Acabo de terminar el libro Memorias de un preso, de Mario Conde. Es, por un lado, un libro deprimente; pero por otro lado, supone lo que podríamos decir un chute de realidad. Más allá de las palabras altisonantes, de los grandes discursos, de las lecciones magistrales y de esos bien encuadernados manuales de cualesquiera ramas del Derecho, el libro de don Mario Conde rezuma realidad prácticamente por todas sus páginas, aunque algunas de ellas parezcan perderse en disquisiciones filosófico-carcelarias, disculpables en un texto tan denso. Pero ello no quita al libro un ápice de interés.

En el libro existen, a mi entender, dos temas. El primero, cómo aquellos que detentan el poder pueden crujir a aquel que se atreve a ser más guapo, inteligente y a aspirar a tener más poder que (o sencillamente de desplazar a) los que ya forman parte del establishment. Es el caso de don Mario. En un determinado momento, don Mario quiso dar el salto a la política. Las condiciones eran óptimas: se hallaba en la cresta del poder (director de Banesto, un banco en pleno auge y expansión) y de su popularidad, pues no pocos le veían como empresario modelo.

Y, sin embargo, la mal llamada «maquinaria del Estado» le crujió. Felipe González tenía miedo de ser desahuciado demasiado pronto (probablemente esperaba aguantar hasta el 2000) de la Moncloa; Aznar, que había tomado las riendas del PP en 1990, no era aún lo suficientemente fuerte como para vencer a Felipe González (como así se demostró en las elecciones de 1993) y no tenía el carisma que irradiaba por aquel entonces ese banquero de 39 años. Tal vez pensarían que la entrada de un tercero en liza rompía el reparto más o menos pacífico entre «derechas» e «izquierdas» de ese pastel llamado poder. Y como ocurre muchas veces, «el enemigo de mi enemigo es mi amigo», aunque en el caso de la política ésta haga «extraños compañeros de cama».

El segundo tema, derivado del primero, es la explicación más o menos detallada, con las debidas reservas y silencios, de cómo la citada «maquinaria» le crujió. Explica cómo se puso en marcha contra él el triángulo política-justicia-prensa; de cómo una orden recibida de las más altas instancias se cumplió con todas sus consecuencias. Y así don Mario sufrió dos juicios: el propiamente jurídico y el mediático. No sabría decir cuál es el más peligroso de los dos, pues ambos estuvieron contaminados hasta la médula por la política.

El juicio «propiamente jurídico» comienza por una sentencia a la cual ha de ajustarse el relato de los hechos. Es decir, primero se dicta sentencia y luego, con temerario desprecio de la verdad y de la ley, se hace que los hechos coincidan con la sentencia. ¿Cómo es ello posible? Más que a ustedes me repugna a mí, que soy licenciado en Derecho y aprendí todas esas zarandajas del principio de legalidad (14 CE), del derecho a la tutela judicial efectiva (24 CE) o de la obligación de la Administración de remover todos los obstáculos para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos (9.2 CE). En un segundo juicio se le acusa y condena por un delito que no cometió, sin más, lo cual es contrario a toda justicia.

Por supuesto, no son «zarandajas» en los juicios «normales»: en los modestos desahucios por impago de renta entre «ciudadanos de a pie» o en sencillas infracciones de derecho común, la ley se aplica al milímetro, todo lo «bien» que ésta permite. Es decir, allí donde no existe un componente político, la justicia funciona con la «normalidad» deseable. Da mihi factum, dabo tibi ius («Dame hechos y te daré el derecho») y perdonen por el latinajo.

Sin embargo, cuando no se trata de «ciudadanos de a pie», sino de personas de cierta relevancia pública (de Mario Conde, de Ruiz Mateos antes de él o de Javier Gómez de Liaño después), la cosa cambia y mucho. El ius desaparece por el retrete y los facta se adecúan a la voluntad del poder, aunque sea con calzador.

Y lo que es un espectáculo lamentable es ver cómo todos unos señorías, excelentísimos señores, magistrados o jueces de las más altas instancias del Poder Judicial, se pliegan como temblorosos lacayos con puñetas a los dictados del poder. ¿Y en nombre de qué lo hacen? Don Mario habla de la «razón de Estado» (raison d’Êtat), pero yo prefiero decir «razón política», porque el Estado, si lo consideramos como una máquina, es neutro. El político decide y el funcionario obedece, sin más. Todo es «obediencia debida». Sin embargo, como imagino que a ustedes, me chirría eso de la «obediencia debida». Esa atenuante («excusa» es más exacto) podría aplicarse al «bajo funcionariado», por decir así. Pero no a los jueces y magistrados porque –precisamente ellos– saben mejor que nadie qué es conforme a derecho y qué no. Y sin embargo, se pliegan a presiones, pactos y componendas.

Esta situación, de algún modo, ya existía antes de 1985. Véase, si no, el caso de Ruiz Mateos. Al poder político le interesó crujirle, y después de tres sentencias del TC, que cedió a las intolerables e innobles presiones gubernamentales y mediáticas, acabaron con el holding RUMASA. Ruiz Mateos tuvo que esperar 17 años para que otro Tribunal –extranjero, cómo no; español, imposible– le diese la razón, condenando al Estado –es decir, a ustedes y a mí– a indemnizarle por la perrería que padeció. Sin embargo, la LOPJ dio carta de naturaleza a lo que hasta entonces había sido «irregular», permitiendo sin más la injerencia del poder político en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y hasta tal punto es así que las asociaciones de magistrados son hoy meros terminales judiciales de los partidos políticos (vean si no el caso del Estatut de Cataluña). Por eso dijo el enterao de Alfonso Guerra lo de que «Montesquieu había muerto». Con el agravante de que en esta España de nuestros pecados ha muerto 17 veces.