No crea el amable lector que este artículo va a versar sobre una crítica de cine, o cosa parecida. Es un artículo o post que va a versar sobre algo tan serio como es la Justicia.
Sabido es que nuestro Estado de Derecho se asienta —al menos sobre el papel— en un pilar fundamental: la separación de poderes. Para el sano funcionamiento de un sistema democrático, es fundamental que el Poder Legislativo no pueda meter las narices en el Ejecutivo (o a la inversa), ni éstos, a su vez, en el Poder Judicial. La independencia respectiva de cada uno de los Poderes garantiza que las normas emanadas del Legislativo son ejecutadas tal como fueron emanadas y que, en caso de desviación (técnicamente, «desviación de poder»), la misma puede ser inmediatamente corregida en sede jurisdiccional.
En España, sin embargo (desconozco lo que ocurre en otros países), hemos llegado a un punto en que las barreras comienzan a difuminarse. Para empezar, resulta que si un partido político goza de una mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso (pongamos por caso, 202 diputados), todos los demás partidos sobran porque no añaden ni quitan nada a la mayoría necesaria. Así, pues, aunque dicho partido mayoritario aprobase una hipotética «Ley del Pedo», el que los demás partidos expresaran su oposición o su asentimiento tendría únicamente efectos «morales». Ya tenemos aquí un primer efecto perverso del predominio de la mayoría y, de paso, de la interferencia del Ejecutivo en la tarea del Legislativo (aunque, eso sí: perfectamente legal).
En éstas estábamos en 1985. Un PSOE crecido que gozaba de los citados 202 diputados, hasta el punto de que Alfonso Guerra, siempre ocurrente, se partía de risa diciendo aquello de «¡No tenemos oposición!». Y en el verano aquél, justo antes de irnos de vacaciones, ese PSOE crecido perpetró la Ley Orgánica del Poder Judicial (7 de julio de 1985). Y en aquella ocasión, Alfonso Guerra dijo una de esas frases lapidarias por las cuales ha pasado a la historia: «Montesquieu ha muerto».
Él sabía muy bien por qué lo decía. La famosa LOPJ (y su compañera, la LOCGPJ) consagraban la posibilidad de que la formación de los órganos colegiados superiores del Tercer Poder se vinculara a la representación parlamentaria. Es decir: que la composición de los órganos rectores de la judicatura fuera decidida por los políticos.
Con ello se hiere de muerte a la independencia política de la judicatura y se da entrada a que los jueces tengan «filiación política» (hoy, hasta el tato sabe que la APM es «pepera» y JpD es «progre»), a pesar de que formalmente no puedan ingresar en los partidos. A partir de ahora, cualquier asunto debatido en sede judicial que tenga un carácter ostensiblemente «político», podrá verse sometido a las presiones del partido o prohombre afectado (habitualmente, el PSOE). No está de más recordar los casos «Sogecable», que se llevó por delante a uno de los jueces más honrados de la democracia, o el del «antenicidio» (que sí, que Federico respira por la herida) cuyo fallo el PP, aun gozando de mayoría absoluta, no se atrevió a ejecutar.
Y toda esta digresión, ¿para qué? Pues para mostrar el hecho de que el Poder Judicial es el garante último de la legalidad y la integridad de nuestro ordenamiento (a un nivel más elevado, el TC garantiza la constitucionalidad de las normas, pero de eso mejor hablamos otro día). Lo que significa que, en las condiciones en que está el Poder Judicial hoy en día, quien llegue a controlarlo no tiene que preocuparse de que sus decisiones estén o no ajustadas a Derecho. No soportará control de ningún tipo, porque cualquier recurso que se presente contra una ley injusta se verá abocado al fracaso. La consecuencia más inmediata de la situación es que nos encontraremos ante un gobierno formalmente democrático y sustancialmente autoritario o dictatorial (peligrosamente parecido a la «democracia orgánica» franquista).
¿Sorprende ahora o no sorprende que el PSOE se haya dedicado con ahínco a manosear las decisiones judiciales que le afectan? ¿Sorprende ahora o no sorprende que en Cataluña pretendan que el recorrido judicial de un asunto termine en el TSJ de la Comunidad? De ahí que el control de la judicatura haya sido y es el «obscuro objeto del deseo» de los gobernantes con pulsiones autoritarias o que, simplemente, se pretenden soberbiamente más allá del control de sus conciudadanos (léase Felipe, léase Pujol, léase Zapo…). Quien controle la judicatura y la convierta en su perro fiel es un gobernante virtualmente impune.
Habida cuenta, pues, de cómo están las cosas, sólo resta hacernos una pregunta. Tuvo que ser un poeta satírico quien se la hiciera, cómo no (para enfrentar ciertos temas hace falta una dosis de humor negro). Lanzamos ya esa no menos lapidaria pregunta de Juvenal: Quis custodiet ipsos custodes? O dicho de otra forma: ¿al servicio de quién ponen los jueces hoy en día su ciencia y su saber cuando la justicia llama a la puerta de los políticos?
El cántaro del Aguador 
Esta es la cuestión esencial, que al no existir verdadera separación de poderes, el gobierno se sitúa por encima de las leyes (eso es lo que llamamos dictadura.) De ahí que se viole la Constitución, La Ley de Partidos, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y lo que haga falta: Aquí no pasa nada. Y luego pueden venir los derechos más fundamentales (por supuesto, bajo la apariencia de «protegerlos mejor»). Es un proceso infernal que ya ha ocurrido tantas veces en la historia que casi cansa tener que exponerlo, pero por lo visto hay que hacerlo una y otra vez.
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Tema complejo,amigo aguador.Yo creo que la division de poderes ha sido,es y sera imposible de darse.Los distintos poderes se ejercen por personas.Hay algunas que escapan a ideologias y atiendan de manera objetiva su trabajo pero siempre habra las que no.Que la designacion de Magistrados las haga el Poder Judicial en vez del Parlamento no solventaria,por tanto,nada.Solo cabria extraer del cerebro de los politicos,jueces y fiscales su parte ideologica.Nunca ha habido por tanto division de poderes, ni la abra.La diferencia fundamental entre la realidad politica de ayer y la de hoy es que los anteriores Gobiernos respetaron,cuando pudieron hacer lo contrario,las reglas de juego fundamentales(la Constitucion)y este Gobierno ha suvbertido el regimen constitucional de hecho.Ahora toca esperar si el TC confirma el cambio de regimen.El problema creo,por tanto, que es la lealtad a la Constitucion y no la division de poderes.O lo que es lo mismo,el problema es el totalitarismo de Zapatero y su Gobierno. En cuanto al ejemplo.las fuerzas minoritarias del Parlamento si tienen funcion:el control del Ejecutivo,por ejemplo,a traves de la mocion de censura.Esto no es vulneracion de la division de poderes sino Estado de Derecho puro y duro.Saludos
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Creo que no estoy de acuerdo en esa afirmación; que no existe ni puede existir una verdadera separación de poderes, de hecho pensar que no existe es lo que llevó a los socialistas a cargársela. Es un pensamiento marxista el que niega esa posibilidad , ya que la ley es para él siempre una superestructura que expresa un interés de clase, y los jueces no escapan a eso. No creo en esa concepción de la justicia , opongo la idea de una justicia expresión de un ideal humano por encima de los intereses de clase.
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Y desde luego siempre tendrá más garantía para el ciudadano una justicia cuyos miembros no son nombrados por los políticos que otra cuyos miembros son puestos por ellos,facil es adivinar las razones, demasiado humanas . Creo que a ese «plus»no debe renunciarse porque la garantía absoluta de la separación de poderes , que está en la conciencia del juez, esa no puede obtenerse, pero ésta otra sí.
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Por tanto mi consejo al señor decentes es , déjese usted de esperar lealtades que nunca podrán garantizarse y haga lo posible y factible, sabiendo que la perfección solo es la huella de Dios en la mente humana.
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