Concatenación (II)

La sentencia del procés

La primera pata del plan de Sánchezstein pasaba –pasa, como veremos más adelante– por dispensar un trato amable a los separatistas catalanes que iban a ser juzgados el pasado 1 de octubre, hace exactamente un mes. Claro que un Gobierno en funciones es lo que tiene: su extrema debilidad le hace extremadamente sensible a todo tipo de presiones, como las inmundas presiones políticas recibidas del separatismo catalán. Qué duda cabe que han conseguido, siquiera sea parcialmente, su objetivo.

Supongo –y pido disculpas por ello– que me precipité al elogiar la actuación hasta ese momento de Manuel Marchena, presidente a la sazón de la Sala II del TS. Como dijo Federico en su momento, «a los jueces hay que juzgarlos por sus sentencias», no tanto por lo que hagan en el acto de juicio. No obstante, lo que al popular radiofonista se le olvidó mencionar y yo debí haber tenido en cuenta por haberlo dicho ya antes, es que política y justicia forman una coyunda inmunda; y que, por tanto, cuando se trata de juzgar a políticos delincuentes (como eran todos los sentados en el banquillo de los acusados), las sentencias vienen escritas de arriba. Inauguró esa nada venerable tradición Felipe González con el asunto de Rumasa y la continuó con el asunto de Banesto (a Neguri no le gustó que un advenedizo se les subiera a la txepa, por muy masonazo que fuera, y se lo hicieron pagar). Para volvernos a encontrar con algo así hay que saltar el intervalo aznarista y llegar hasta ZP con la infame sentencia del 11-M. Bien es verdad que Aznar hizo otra cosa no menos deleznable, que fue incumplir la sentencia del TS relativa al antenicidio: la recibió y la metió en el cajón, quedándose ahí muerta de risa. Pero eso, como diría mi antiguo profesor de Economía Política, Pere Mir, són figues d’un altre paner.

Y ahora esto, pues. Hay que admitir que tiene su mérito convertir a todo un Alto Tribunal en escribas al dictado y en lacayos con puñetas, sometidos –mejor no describo lo que ha sido en realidad– a la superior raison d’État, argumento de peso desde Luis XIV. Claro que como dijo alguien, un muerto no muerde y un vivo al que se le hace un favor –o se le promete hacerlo, al menos–, tampoco. Parece ser que alguien deslizó en los oídos del señor Marchena las palabras «Presidente del Tribunal Supremo» (por tanto, también del CGPJ) y el susodicho se licuó. Tanto, que hoy lo único parece que es suyo en la sentencia del procés es su firma tras el fallo. Dicho fallo tiene dos notas características, entre otras que se puedan citar:

a) Niega la verdad. Rebajó la calificación penal de los hechos de rebelión (lo que fue, en verdad) a sedición, que supone también una interesante rebaja de pena. Este hecho ya se cobró una víctima en la persona de Edmundo Bal, Abogado del Estado encargado de decir lo que quería su jefa, Información Vaginal, por negarse a ello. También esto otro lo hemos visto antes: «¡Es sedición y valeyá!». Es una suerte que no hubieran encargado a Olga Sánchez, hoy ascendida a Fiscala del TS por méritos de diversa consideración, formar parte de la acusación pública.

b) Pone al zorro a cuidar del gallinero. Aquí el zorro es la Generalitat de Catalunya. Las gallinas… bueno, no hay más que recordar a la indecible Carme Forcadell, siéndole tomada declaración ante el TS. Guardaba un parecido asombroso con Rita-me-irrita, la rojelia pija que declaró ante la Justicia por despelotarse en medio de una misa, respondiendo sotto voce y con la cabeza baja, como si lo suyo hubiera sido poco más que fumar en el lavabo y la hubiera pillado la Madre Superiora. La cuestión es que la sentencia entrega a la Generalitat (a Presons, concretamente) la ejecución de la misma. No es difícil imaginar que, con una Generalitat en abierta rebelión contra el Estado, los sediciosos coman tranquilamente el turrón en su casa y entren y salgan de Lledoners cuando les venga en gana. Y luego, cuando se olvide este asunto o a nadie de los importantes le importe mucho, los sacarán por la puerta de atrás.

En resumen: una burla de sentencia, sobre todo si la comparamos con la asonada de Tejero, que eso sí fue considerado como rebelión militar y juzgado y castigado como tal. Es malo para la democracia que el Alto Tribunal nos acostumbre a esta clase de fechorías, como es malo que el respetable en general comprenda que «el Código Penal está para los robaperas (vulgo españolitos de a pie, como ustedes y yo), no para los peces gordos». Lo que nos lleva a tres conclusiones. La primera, a una frase mítica de D. Francisco de Quevedo que él mismo sufrió en sus carnes: «Donde hay poca justicia es peligroso tener razón». La segunda, la de «per la giustizia dobbiamo andare da Don Corleone». Y la tercera, la de «si los Tribunales no me hacen justicia, la justicia me la hago yo (con razón o sin ella)». En cualquiera de los tres casos, ¿para qué necesitaríamos todo el entramado judicial?

Márchese a su casa, señor Marchena. O, si es cierto lo que corre por ahí, a su sillón bienpagao. Pero, por favor, no nos aburra hablándonos de «justicia». No quedaría bien.

 

Circo judicial (y III)

Quedaba por determinar algo que les anunciaba en la entrada anterior. Y es que quizá la única palabra que puede describir con exactitud la actuación del ¿gobierno? de Rajoy es complicidad con los hechos relatados. A la luz de éstos ya no tiene gracia la broma habitual sobre Rajoy de que «le fastidia tener que dejar de leer el Marca para ponerse a gobernar». Claro, ahora está en Santa Pola, Alicante, con una circunscripción registral ampliada (gracias por el regalo, Gallardón) y puede leer el Marca todo el tiempo que quiera. Qué coñazo molestia que le llamen a declarar por algo que ocurrió hace más de un año.

Lo de Soraya es muy parecido a la parábola del administrador infiel (Lc 16:1-13). Alguna vez les he dicho que hay pocas facetas del comportamiento humano, desde las más sublimes hasta las más depravadas, que no esté retratada con pelos y señales en la Biblia. Soraya, en previsión de que le caiga una inhabilitación para ejercer cargo público y que le retiren los ingresos por haber sido vicetodo, ficha por Cuatrecasas, uno de los bufetes de abogados que han hecho que el que era antes tot un senyor sea hoy un machaquilla de a todo por mil. Y de hecho, uno de los que corta el bacalao, juntamente con Roca Junyent, Garrigues Walker y alguno más (no son muchos). El hecho es que Soraya, cuando era vicetodo, perdonó a Emilio Cuatrecasas unas pifias y ahora se cobra el favor, poniendo en valor, que dicen los pedantes, que cuando estuvo con lo del 155 «nunca fue muy estricta».

Y el resto, so on. Parece ser que todos estos creen que su responsabilidad se acaba en la política: es decir, acepto mi «responsabilidad política» y dimito. Y me voy a mi casa o a donde sea. Pero si, nuevamente, volvemos al Código Penal, nos encontramos con lo siguiente:

Artículo 28

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

También serán considerados autores:

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

Artículo 29

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

En cuanto a la aplicación de las penas, los artículos 63 y 64 CP dicen lo siguiente: «A los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena inferior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito. Las reglas anteriores no serán de aplicación en los casos en que la tentativa y la complicidad se hallen especialmente penadas por la Ley».

Aquí, naturalmente, habría que hablar de comisión por omisión, es decir: dejar de hacer aquello a lo que la Ley (y en este caso no sólo la Ley, sino también la Constitución) obliga.

Ahora, yo les pregunto: ¿creen ustedes que la capa política del asunto tiene alguna responsabilidad, más allá de la meramente política, a la luz de estos preceptos? Con independencia de lo que opine el Alto Tribunal, yo opino que es posible que sí la tengan. Tampoco sería la primera vez que en un proceso penal un señor entre como testigo y salga como imputado. Y después de ésta, una segunda pregunta: ¿creen ustedes que el Alto Tribunal considerará que tuvieron alguna responsabilidad y, por tanto, se la exigirá? En mi modesta opinión, eso no va a ocurrir. Digamos que, a ese nivel, esos cargos están protegidos, tanto como lo está Fuigdemont en Bélgica y en Alemania. También eso hace que nos preguntemos ¿por qué?, de lo que hablaremos en una próxima entrada.

Lo único que nos queda es agradecer a D. Pablo Llarena su concienzuda instrucción de la causa y al Presidente de Sala D. Manuel Marchena que haya cortado en seco las ocasiones en que la Sala pudo haberse convertido en un circo para los separatistas.

 

Circo judicial (II)

Como les decía en la entrada anterior, las preguntas se agolpan, pues el proceso puede cerrar fácilmente en falso la cuestión.

Ciñéndonos a lo que sabemos, resulta cada vez más claro que el delito que se impone por importancia es el de rebelión, no el de sedición o malversación como intentó forzar la menestra de Justicia a la Abogacía del Estado a decir. Por los espeluznantes detalles que van contando los miembros de las FCSE destacados en Cataluña en las fechas de autos, sabemos que aquello no fue un ensayo general de Els Pastorets, sino la llamada a la comisión del delito tipificado en el art. 472 CP («alzarse pública y tumultuariamente») con la finalidad expresada por el ordinal («Declarar la independencia de una parte del territorio nacional»). Frente a esta acusación, el presunto delito de sedición cae por su propio peso y el de malversación es totalmente lateral, pues si fuera por eso, la malversación ya venía produciéndose… desde los tiempos de Pujol.

En cuanto a las penas por la comisión de este delito son como aquellos versos de la famosa jura de Santa Gadea… Quizá por ello los subalternos y otros testigos han cantado La Traviata, La Favorita y lo que les hayan pedido.

Las juras eran tan fuertes
Que a todos ponen espanto,
Sobre un cerrojo de hierro
Y una ballesta de palo…

Vamos al lío. Primero tenemos el tipo general, que se desdobla en tres:

  1. Quienes induzcan a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión y los jefes principales de ésta: a éstos les caen 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo período.
  2. Los que ejerzan un mando subalterno: 10 a 15 años y mismo período de inhabilitación absoluta.
  3. Los meros participantes: 5 a 10 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 10 años.

No está mal, ¿eh? Bueno, pues veamos el tipo agravado, que se desdobla en varias conductas también:

  1. Si se han esgrimido armas.
  2. o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima.
  3. o la rebelión hubiese:
    1. causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada,
    2. cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase.
    3. ejercido violencias graves contra las personas.
    4. exigido contribuciones.
    5. distraído los caudales públicos de su legítima inversión.

Conforme a su grado de participación, las penas se agravan en lo siguiente:

  1. Para los inductores, promotores o sostenedores de la rebelión: de 25 a 30 años.
  2. Para los mandos subalternos, 15 a 25 años.
  3. Para los meros participantes: 10 a 15 años.

Éste es el cuadro general dibujado por el «Código Penal de la democracia», el del biministro Belloch. En mi opinión, que puede no ser la del Alto Tribunal, en todas las categorías hay alguien. Sin embargo, en este cuadro falta algo en mi opinión, que les contaré en la entrada siguiente.

Circo judicial (I)

Me tendrán que perdonar que de un tema tan importante como el juicio del 1-O haya esperado hasta ahora para escribir algo. Vaya por delante que no tengo ninguna confianza en que la Justicia castigue a los verdaderos culpables de la cosa. Siempre he mantenido la opinión –y hasta ahora los hechos no la han desmentido– que la Justicia funciona razonablemente bien mientras la política no se interponga en su camino; y que en cuanto esto sucede, empiezan a ocurrir cosas raras. Hay ejemplos donde elegir: el 11-M, el caso de Marta del Castillo, el caso del 3-per-cent… No sé, de verdad hay mucho. Y todos cumplen esa regla.

Hoy la atención mediática está dirigida a ese no-referéndum que tuvo lugar el 1-O en Cataluña y que en varias poblaciones se saldó con agresiones de diverso grado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En teoría los Mossos d’Esquadra pertenecen a ese conjunto; pero visto lo visto, después del 1-O resulta difícil sostener semejante afirmación.

A estas alturas del juicio oral ya podemos trazar una línea divisoria muy importante: la que separa a los peces gordos del resto. No tanto del lado separatista, sino del presuntamente nacional. Los peces gordos nacionales se han apuntado todos a la estrategia Cristina: «no-sé-no-me-acuerdo-no-me-consta». Toditos ellos: Mariano, Soraya, Montoro y Zoido. Ellos no se enteraron de nada. Y esto te lo dicen nada menos que un señor que fue Presidente del Gobierno, una señora que era ni más ni menos que la «jefa de los espías», un tercero que era el que soltaba la pasta con la que el golpe de Estado se iba financiando poco a poco y un señor con el «mando supremo» de las FCSE. Demencial. Podemos añadir a esa lista a Enric Millo, otro que no se enteraba de nada pero que sacó a relucir lo mejor de sus (malas) costumbres democristianas catalanas. Y que a la sazón ejercía de Delegado del Gobierno.

Quizá por ello los mandos intermedios llamados a declarar se dijeron a sí mismos: «Bueno, si los jefes no van a ir a la trena por lo que efectivamente han dejado de hacer y por mentir sobre el particular, yo tampoco voy a ir por respaldar las mentiras y no colaborar con el Tribunal». Y de los cuadros medios hacia abajo se han liado a contar lo que de verdad pasó, con algunos detalles espeluznantes (por ejemplo, los de la Letrada de la AJ que acosada y aterrorizada por las turbas separatistas en la Conselleria d’Economia y que tuvo que salir por el tejado).

Las preguntas se agolpan en este platillo de la balanza; pero la principal de todas es, como señalara Ray Bradbury, por qué. Responder a esa pregunta explicaría, entre tantas otras cosas, por qué el PP tiró a la basura durante cuatro años una mayoría absoluta que obtuvo cuando prometió cambiar de rumbo la deriva zapatera –es verdad que no la aceleró, pero tampoco hizo nada para detener su inercia–. Y así conoceríamos el peso real de la herencia con la que tiene que cargar Casado, que ya vemos que es muy pesada.

Alsasua o la doble vara de medir (I)

Cuenta mi admirado Fernando Díaz-Plaja, en su libro El español y los siete pecados capitales el siguiente sucedido, que nos sirve de exordio a esta entrada:

Una vez oí una retransmisión por radio en la que unos escritores comentaban el Doctor Zhivago, de Pasternak. Los juicios eran duros, tan tajantes y negativos, que una señora del grupo con acento extranjero, probablemente ruso, se asombró y preguntó humildemente:

—Pero ¿cómo puede usted decir…, en qué parte ha leído usted eso?

No he leído el libro, señora
(negrita nuestra) —fue la asombrosa respuesta. Resultó que de los cuatro escritores que se habían reunido para discutir la obra sólo la había leído ella.

Naturalmente, esto forma parte de la Soberbia española. Y si viviera hoy D. Fernando, seguramente lo aplicaría a terrenos que son más cercanos al común de las gentes. Como por ejemplo, el fúrbo. Es de todos sabido que la Selección española de Fútbol (o de lo que sea) tiene un entrenador… y cuarenta millones de asesores; con la particularidad de que cualquiera de esos asesores cree tener más conocimiento y experiencia que el entrenador y el resto juntos. Al menos, si hay que oír los comentarios en los bares, juramento y puñetazo en la barra incluidos.

No menos lo aplicaría D. Fernando a los lenguaraces comentarios que se sueltan en redes sociales acerca de todo lo opinable (y muchas veces, de lo que no lo es). «No necesito leer el artículo (o libro) para saber que si lo ha escrito Fulano es una porquería facha/progre» o «No necesito haber vivido en tal o cual país para saber que su sistema político es una porquería/maravilla». El troleo no es más que otra manifestación (pagada) de la Soberbia española. Eso puede pasar porque, como dijo alguien: «las opiniones son como los culos: todo el mundo tiene uno». Siempre he dicho que si en redes sociales se hablara sólo de lo que se sabe de verdad, en éstas habría un silencio sepulcral, roto ocasionalmente por algún comentario inteligente.

La cosa queda más fea cuando se aplica a asuntos judiciales. Naturalmente, no a cualesquiera, sino a aquellos que «causan alarma social». ¿Y quién decide que un asunto causa «alarma social»? En España no me cabe duda de que son los partidos políticos a través de sus terminales mediáticas y redes sociales. La forma de dar una noticia, que puede ser en sí una manipulación, puede echar a la calle a miles de personas. El caso más reciente es el de la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona acerca del delito cometido por unos seres pertenecientes a la subespecie Erectus de los pitecántropos, que se hacían llamar a sí mismos La Manada.

El caso es que ha faltado que saliese la antedicha sentencia para que, como por arte de magia, surgieran penalistas de tres al cuarto, creyéndose la cuádruple encarnación de von Liszt, Beccaria, Lombroso y Stammler y pontificando acerca de unos hechos que no conocen en su totalidad y sobre los cuales ha recaído una sentencia que no se han leído… como esos críticos presumidos respecto del libro de Pasternak. Transponiendo el conceto, en estos días se ha oído mucho lo de «No necesito ser abogao para… saber que lo que le hicieron a esa chica es una violación». Para estas personas una frase (¿consigna?) vale más que las trescientas setenta páginas de la sentencia. Sentencia de la que, dada su extensión, nadie podría haber dado una opinión más o menos mesurada nada más salir (a lo que se han apuntado políticos de todos los tamaños y pelajes); salvo, naturalmente, esos juristas de saldo y ocasión.

No_os vamos a condenar (mucho)

Hace unos días salió, por fin, la sentencia del llamado caso Nóos. Tiene setecientas cuarenta y dos páginas, por lo que puede compararse, al menos en tamaño, a una novela de Ken Follett. Como siempre, mientras que en la novela el interés está en la trama, en la sentencia lo verdaderamente interesante es el fallo. Y el fallo evidencia, una vez más, que hay doble vara de medir, dependiendo de quién sea el justiciable. Es verdad que los delitos por los que se condena no los puede haber cometido un servidor o cualquiera de ustedes; pero incluso entre las clases altas hay clases, lo cual queda claro en el fallo.

Dentro del fallo, una vez más, también distinguimos: por un lado, los cuatro acusados principales; por otro, el resto. El cerebro de toda la trama es, sin duda, Diego Torres. Por eso es el acusado al que han condenado con mayores penas. Él es quien armó toda la trama, poniendo hasta las sociedades instrumentales que sirvieron para el desfalco. Y, sobre todo, él es quien consiguió que Urdangarín actuara de gancho para todo.

El segundo de la lista, el ex-duque de Palma, que seguro que ya no se empalma. Tal y como se cuenta en Urdangarín, un conseguidor en la corte del Rey Juan Carlos, parece ser que sus reales cuñados le detestaban porque le consideraban un montón de músculos y poco más. Eso hizo, como vasco con Rh negativo, que le picara el gusanillo de la ambición: por Dios que iba a «ser alguien» y que sus cuñados no se iban a reír de él. Ése es el punto en que todo se vuelve «íntimo y personal».

Sorprendente la semi-absolución de las esposas de los dos principales condenados. Se conoce que la doctrina Cristina (ya no más «doctrina Botín») ha funcionado. Ahora, cualquier esposa de pez gordo que cometa una pifia siempre podrá decir que «firmó enamorada» y que «no se enteraba de nada», aunque sea secretaria personal del pez gordo y por sus manos pasen montones de papeles comprometidos. Tampoco me queda claro que una fianza prestada para evitar la cárcel (carcelaria, en términos técnicos) se pueda aplicar posteriormente al cumplimiento de responsabilidades civiles (casi nada los 265.000 pavos del ala que le han caído en tal concepto), aunque parece ser que es legal.

Todo ha ido como debía ir. La infanta Cristina no olerá los barrotes y el ex-duque tampoco. Ni siquiera van a tener que pagar fianza. Y algunos todavía hablan de «rehabilitación de la infantal pareja» (los monárquicos de «el Rey no se toca y su familia tampoco»). Este caso, conjuntamente con otros que vamos conociendo, es la mejor prueba de que la fase instructora de los procesos penales no debe entregarse a los Fiscales. Es la única forma de visibilizar que, a determinadas alturas políticas e institucionales, la independencia judicial simplemente no existe, sin que importe el color político. La dependencia jerárquica de los Fiscales haría bueno lo que hoy queda fatal en las togas judiciales.

La orden era «salvarlos a todos», debido al desastre institucional que ha supuesto la imputación tantos peces gordos; pero no sólo por eso. ¿Se imaginan que estos casos salpicasen de un modo u otro al Gobierno y a su presidente? Sólo por eso valía la pena dar esa orden. Y van a cumplir, porque además se huelen la recompensa-ascenso, igual que los ascensos tras la grandísima pifia del 11-M. El único que parece va a ser salpicado es el Rey en cuanto al prestigio de la institución, bastante deteriorado tras los años de campechanadas de su señor padre. El Rey se mantiene en el exiguo papel que le deja la Constitución, aunque muchos ignorantes deseen que «dé un puñetazo en la mesa» y tal y tal.

España, asombro de vagamundos…

Nota afectuosa para D. Antonio Burgos. Para el diccionario que tal vez nunca escriba Politiqués-Español, le sugiero añada estas dos entradas: «Hay que dejar trabajar a la Jushticia» y «Yo shiempre reshpetaré lash decishionesh judicialesh», en la certeza de que en todo esto ha sido Mariano Rajoy quien más inocente parece y más hilos ha movido, motu proprio o por «indicación» de Campechano I…

El rostro de la democracia

Ha llegado a mi conocimiento la situación de Dª Coro Cillán. Corre por ahí una foto que describe exactamente cuál es esa situación. Hela aquí:


La foto muestra a una persona anciana y enferma, dado que la foto está tomada en un hospital. La mirada también dice mucho. Es la de la derrota y el cansancio frente a un sistema que la crujió. Pero hay algo que esta foto no dice. Para quienes no sepan o no recuerden quién fue esta señora, les diré que en su tiempo fue una Juez de Instrucción de algún Juzgado de Madrid. Estaba investida de la potestad de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, según reza pomposamente el art. 117.3 de la muerta. Y en uso de esa potestad, pretendió reabrir el caso de terrorismo más grave de nuestra democracia, basándose en el hecho incontrovertible de que toda la versión oficial que consta en la sentencia que oficialmente dio carpetazo al caso se cayó. Fue literalmente desmontada por Luis del Pino y otros cuyo meritorio trabajo dio al traste con lo que desde el poder nos querían hacer creer. Aunque ahora, doce años más tarde, a mucha gente le dé igual.

Como en toda fechoría, institucional o privada, desaparecen todos. Desaparece el médico que no supo ver el tumor en el cerebro de un niño. El médico que trata a la madre de éste de “histérica” y le recomienda tomarse unas pastillas de valeriana “para calmarse”. Los médicos que, cuando ya por fin quieren hacer algo, resulta que es “demasiado tarde”. Desaparecen las enfermeras, que odian a la madre porque lo es de familia numerosa (¡descarada, cómo se atreve!) y ellas, naturalmente, no (“otra vez está aquí la coneja”). Y por supuesto, desaparecen los papeles y los demás responsables.

En el caso presente, ni se sabe dónde está el juez instructor Del Olmo, el que permitió y/o no castigó que la Policía contaminara el escenario del crimen y tratara de construir un escenario falso (algo inaudito en unas FCSE “democráticas”). Tampoco sabemos dónde está el juez Gómez Bermúdez, el que perpetró la sentencia del caso y que nos dejó esta críptica perla: «El pueblo español no está preparado para saber la verdad». Todo muy correcto. Como aquellos correctísimos juicios nacionalsocialistas, en los que el Tribunal miraba de reojo a un personaje, sentado habitualmente en la última fila de la sala. Un esbirro de la Gestapo, con grado de Kriminalrat, que daba el visto bueno a la sentencia.

Lo que, con la perspectiva de los años, nos da la medida de la opinión que el poder tenía y tiene de nosotros. Y los policías y demás funcionarios y políticos que colaboraron en el crimen. Y los pedorros y pedorras que se burlaban de los que pedíamos —aunque fuera por un deber moral— explicaciones, los que queríamos saber la verdad (o “berdad”, como rebuznaba alguno de ellos). ¿Dónde está hoy toda esa gente?

Sin embargo, sí sabemos lo que le ha ocurrido a esta señora. Y aunque sea ponernos un poco en plan Gila, vale la pena recordar. Nada más saberse que iba a reabrir ese caso, Coro Cillán recibió amenazas de alguien. Como pasó por alto esas amenazas, alguien perpetró un conato de incendio en su vivienda habitual. Como tampoco eso hizo efecto —aunque es para pensárselo, ciertamente—, optaron por la vía más retorcida: la trataron de “loca” en su ámbito profesional, le buscaron las vueltas en antiguos casos que ella decidió —sin sacar nada en claro, salvo para la hinchada de los partidos— y acabaron expulsándola a lo bruto de la carrera judicial. Alguien decidió que «entre nosotros, los jueces, no caben los héroes». A sensu contrario, ese alguien dictamina que sólo caben los lameculos. El juez o magistrado que quiera progresar en la carrera ya sabe lo que tiene que hacer cuando le toque un caso político.

Y como había que hacer un escarmiento, por si quedaba alguien duro de oído, a Coro Cillán la han dejado en la indigencia. Presumo, por tanto, que le habrán dejado una pensión miserable. No sin pensión, porque eso sí sería manifiestamente denunciable al haber cotizado ella los años correspondientes; pero sí en unas condiciones que distan de constituir un retiro honorable. Recuerda al caso de aquellos castigos consistentes en limpiar una letrina con un cepillo de dientes y un vaso. Convertirse uno en el grano en el culo de alguien es lo que tiene. Coro Cillán creyó que buscar la verdad la protegería; y Coro Cillán fue apartada de su camino de una patada.

Y ahora, señoras y señores palmeros —algunos de ellos con carnet de ¿periodista?— y hooligans de partido que berrean en las redes sociales, sigan hablando. Hablen de la sacrosanta (nada santa, en realidad) Transición. Hablen de los cuarenta años de paz y ciencia que nos dejó Campechano I, en los que se fue formando la tela de araña que hoy pesa como una losa sobre la Nación española. Hablen de todas esas gilipolleces. Y de la “imparcialidad, inamovilidad, independencia y sometimiento a la ley” de los jueces. Eso les va a dar muchos puntos: los mismos que a San Antonio de Padua predicar a los peces. Sepulten la verdad bajo toneladas de “material no combustible”, que hubiera dicho Ray Bradbury. Sigan bostezando ante el coñazo que es que las víctimas del terrorismo se manifiesten. «¿Para qué lo hacen si no van a sacar nada?».

Cambiamos la dictadura de un solo hombre por la de los partidos. Y estamos pagando las consecuencias: una democracia de mierda. Suave en las formas mientras uno “no se pase de ciertos límites”. Pero totalitaria cuando uno trata de mirar de frente al horror y de sacar a la luz las bastardas “razones de Estado” (de Partido o incluso personales, en realidad) que informan determinadas actuaciones de quienes controlan esa maquinaria.

En España tener razón nunca valió una mierda frente al poder. Shostakovich en la política. «¡Circo, más circo!». Vergüenza.