No se crean ustedes que es una pregunta retórica. Quizá debiera preguntar si «hubo alguien alguna vez» allí donde debieran vigilarse los dineros públicos y su uso. Yo creía que se trataba de sitios como el Banco de España, o la Intervención General del Estado. La lectura del artículo del maestro Carrascal en el ABC de hoy, aunque sea poca la sangre que ustedes tengan en las venas, se la hará hervir. Como se la hará hervir el «cuadro de honor» de los diezmileuristas de ZP que publica ABC en sus páginas 26 y 27 de su edición de hoy.

La respuesta a la pregunta: no hay nadie. El septenio terrible de ZP vació no sólo las arcas públicas, sino que también vació de contenido y de personal los organismos de control de las mismas. A partir de 2004 se consolidó una forma de gobernar que sólo incluía a los de la burbuja; burbuja que no es la inmobiliaria, sino esa burbuja en que viven todos los miembros y miembras de la casta, ajenos absolutamente a lo que ocurre extramuros de esa burbuja. Vean, si no:

Aquí se ha robado a mansalva, aquí se han llevado el dinero y cuanto pillaban por delante a espuertas. Aquí se ha entrado a saco en las arcas del Estado, en los presupuestos municipales, en las Cajas de Ahorro, en las dietas de libre disposición, en los cursos de formación, en los festejos de relumbrón, en las ONGs más variopintas, en los organismos más chuscos. Sin el menor reparo, el menor pudor, el menor control. Todo servía para llevarse un buen fajo, o un buen puesto, a fin de cuentas «el dinero público no es de nadie», como decía aquella ministra, mostrando la ignorancia y desvergüenza de una clase política que aún no se ha enterado que el dinero público es de los contribuyentes.

Entiéndase «clase política» a todos los niveles y de todos los colores. El saqueo organizado de las arcas públicas (y semiprivadas de las Cajas de Ahorros) se estructuró en los años 80, explotó en los 90 y ahora, en la primera década del siglo XXI ya es un hábito o enfermedad endémica, que hace que cualquier alcalducho de población mayor de 1.000 habitantes desee poseer un coche oficial como el que tiene el jefazo provincial de su partido. Éste, a su vez, quiere un chabolo como el que se ha montado el jefe regional, que al mismo tiempo es alcalde de una población grande y senador por real designación (no hay problema: es un acto debido y al Rey no tienen siquiera que gustarle los pájaros que le presentan. Él firma y ahí se acaba su cometido). Pero hay más: el político siente envidia del banquero y quiere ponerse a su mismo nivel, por aquello de que «ya que ha entrado en política a «servir al pueblo», al menos que le compense». Y el banquero pasa amigablemente una mano sobre el hombro del político y le dice: «Nada, hombre. Tú cuando termines de «servir al pueblo» me vienes a ver y hablamos de lo tuyo».

Eh, ¿sigue sin haber nadie? Es posible que no. ¿Cómo va a atacar el nuevo Gobierno de Rajoy este sistema de expolio organizado si al día siguiente de dejar la poltrona ellos también van a apuntarse a este cambalache? ¿Acaso ellos no van a ser diezmileuristas pensionistas? De ahí bajando hasta el electricista gallego que se cree legitimado para robar una obra de incalculable valor simplemente porque ve hacer tal cosa a quienes deberían dar ejemplo. E por qué eles sí poden e eu non? Y todo ello, cuando hablamos de unos señores (el gobierno anterior) que deberían estar juzgados y no condecorados y pensionados por «cuestiones de mero protocolo».

Terminamos con cita:

«Cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto» (Friedrich von Hardenberg, Novalis).