Gekados

Con esta abreviatura se designaba el muy alto grado de confidencialidad de un asunto en la Alemania nazi. De hecho, la abreviatura lo es de las palabras Geheime Kommandosache, que significa «asunto secreto reservado al mando». Se trataba de asuntos que sólo concernían a éste y que para cualquier otra persona era mejor no conocer. Se complementaba esta calificación con la llamada Orden nº 1 del propio Hitler, de 23 de agosto de 1939, «dirigida a todas las autoridades civiles y militares del país». Dicha Orden estaba redactada en los siguientes términos:

«1. Nadie podrá tener conocimiento de los asuntos secretos que no sean de su propia incumbencia.

»2. Cualquier autoridad o funcionario habrá de saber tan sólo aquello que resulte estrictamente necesario para el buen cumplimiento de su misión.

»3. Nadie habrá de tener conocimiento de las obligaciones que le incumban antes de que sea necesario.

»4. Las órdenes indispensables que a cualquier nivel se deban transmitir a los servicios subordinados habrán de contener el mínimo de información necesaria para el cumplimiento de una tarea concreta y nunca serán enviadas antes de que sea preciso.»

Con estos antecedentes, necesarios para nuestra exposición, podemos enfrentarnos a la que ha sido la primera decisión de la ministra Chacón: perseguir a aquellos militares que vierten sus opiniones sobre cuestiones militares en foros o en blogs. Y ello más allá del golpe de efecto que ha supuesto la visita relámpago de la ministra a Afganistán (donde, recordemos, hay guerra, se tiran tiros, muere gente y no hay petróleo).

Añadamos ahora —y perdóneseme la profusión de referencias normativas— un segundo elemento. Se trata del artículo 178 de la Ley 85/1978 de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. Éste es su tenor literal:

«El militar tiene derecho a la libertad de expresión, pero necesitará autorización previa para su ejercicio cuando trate cuestiones que pudieran perjudicar a la debida protección de la seguridad nacional o utilice datos que sólo pueda conocer por razón de su destino o cargo en las Fuerzas Armadas.»

Dicho artículo se complementa con el artículo 191 de las citadas Ordenanzas:

«Cuando estuviere destacado en cursos, comisiones o unidades con mando orgánico no español, así como en maniobras combinadas en territorio nacional o extranjero, todo militar observará en su trato con los miembros de otros Ejércitos las mismas reglas de comportamiento que rigen en las Fuerzas Armadas nacionales.»

Imagino que éste es el artículo que invocarán los jurídicos militares a la hora de cercenar la libertad de expresión de los militares. Interesa especialmente la segunda de las circunstancias: uso de datos que sólo se puedan conocer por razón del cargo o destino en las Fuerzas Armadas. Se pretende, pues, que el militar no dé información alguna que permita deducir las condiciones en que está prestando servicio, ya sea en territorio nacional o allende sus fronteras. Pero, al mismo tiempo, cabe deducir que si esta normativa hubiera sido de aplicación, difícilmente nos hubiésemos enterado de que los BMR que se destinaron al Líbano iban derechitos a la muerte por falta de inhibidores de frecuencia. Con el feo agravante del desmentido a Toño cuando dijo que nadie llevaba inhibidores en sus vehículos. O los intentos de escamotear información en la muerte de la soldado Idoia Rodríguez Buján, a la que por narices hubo que conceder la cruz con distintivo rojo (implícita admisión de que la misión «de paz» era en realidad misión «de guerra» para congraciarse con Bush).

Pues bien. La ministra Chacón va a echar el cerrojo respecto de esas informaciones informales que, aun cuando no pongan en peligro la seguridad nacional, sí se conocen exclusivamente por razón de cargo o destino, además con criterio de extraterritorialidad. La misma función tuvo Rubalcaba en Interior, precedido igualmente por Toño. Las goteras eran tan notorias que ZP hubo de poner a alguien capaz de cerrar el grifo y ése, en esos momentos, no era otro que el insumergible Rubalcaba.

¿A qué nos lleva todo esto? A que en materia de Defensa, como ya decíamos en otras entradas de este blog, las cosas no han cambiado en absoluto desde hace treinta años. El militar sigue siendo ciudadano de segunda (lo de «ciudadanos de uniforme» ha quedado en el más profundo de los olvidos y suena a burla, befa y mofa en las circunstancias actuales), con independencia del color del gobierno. En este sentido no está de más recordar el inicuo art. 181 del texto legal citado:

«Los miembros de las Fuerzas Armadas, por cuyos intereses vela el Estado, no podrán participar en sindicatos y asociaciones con finalidad reivindicativa. Tampoco podrán condicionar, en ningún caso, el cumplimiento de sus cometidos a una mejor satisfacción de sus intereses personales o profesionales ni recurrir a ninguna de las formas directas o indirectas de huelga.»

Ahora bien: ¿qué ocurre si el Estado, como hemos visto, no vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas? Legalmente sólo tienen el recurso de aguantarse; pero eso sí: «con espíritu de sacrificio, disciplina militar y acendrado amor a la Patria». O dicho de otro modo: se pretende que el militar deje de usar su cerebro y que sean otros los que en todo momento le digan lo que tiene que hacer, pensar, sentir o decir. La felicidad pasa —y esto vale para todos, militares y civiles— por dejar de usar el cerebro.

Así, pues, la ministra Chacón ha decidido matar mosquitos a cañonazos y utiliza a los efectivos de la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil para rastrear a los opinantes-traidores, en vez de dejar que se ocupen de una tarea más importante, cual es la de perseguir a los ciberdelincuentes, las redes de pederastia, a los terroristas que usan Internet para comunicarse entre ellos… Vamos, como si no tuvieran trabajo ya. Un escalón más en la degradación de los derechos de los militares, pero usando esta vez el espíritu de la Orden nº 1 y el criterio de la invisibilidad, tan caro a la izquierda («lo que no se sabe, no existe»).

Un ministro (o ministra, ya que estamos) de Defensa en condiciones haría lo posible por dignificar la función militar a los ojos del pueblo. Dignificación que no consiste en convertir el Ejército en una «ONG especializada de personas con derecho a portar armas para defender la paz mundial». Un servidor se conformaría con que nuestras Fuerzas Armadas fuesen capaces al 100% de cumplir con las misiones que le encomienda la Constitución (art. 8):

«1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.»

Con eso bastaría. De verdad. Lástima que con esta ministra podemos esperar sentados. Pero no se lo digan a nadie: es gekados.