Recámara (y II)

Les decía en la entrada anterior que todo eso era una tramoya y que desconfiaba profundamente del espectáculo de luz y sonido que se ha montado alrededor de Mario Conde y su nueva pifia. Desconfío de todo el lío que se ha montado por una razón: hay control de agenda y por tanto, el momento en que aparecen las noticias —o en que deberían aparecer y no aparecen— no es casual.

Vean ustedes este caso de los Panama Papers. De entrada, quien realizó la filtración ya sabía a quién filtraba. Filtró la información (nada menos que 40 años de historia de paraíso fiscal: un bombazo, sin más) a un diario alemán, el Süddeutsche Zeitung. Si lo hubiera filtrado a un diario español, la noticia simplemente no hubiera aparecido. Soraya, ese arácnido completamente desarrollado, hubiera mandado recao a la dirección del diario y ésta hubiera captado rápidamente el mensaje. O si el filtrador se lo hubiera mandado a Pedro J. Ramírez, éste tanto hubiera podido publicarlo tal cual como hacerse un salami para mantener la intriga y el negocio.

En una democracia digna de tal nombre, esa información no habría tardado en llegar a la prensa, digital o escrita. Pero como lo que tenemos se podría llamar democracia de baja intensidad, la información llega con cuentagotas. Y por eso los nombres de los implicados van apareciendo poco a poco. Es decir: por ejemplo, les ha interesado sacar a colación los nombres de ciertas personas y no otros. Así, el caso de Pedro Almodóvar y de su hermano. Me imagino que el primero saldría en los papeles a título ejemplar de castigo de progres, de ésos que son solidarios… siempre que el dinero sea de los demás.

Otro tanto pudiera decirse de Imanol Arias, el que nos cuenta lo que no pasó. Tampoco me cuesta entender por qué ha salido tan pronto a relucir la infanta Pilar: es una patada en la espinilla del Rey por no haberle hecho el favor a Mariano. O incluso el caso de Bertín Osborne, que se fue a Telecinco (¡traidor!) porque no se emitió una entrevista que hizo a Pedro J. Ramírez: quien debía dar el visto bueno vio el programa y no lo dio, de forma parecida a lo que ha ocurrido con Jordi Évole y su Salvados contra la Banca. Évole prefirió autocensurarse antes que quedar mal con Ada Colau (en el material a emitir se vertían duras críticas contra ésta) y con la Banca (con la Banca hemos topado, amigo Sancho).

Sin embargo, ante la magnitud de la filtración hasta la opinión publicada (con las consabidas excepciones) se empezaba a hacer preguntas. De pronto, sale el nombre del ministro Soria, porque hace como bastante tiempo estuvo al frente o administró una sociedad opaca (me gusta más ese término que el pedante off-shore, que usan los que quieren dar a entender que saben algo del tema, que les pregunta uno y le dicen: “Sí, son sociedades que operan fuera de la playa“). Las preguntas, más allá de las habituales y cansinas peticiones de dimisión, han empezado a ser incómodas. Era necesario tapar ese nombre y otros que puedan salir. Aparte, ha habido la gran suerte de que Conde no se ha estado quieto y se le podía empapelar por algo que efectivamente ha hecho.

Parece como si, efectivamente, lo hubieran tenido en la recámara por si otros medios más ortodoxos de tapar la pifia fallaban. Es más o menos la misma táctica del PSOE de los últimos diez años: cuando se percibe que hay una cierta acomodación o dispersión en el militante o votante, se le da un buen palo a la Iglesia, venga o no venga a cuento (“vamos a denunciar el Concordato”, con sus variantes “vamos a reclamar que la Iglesia pague el IBI”, “vamos a pedir una escuela laica y de calidad” o “vamos a pedir que la Mezquita de Córdoba sea también lugar de culto para los musulmanes”). Así se intenta recuperar —algo— el nervio socialista de la militancia o votancia. Sólo que, como es el Gobierno quien usa de la táctica, suscita muchas más preguntas.

A nadie le importa hoy —a los periodistas menos— que por lo visto tener dinero en un paraíso fiscal no es delito si se declara a la Hacienda del país de uno. Es más fácil disparar a bulto y decir que todo el que tiene dinero en un paraíso fiscal es porque no quiere pagar a Hacienda o quiere pagar menos. Lo cual tiene su pro y su contra: el pro es que estas personas piensan que no vale la pena dejar su dinero en manos de un Estado confiscador que se lo gastará en financiar a ladrones a los que, además, no puede meter en cintura (Comunidades Autónomas). La contra, naturalmente, es que no todos pueden sacar ese dinero del país. Defraudadores todos. ¿Y Hacienda? Somos todos. Todos los que tenemos nómina o pagamos impuestos indirectos (al consumo).

Entre tanto, disfruten del espectáculo de luz y sonido organizado para detener al bergante de Mario Conde (o para atar cabos sueltos que no se ataron en 1994), que tan bien sirvió a algunos que hoy callan debiendo hablar o que ya no pueden hablar porque están muertos (Jesús Polanco, por ejemplo).

Recámara

Ha saltado a la actualidad la noticia de la detención de Mario Conde, casi justo cuando ya le teníamos perdido de vista, después de sus experiencias en la política (SCD, que terminó como el rosario de la aurora) y en la comunicación (accionista mayoritario de Intereconomía, de la que también tuvo que irse). Parece ser que ahora le trincan por «repatriación fraudulenta de capital». El mundo de la política está, aparentemente, «escandalizadísimo» con la nueva pifia del caballero. Tanto, que a sus dos hijos y a un yerno también los han trincado. La excusa oficial es una denuncia de unos trabajadores que no iban a cobrar una nómina, cosa que también podría ser verdad. Pero siendo desconfiados (y uno, después de un cierto tiempo, lo acaba siendo respecto de nuestros políticos), se pregunta qué puede haber tras todo ese aparato de luz y sonido, igual que ocurrió con Rodrigo Rato.

Lo primero de todo es deshacer la propaganda oficial sobre el personaje, la que dice que «es un bergante condenado por sentencia firme». Ése era el argumento que los palmeros peperos repetían como loros para que no se le votara en Galicia, en las últimas autonómicas. Efectivamente, así es y así consta en los escritos. Es verdad que cometió un desfalco en Banesto dejando a la entidad con el culo al aire, dicho en román paladino. Y es posible, como él mismo cuenta en Memorias de un preso, que el juez que le condenó —García Castellón— llevara ya la sentencia escrita de casa, por mano distinta de la del juez.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que robó Mario Conde no lo robó sólo para él. Además de él, otras personas se beneficiaron. Y siendo masón como era entonces (ahora no lo sé), mi convicción personal es que los beneficiarios del robo fueron otros hermanos. En su editorial de las 7, Federico afirma que buena parte de ese dinero se empleó en fabricar el antenicidio, la pifia que les echó a él, a Luis Herrero y a Antonio Herrero (conjuntamente con Manuel Martín Ferrand). Y todo porque el felipismo de entonces, que “aceptaba el juego democrático” por haber renunciado al marxismo en Suresnes ’73, no aceptaba la libertad democrática de crítica legítima, barriendo sin piedad a quienes querían ejercer la libertad establecida en el art. 20.1.d de la Constitución.

Pero no sólo eso. Ocho años después (las cosas de palacio van despacio), el Tribunal Supremo declara que el antenicidio es una pifia (así debió haber sido considerada desde el principio) y que hay que devolver las empresas afectadas al mercado, para que puedan volver a ser objeto de compra y venta o, en todo caso, de nuevo comienzo empresarial. Pero, ¡ay! Gobierna Aznar, que no ha sido “el mejor presidente de la democracia”, sino el menos malo, y actuando —suponemos— por consejo de Rodrigo Rato, guarda la dichosa sentencia en un cajón para que permanezca inejecutada per saecula saeculorum. Ahora que está tan de moda esa palabreja, Aznar representaba entonces el cambio frente a las porquerías socialistas que explotaban todos los días en El Mundo. Sí, El Mundo, ese diario que a Génova, 13 le encantaba leer porque todos los días suministraba munición (escándalos) al PP antes de 1996… y que, 20 años después, su director es defenestrado porque a Génova, 13 le disgustan las noticias sobre la Gürtel (aunque también sobre los EREs andaluces y sobre el caso Nóos: vamos, que ya estaba bien de tanto joder).

Pero todo eso, en mi opinión, no es más que tramoya, como les mostraré en la entrada siguiente.

«Imputacionesh e imputacionesh»

Menuda mamarrachada se le ha ocurrido a Mariano para defender la «intangibilidad» del consexo. El todavía presidente del Gobierno pretende distinguir entre «imputaciones» e «imputaciones». Parafraseando a Orwell, «todas las imputaciones son imputaciones, pero algunas imputaciones son menos imputaciones que otras». Vamos, que para este gallego en ejercicio unha cousa é unha cousa é outra cousa é outra cousa.

Quiero traer a colación cierto precepto de la venerable viejecita que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (el 14 de septiembre cumplirá 113 años), en la que todavía se habla de «Escribanía» y de «alguaciles» y de otras figuras largo tiempo ha desaparecidas de nuestro panorama judicial. El precepto es el siguiente:

Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta Ley.

(art. 384 LECrim, in limine).

Estas líneas son el fundamento del auto de procesamiento en el llamado «procedimiento ordinario por delitos graves». Ustedes estarán conmigo en que criterio más claro no puede haber para determinar un cambio de situación personal respecto de quien se sospecha que pudiera haber cometido un delito. De hecho, los más viejos del lugar recordarán que durante los llamados cuarenta años uno iba a pedir trabajo y, si no podía responder negativamente a la pregunta «¿Ha estado usted procesado?», sencillamente no le contrataban.

En el procedimiento abreviado, que se introdujo en 1988, la situación es la siguiente: a través de él se juzgan delitos cuya pena establecida no supere los nueve años de prisión. Caen, por tanto, en ese ámbito, prácticamente todos los delitos que un político o alto cargo de partido, puede cometer: ninguno sobrepasa ese límite. Segundo: en el procedimiento abreviado no existe figura equivalente al auto de procesamiento, sino que una vez existen esos «indicios racionales de criminalidad» y tras oír a las partes y si éstas lo solicitan, el Juez dicta auto de apertura de juicio oral. No queda muy claro cómo hay que llamar al presunto hasta que se produce la imputación.

La reforma que se ha sacado de la manga el Ministro Tragaperras no viene a aclarar esa situación, sino a embarrarla. Ahora, hasta que se dicta ese Rubicón que es el auto de procesamiento (o en el procedimiento abreviado, hasta que se dicta el auto de apertura de juicio oral, porque no hay ese auto de procesamiento), resulta que una persona es investigada. No es que haya indicios racionales de que cierta persona haya cometido un delito. Tampoco es que esa persona se presuma completamente inocente. Por eso se la investiga. No obstante, yo les pregunto: ¿votarían ustedes a alguien de quien se sospechara fundadamente (traducción estándar de «indicio racional de criminalidad») que pueda haber cometido un delito de ésos que sólo pueden cometer los políticos? Estoy seguro de que no les inspiraría ninguna confianza.

El caso es que de las declaraciones de Mariano sólo se puede inferir una cosa: que sólo hasta que recaiga sentencia se puede apartar a alguien de las listas electorales —o, menos frecuentemente, puede renunciar uno a ir en ellas—. Y es lógico: una sentencia condenatoria firme es lo único que puede destruir la presunción de inocencia. Sería lo respetuoso con la letra de la ley. Nada que objetar… si no fuera porque la práctica impone sus correcciones. Sin ir más lejos, en el propio partido de Mariano. Porque no solamente se juzga a Luis Bárcenas, el de «Luis, sé fuerte», sino al tesorero del PP y por tanto, a todos los que pusieron su confianza en él, Mariano el primero. El segundo problema es que, a la velocidad que va la Justicia, debido no sólo a la falta de medios materiales y personales, sino también a las brutales presiones políticas que en casos como el citado sufren los Jueces y Tribunales, el señor Bárcenas o no irá a prisión, o va a oler los barrotes cuando el hijo de la Verónica haga la mili.

Claro que siempre será mejor que se establezca un punto concreto (sentencia) que marear la perdiz. Sí, eso que hacen los responsables de la pesoe, porque tienen a dos presidentes de la Junta de Andalucía caminito del Supremo —eso sí, al paso de las muñecas de Famosa—y cada día dicen algo distinto: que si el «código ético» (de risa, porque se lo han pasado por donde yo les diga cuando les ha dado la gana), que si la imputación, que si la apertura del juicio oral… Vamos, que no se sabe cuándo cree la pesoe que alguien debe dejar de formar parte de una lista electoral.

El único caso que yo conozco en que la regla se ha aplicado con claridad, hasta ahora, ocurrió en Ciudadanos: el entonces diputado autonómico Jordi Cañas tuvo que dejar su escaño por las sospechas —no sé hasta qué punto fundadas— de estar implicado en una pifia cuyo investigado principal era un cuñado suyo. Creo recordar que ni siquiera hizo falta auto de procesamiento o de apertura de juicio oral. Y que, además, quedó posteriormente exculpado de toda responsabilidad penal. Eso sí: como políticamente ya estaba quemado, no pudo volver a su escaño.

Y del otro lado, pero mal, también tenemos al PP y el caso de Ignacio González. Como ya hemos hablado de él, al correspondiente post me remito. Aquí decir solamente que ha bastado una investigación policial, llevada a cabo por un señor que tiene mucha más porquería que tapar que el propio González, para que éste se cayera de las listas. Y cuando lo de González, comparado con lo de otros en su propio partido o en otros partidos, se puede considerar peccata minuta.

Tengan cuidado, pues, con las investigaciones. Ese señor que se dice empleado de compañía telefónica igual está instalando micrófonos en su casa por cuenta del Ministerio del Amor, aunque ustedes no lo sepan. Y, lo peor: que igual el juez que debiera ser competente tampoco lo sabe, porque «sólo son investigaciones policiales» y no se ha comunicado fehacientemente a la Justicia.

Para quiénes son las leyes

Empecemos por la noticia que suscita esta entrada y en especial la frase: «La ley procesal está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador». Frase pronunciada nada menos que por D. Carlos Lesmes, presidente del CGPJ. Hay que aclarar que se refiere a la ley procesal penal, no a la civil; pues desde el año del milenio, es decir, el 2000, España posee una ley más o menos adecuada a los tiempos ─falta todavía que la Administración de Justicia se adecúe a esa Ley─. Su hermana, a la que se refiere Lesmes, es una venerable viejecita de 132 años, pues data de 1882; y al decir de Cervantes, «con más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela» (hoy diríamos «con más parches y piezas de recambio que Robocop»). La última gran reforma se produjo en 1988, pues el TEDH (sí, ése que dio carta blanca a la derogación de la doctrina Parot) nos dijo que no estaba nada bien que el juez que decidiese una causa fuera el mismo que la instruyó. Con la reforma se separaron, pues, ambas funciones, y se introdujo el llamado «procedimiento abreviado» (mejor les ahorro los chistes fáciles sobre la justicia y el tiempo cronológico).
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Vagi a la merda!

Me da vergüenza, como catalán, oír a una soberbia Marta Ferrusola decir esas palabras a una periodista que simplemente hacía su trabajo. Son el resumen y compendio de la actitud de la casta política (no sólo pero también) catalana a quienes les hacen preguntas pertinentes e incómodas.
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Faena y paseíllo

Comencemos por la faena. Menudo está el patio, señores. ¡En qué berenjenal ha metido el todavía (incomprensiblemente) Duque empalmado a su familia política, no sólo a su mujer! El circo ha crecido de tal manera que hoy es un totum revolutum en el que todo el mundo se cree con derecho a decir lo que crea conveniente: desde personas que intentan poner un poco de orden y sensatez en el asunto, hasta los «revolucionarios de horca y cuchillo» (eso sí, en la barra del bar), que pretenden que la real fauna acabe como la familia del zar Nicolás II, con diversas tonalidades de gris. Eso sí: entre las segundas, todas creyendo que «la República es la panacea de todos los males de España».
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De Malaya a M. Alaya (y II)

Y vamos con la segunda parte de la entrada que se prometía en el título de la primera, sin movernos de Andalucía y olé. Un servidor de ustedes intuía que no era momento de continuar la entrada anterior, que ya iba bastante larga y que era bueno esperar. Y la espera ha tenido premio: las novedades en el caso de los EREs andaluces son de aúpa. Pero vamos por partes, que dijera Jack el Destripador. Sigue leyendo “De Malaya a M. Alaya (y II)”

«Hable»

Hace ya unos cuantos años tenía yo una saladísima amiga sevillana que, al llamarla yo por teléfono, en vez del «¿Diga?» habitual y con curva de entonación interrogativa, decía «Hable» y con entonación más o menos imperativa. Es decir: hable usted y diga lo que tenga que decirme sin demora. A mí siempre me chocaba esa respuesta; de hecho, sentía cómo me ponía firmes y todo. Nunca más supe qué fue de ella y ciertamente nunca volví a encontrar a nadie que respondiera a una llamada de teléfono de tan –para mí– singular manera. Sin embargo, este recuerdo (placentero, por otra parte), me sirve ahora para repasar de un vistazo la actualidad de este verano caliente. Y de ese repaso deduzco que hay muchas personas que, debiendo hablar, no hablan. Sigue leyendo “«Hable»”

A la Justicia no la va a reconocer ni la madre que la parió

Original aquí: http://www.facebook.com/jose.rivascarreno/posts/496932760345119. Nos hemos permitido alguna adaptación, pero no quita ni añade nada a la fuerza del texto. «Gracias, gracias, gracias», Faraón. Sigue leyendo “A la Justicia no la va a reconocer ni la madre que la parió”