El PP nos tiene a ración de cal y arena (no vamos a caer en la tentación del chiste fácil en relación a las próximas andaluzas). Pero después de comprobar con bastante horror que las medidas económicas del PP son casi las mismas que llevaba IU en su programa electoral, nos salta la prensa de hoy con la noticia de que se pretende que «sean los jueces quienes elijan a quienes van a regir los destinos del Poder Judicial». Es decir: si el titular no engaña, se corregiría la intromisión del Poder Legislativo que bendijo la LOPJ de 1985, que diera pie al «ínclito» Arfonzo Guerra a proclamar aquello de «Montesquieu ha muerto». Parece que monsieur de Secondat no estaba muerto del todo, aunque tampoco estuviera tomando cañas.

No obstante, después de tantos años de mentiras, medias verdades y pasteleo, mucho pasteleo (daba vergüenza ajena la foto de ZP y Rajoy tras haber pactado los nombres de los 20 vocales del CGPJ), estaremos atentos al dicho de Romanones: «No me importa quién haga la ley, siempre que a mí me dejen hacer el reglamento». Veremos cómo rearticulan ese gobierno de los jueces para los jueces. Por de pronto la idea es buena, aunque ya la izquierda toda e hijos de Sabino hayan montado en cólera. ¿Será que tienen algo que temer? Desde luego, parece que algo que perder sí tienen (poder, cómo no), si la reforma se encamina correctamente.

Y lo que me parece estupendo es la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad: permitirá que mientras el TC discute o no la constitucionalidad de la ley ésta no entre en vigor, tal como ocurrió con el inconstitucional Estatut de Cataluña, ése que sólo votó favorablemente un 34% del total del censo. O tres partes de lo mismo con la Ley Aído, que siendo discutiblemente constitucional, entró en vigor nada más aprobarse. Habría, al menos, un mayor margen para frenar la aprobación de leyes que la sociedad (que es a quien se deben los políticos) no sólo no ha pedido, sino que además van en su contra.

Por último, también suena bien la música de reformar la Ley del Menor. No queremos más casos Marta del Castillo, ni más casos Sandra Palo. En este último caso, que el Rafita se pasee libre como un pájaro porque la legislación ha permitido que no se tuviera demasiado en cuenta su verdaderamente horrendo crimen debería herir la piel de rinoceronte de algunos jueces y políticos. Sin olvidar las ramificaciones políticas del caso Marta del Castillo, de las que no se ha hablado demasiado y de las que aquí hay una explicación. Tal vez algún juez (ninguno de los que ha dictado la infame sentencia del caso, desde luego) debiera investigar eso.

Actualización

Alucinante el cinismo de algunos, a quienes nunca pareció mal que su partido utilizara medios públicos o privados para hacer su política de espaldas a la Nación…

(Gracias, Noatodo)