían considerados como delitos (como lo es el aborto más allá de las 12 semanas).

Negarse a sancionar una ley implicaría entrar en un proceso de crisis institucional: de acuerdo con el art. 59.2 de la Constitución, esa negación podría considerarse como negativa a cumplir una función constitucionalmente encomendada, que, a su vez y apreciada por las Cortes, podría constituir causa de inhabilitación. Esta inhabilitación abre, según el precepto citado, la posibilidad de Regencia por el heredero de la Corona, puesto que es mayor de edad; también y correlativamente, la posibilidad de abdicación del Rey.

Dado que ninguna norma –al menos, que conozca un servidor de ustedes– establece un listado cerrado de posibles causas de inhabilitación real, dicha posibilidad es de libre apreciación por las Cortes Generales. Sin embargo, no tengo duda de que, si ese listado existiese, una de las primeras causas sería la citada negativa a ejercer una función constitucionalmente atribuida. Las consecuencias son tan enormes para el Rey –después de todo lo que tuvo que esperar, el pobre, quiere morir con la corona bien agarrada sobre las sienes– que ha optado por firmar y no liarla.

Así, pues, el problema es que la disponibilidad sobre ese acto está fuera del alcance del Rey. Añadamos que la negativa del Rey tampoco sería refrendada por ministro alguno (tal vez por la Voguemomia, pero sólo porque está en horas bajas y para joder a sus colegas, en especial a Salgado y a Pepiño, que van camino de relevarla).

Distinto es el plano moral, donde tal vez caben un poco más las expresiones viscerales. Si realmente se tiene por católico, el Rey debería haberse negado a la firma. Y digo yo que cuando se profesa una determinada creencia no se hace a tiempo parcial, así se trate de ser católico, musulmán, judío o sintoísta. Por lo tanto, en el momento de sancionar la ley, el Rey tenía ante sí una alternativa: o firmar la ley y ser considerado como «mal católico» (más el consecuente desgaste institucional), o ser consecuente con sus creencias, no firmar y probablemente dejar el trono en manos del heredero, que ya está talludito y que, al decir de los monárquicos oficiales, está sobradamente preparado para suceder al Rey.

Cabe aún una interpretación más antimonárquica. Se le presentan al Rey dos opciones morales y políticas (no legales porque ya sabemos que legalmente no tiene opción). Si el Rey firma, «muchos votantes fachas y peperos, que son católicos, dejarán de considerar respetable la institución monárquica»; lo cual y a fin de cuentas, les conviene, pero les obliga a esperar más tiempo y mantener la lluvia ácida fina que están echando sobre todo el entramado institucional. Si el Rey no firma, obviando sus funciones, «le ponemos caminito de Jerez (la abdicación) y que suba el heredero, que es mucho más manejable que el actual monarca» (o eso creen en el PSOE). Sea cual sea la opción, en todo caso, va en detrimento de la institución monárquica. Para que luego el compañero Juan Carlos se haga fotos con los amigotes (o tal vez ex-amigotes ya) de Janli…