Concatenación (II)

La sentencia del procés

La primera pata del plan de Sánchezstein pasaba –pasa, como veremos más adelante– por dispensar un trato amable a los separatistas catalanes que iban a ser juzgados el pasado 1 de octubre, hace exactamente un mes. Claro que un Gobierno en funciones es lo que tiene: su extrema debilidad le hace extremadamente sensible a todo tipo de presiones, como las inmundas presiones políticas recibidas del separatismo catalán. Qué duda cabe que han conseguido, siquiera sea parcialmente, su objetivo.

Supongo –y pido disculpas por ello– que me precipité al elogiar la actuación hasta ese momento de Manuel Marchena, presidente a la sazón de la Sala II del TS. Como dijo Federico en su momento, «a los jueces hay que juzgarlos por sus sentencias», no tanto por lo que hagan en el acto de juicio. No obstante, lo que al popular radiofonista se le olvidó mencionar y yo debí haber tenido en cuenta por haberlo dicho ya antes, es que política y justicia forman una coyunda inmunda; y que, por tanto, cuando se trata de juzgar a políticos delincuentes (como eran todos los sentados en el banquillo de los acusados), las sentencias vienen escritas de arriba. Inauguró esa nada venerable tradición Felipe González con el asunto de Rumasa y la continuó con el asunto de Banesto (a Neguri no le gustó que un advenedizo se les subiera a la txepa, por muy masonazo que fuera, y se lo hicieron pagar). Para volvernos a encontrar con algo así hay que saltar el intervalo aznarista y llegar hasta ZP con la infame sentencia del 11-M. Bien es verdad que Aznar hizo otra cosa no menos deleznable, que fue incumplir la sentencia del TS relativa al antenicidio: la recibió y la metió en el cajón, quedándose ahí muerta de risa. Pero eso, como diría mi antiguo profesor de Economía Política, Pere Mir, són figues d’un altre paner.

Y ahora esto, pues. Hay que admitir que tiene su mérito convertir a todo un Alto Tribunal en escribas al dictado y en lacayos con puñetas, sometidos –mejor no describo lo que ha sido en realidad– a la superior raison d’État, argumento de peso desde Luis XIV. Claro que como dijo alguien, un muerto no muerde y un vivo al que se le hace un favor –o se le promete hacerlo, al menos–, tampoco. Parece ser que alguien deslizó en los oídos del señor Marchena las palabras «Presidente del Tribunal Supremo» (por tanto, también del CGPJ) y el susodicho se licuó. Tanto, que hoy lo único parece que es suyo en la sentencia del procés es su firma tras el fallo. Dicho fallo tiene dos notas características, entre otras que se puedan citar:

a) Niega la verdad. Rebajó la calificación penal de los hechos de rebelión (lo que fue, en verdad) a sedición, que supone también una interesante rebaja de pena. Este hecho ya se cobró una víctima en la persona de Edmundo Bal, Abogado del Estado encargado de decir lo que quería su jefa, Información Vaginal, por negarse a ello. También esto otro lo hemos visto antes: «¡Es sedición y valeyá!». Es una suerte que no hubieran encargado a Olga Sánchez, hoy ascendida a Fiscala del TS por méritos de diversa consideración, formar parte de la acusación pública.

b) Pone al zorro a cuidar del gallinero. Aquí el zorro es la Generalitat de Catalunya. Las gallinas… bueno, no hay más que recordar a la indecible Carme Forcadell, siéndole tomada declaración ante el TS. Guardaba un parecido asombroso con Rita-me-irrita, la rojelia pija que declaró ante la Justicia por despelotarse en medio de una misa, respondiendo sotto voce y con la cabeza baja, como si lo suyo hubiera sido poco más que fumar en el lavabo y la hubiera pillado la Madre Superiora. La cuestión es que la sentencia entrega a la Generalitat (a Presons, concretamente) la ejecución de la misma. No es difícil imaginar que, con una Generalitat en abierta rebelión contra el Estado, los sediciosos coman tranquilamente el turrón en su casa y entren y salgan de Lledoners cuando les venga en gana. Y luego, cuando se olvide este asunto o a nadie de los importantes le importe mucho, los sacarán por la puerta de atrás.

En resumen: una burla de sentencia, sobre todo si la comparamos con la asonada de Tejero, que eso sí fue considerado como rebelión militar y juzgado y castigado como tal. Es malo para la democracia que el Alto Tribunal nos acostumbre a esta clase de fechorías, como es malo que el respetable en general comprenda que «el Código Penal está para los robaperas (vulgo españolitos de a pie, como ustedes y yo), no para los peces gordos». Lo que nos lleva a tres conclusiones. La primera, a una frase mítica de D. Francisco de Quevedo que él mismo sufrió en sus carnes: «Donde hay poca justicia es peligroso tener razón». La segunda, la de «per la giustizia dobbiamo andare da Don Corleone». Y la tercera, la de «si los Tribunales no me hacen justicia, la justicia me la hago yo (con razón o sin ella)». En cualquiera de los tres casos, ¿para qué necesitaríamos todo el entramado judicial?

Márchese a su casa, señor Marchena. O, si es cierto lo que corre por ahí, a su sillón bienpagao. Pero, por favor, no nos aburra hablándonos de «justicia». No quedaría bien.