Empecemos por la noticia que suscita esta entrada y en especial la frase: «La ley procesal está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador». Frase pronunciada nada menos que por D. Carlos Lesmes, presidente del CGPJ. Hay que aclarar que se refiere a la ley procesal penal, no a la civil; pues desde el año del milenio, es decir, el 2000, España posee una ley más o menos adecuada a los tiempos ─falta todavía que la Administración de Justicia se adecúe a esa Ley─. Su hermana, a la que se refiere Lesmes, es una venerable viejecita de 132 años, pues data de 1882; y al decir de Cervantes, «con más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela» (hoy diríamos «con más parches y piezas de recambio que Robocop»). La última gran reforma se produjo en 1988, pues el TEDH (sí, ése que dio carta blanca a la derogación de la doctrina Parot) nos dijo que no estaba nada bien que el juez que decidiese una causa fuera el mismo que la instruyó. Con la reforma se separaron, pues, ambas funciones, y se introdujo el llamado «procedimiento abreviado» (mejor les ahorro los chistes fáciles sobre la justicia y el tiempo cronológico).

Planteada así la cuestión, volvemos a la pregunta inicial: ¿para quién son las leyes procesales? Tal y como dice acertadamente el presidente del CGPJ, no son para los «grandes defraudadores».

De entrada, porque rara vez les echan el guante. La Justicia es tan consciente de su misión que cuando tiene que echar el guante a un pez gordo pide permiso al Ejecutivo; y éste, valorando las circunstancias (políticas) que hacen al caso, lo concederá o no. Es fácil que considere que con la pena de quiosco o de telediario tenga suficiente; en algún caso más grave, la cosa puede llegar hasta prisión provisional (con o sin fianza). ¿Y las condenas por sentencia firme? Ah, no. Ésas quedan reservadas a caídos en desgracia «que no hay por dónde coger sin pringarse», como los expresidentes baleares Mª Antònia Munar o Jaume Matas.

Y en segundo lugar, porque cuando se consigue que esos peces gordos acudan a los Tribunales (previo permiso del Ejecutivo siempre), resulta que lo hacen acompañados de esos equipos de abogados y procuradores de tantas campanillas que encuentran ese resquicio legal por el cual su cliente, que les paga una pasta muy gansa, se puede escapar o bien del delito, o bien de la pena. Como hubiera dicho nuestro amigo Bonasera, sospensione della pena!

Continuemos nuestra argumentación, porque a partir de aquí yerra D. Carlos. La ley procesal penal tampoco es para los «robagallinas», como dice él. ¿Cuántas veces los ciudadanos de a pie hemos visto que los sospechosos habituales entran y salen de los juzgados como si éstos tuvieran puertas giratorias? Manguis de poca monta, multirreincidentes, gamberretes a los que les hace falta un azote y otras hierbas, prácticamente no conocen los barrotes de la cárcel porque la Justicia es un caos organizado y no hay forma de que esos manguis se vean encerrados durante algún tiempo, al menos, para que reflexionen. Más aún: como se declaran insolventes, en caso de existir daños no hay posibilidad de reparación directa. Y aunque el Estado es el teórico responsable subsidiario, no quiero apostar sobre el tiempo que pueden tardar ustedes en ser resarcidos, cuando menos, de los daños.

La pregunta sigue sin ser contestada, hasta ahora. Ya es hora de responder ¿Para quiénes son las leyes? Pues para los que quedamos, a saber: la antigua y ya muy vapuleada clase media. La que soporta desde 1977 un riguroso control fiscal (y de otros tipos) a través de esa cosa llamada «imposición directa» (sobre todo, IRPF, pero no menos IS y ese atraco a mano armada llamado ISD). La que ha sido frita a impuestos por todos los Ministros, Consejeros y concejales de Hacienda de todas las «Administraciones». Para aquellos que, habiendo sido ciudadanos honrados y respetuosos con la ley, llegan a un nivel de hartazgo tal que un mal día pierden la cabeza y cometen un delito o infracción administrativa. A ellos sí les cae todo el peso de la ley. A ellos sí que por 20 euros de diferencia Hacienda les levanta una paralela y además les clava un 20 por ciento de recargo. A ellos no les vale el quien roba a un ladrón que otros aplican tan alegremente.

Y bien: ¿reforma de la LECrim? Sí, por supuesto. Ya es hora de jubilar a esa viejecita venerable de 1882 y dar paso a una Ley moderna y adecuada a las exigencias de la criminalidad actual. Sólo hay un problema: que las dos presuntas «alternativas de gobierno» (que, por si fuera poco, pretenden ser las únicas) acumulan ellas solas nada menos que 1.700 casos de corrupción en toda clase de Tribunales. Si hemos de fiarnos de que esta gente va a aprobar esa Ley que necesitamos… ya podemos encomendarnos a Dios y a todos los santos del calendario.