Vamos a hacer una ley (y III)

Para concluir esta serie, permítanme una larguísima, pero al mismo tiempo esclarecedora cita de por qué ciertos asuntos, empezando por aquellos a los que se refiere, pasando por el de Rato o Chaves-Griñán y terminando por todo el asunto de los Pujoles y CDC, que es en lo que estamos ahora, van por los carriles que van.

Los casos notorios de corrupción o de irregularidades de comportamientos se cuentan por millares y, a pocas indagaciones que se hiciesen, ascenderían a docenas de miles y, sin embargo, la mayoría quedan impunes. ¿A qué se deben entonces las escasísimas condenas que se producen? Pues desde luego no a la irregularidad de los asuntos sino a razones políticas o a ajustes de cuentas que se sirven cínicamente de los jueces para conseguir sus objetivos. No se sabe, en consecuencia, qué es más grave: si la abundancia de casos que no se persiguen o la rareza de los que se castigan.

Piénsese en lo que sucedió con Mariano Rubio, el tristemente famoso director del Banco de España. Su comportamiento era público y, no obstante, tolerado por el Gobierno hasta que llegó una coyuntura política que aconsejaba «dar la impresión» de que se estaba haciendo justicia, y más con los poderosos. A tal efecto, de la noche a la mañana, se desbloquearon los frenos del expediente y el señor Rubio —después de haber sido humillado ante las cámaras de televisión— fue a dormir entre rejas. Ahora bien, una vez conseguido el objetivo moralizante, regresó a su casa y se descubrió que buena parte de los delitos imputados ya habían prescrito.

El caso de Pascual Estevill no es menos escarnecedor. Hasta el último abogado de Barcelona, y buena parte de sus empresarios, conocía las prácticas delictivas de este juez y, sin embargo, no sólo se detenían las denuncias que contra él se presentaban sino que por recomendación de un político-abogado catalán (Joan Piqué Vidal, abogado de la famiglia), hecha suya por un partido nacionalista al que nada se escapa de lo que allí sucede, fue promocionado al Consejo General del Poder Judicial. La estupefacción que produjo tal nombramiento fue mayúscula; pero no pasó nada hasta que, sobrevenida una coyuntura política en la que interesaba poner en evidencia al partido indicado y a sus socios, se «descubrió» el escándalo y en un tiempo también brevísimo se desbloquearon los frenos del proceso y el señor Pascual Estevill dio con sus huesos en la cárcel ante una opinión pública desconcertada por el hecho de que con indicios delictivos al parecer tan notorios, eso no hubiera sucedido antes. Y sobre todo: ¿por qué en ese momento preciso? ¿Quién aflojó el freno y por qué razón? Pero ¿es que la Justicia puede bloquearse cuando interesa? Así parece y así es.

Alejandro Nieto, La «nueva» organización del desgobierno, p. 211,

7ª impresión, 2010

Sólo nos queda una pregunta: ¿qué pueden saber en CDC de trapos sucios del PP en Cataluña que impiden que el Gobierno de Rajoy siente la mano con la debida contundencia, más allá del carácter necesario de la participación de los independentistas en el consexo socialdemócrata para la gobernabilidad del Estado? Sólo así se pueden entender ciertas danzas, contradanzas y otras malas costumbres que imperan desde 1978. Malo cuando el ritmo judicial se ajusta demasiado al político.

Resumiendo: no son necesarias más leyes, sino más voluntad para cumplir y hacer cumplir las que ya se han promulgado. Una vez más, el consexo socialdemócrata nos toma por tontos.

Vamos a hacer una ley (II)

Hagamos pues, una ley. ¿Quiere eso decir que en este momento no hay instrumentos legales suficientes para actuar contra Mas y su banda? Claro que los hay. Como expresa Ignacio Gomá, tenemos el art. 155 CE y diversos artículos del Código Penal, como el 410 respecto del incumplimiento de las resoluciones judiciales. No se puede, en cambio, de hablar de sedición aún, porque ésta exige «alzarse pública y tumultuariamente» (544 CP), cosa que aún no ha sucedido. Para ello, Mas debería sacar a pasear las tanquetas de los Mossos por la Diagonal y establecer el toque de queda militar, al modo de Milans del Bosch en Valencia el 23-F. Pero ya se cuidan ellos de no llegar a este punto.

El frente administrativo judicial no avanza a un ritmo más rápido. Para empezar, contemos los pasos: hace dos años L’Avi II confesaba públicamente que durante treinta y dos años había sido un ladrón. Da igual si lo hizo para acallar su conciencia —dudoso— o para proteger a la famiglia —mucho más probable— y evitar en lo posible que sus hijos oliesen los barrotes. Que al parecer podrían todos. Sin embargo, sepan ustedes que es notoria la diferencia entre Juan Español (o Joan Català) y un hijo de Pujol. Si Juan Español está en situación de cometer  y comete un delito de apropiación indebida, delitos societarios varios e incluso evasión y blanqueo de capitales, lo primero que se hace es retirarle el pasaporte y bloquear sus cuentas a medida que la investigación policial avanza, así como atornillarle (dentro de la ley, por supuesto), para que confiese.

Pero si uno tiene suerte y es hijo de Don Giorgio, no le pasará absolutamente nada. Todo lo más, que tendrá que ir a declarar ante el Parlament, o sea ante unos señores de quienes Papi sabe muchos trapos sucios o, porque son recién llegados, se les puede tapar la boca con un «ustedes no saben nada porque son nuevos en la plaza». Sobre todo si Papi ya tuvo que declarar ante ellos y además acabó abroncándolos (tots muts i a la gàbia, increíblemente).

Tampoco es que Hacienda se dé mucha prisa con ellos. No creo que ustedes conozcan a ningún particular o empresa cuya situación de embargo de bienes dure 5 años y no se haya ejecutado lo que se tenga que ejecutar. Pues eso es lo que ocurre con CDC. Nadie entiende por qué Montoro, además de soltar pasta cada equis tiempo a la Generalitat (que no «a los catalanes»), no ha dado luz verde a los correspondientes trámites para que el erario público se haga pagar lo que CDC le debe. Pero lo mejor son las declaraciones del propio Montoro, que dice que lleva siguiendo el rastro a la familia Pujoldesde 2000. Si consideramos lo que Hacienda tarda en levantar una paralela a Juan Español cuando advierte la más mínima discrepancia entre sus datos y los de la declaración tributaria, uno acaba concluyendo que «es otro nivel». Y si consideramos que a Pujol se le pudo echar el guante desde 1983 (caso Banca Catalana, carpetazo de Alfonso Guerra), es normal que crezca la indignación.

Vamos a hacer una ley (I)

Estamos en lo que los pedantes llaman la rentrée (y Martes y Trece, más castizos, llamarían el retonno). Y nada podría empañar la alegría que se respira en la Plaça de Sant Jaume, Barcelona: «Somos la preocupación número uno del gobierno españolista del PP». O quizá no lo dicen, pero se les nota en esa sonrisa de satisfacción que cruza su cara de oreja a oreja. Porque vamos, el día que no lo son se les ve de capa caída, pobrets meus y se quejan de que el Gobierno do Hamlet das Rías Baixas les ignora. ¿Cómo se atreve, oigan?

Sea como sea, en Madrid las cosas discurren al ritmo pausado del fluir del río Lérez por Pontevedra. Por ello, y después de pasarse tres años y medio hablando de economía y esgrimiendo como mérito «habernos salvado del rescate» (que es cierto: nos salvaron del que se avecinaba en 2012; pero nadie dice que no podamos volver a caer en esa sima), lleva desde el 30 de marzo promulgando y reformando leyes como si fueran octavillas revolucionarias. Los trabajadores del BOE deben estar echando el bofe con tanto esfuerzo proveniente de las altas esferas. Y de los de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia (los que elaboran los Anteproyectos de Ley), tal vez alguno de los funcionarios haya considerado la posibilidad de tomarse un año sabático ante la sobrecarga y el estrés.

Todo esto ha convencido a esa tropa de leguleyos encaramados al poder que la ley, por sí misma, tiene un poder taumatúrgico suficiente para modificar la realidad y hacer que su cumplimiento sea imperativo. Sin embargo, nadie sabe por qué, eso no funciona en Cataluña. Las leyes no se cumplen, sin más, o son objeto de cumplimiento oblicuo (técnicamente, lo que se conoce como fraus legis). Lo mismo se diga de las sentencias de los tribunales: ahí, el criterio fue fijado por la alcaldesa podemita Ada Colau, respecto a no cumplir las leyes y/o sentencias «injustas».

Así que ahora, para seguir manteniendo la tramoya, Mariano ha decidido que es momento de hacer una ley para convencer a Artur Mas y al Capità Enciam II (el comunista madrilenyo de vía estrecha reconvertido a independentista Romeva; nada que ver con Pep Parés, el primer Capità Enciam, que aunque es de las mismas ideas al parecer, tiene el buen gusto de estar callado) de que es mejor para ellos seguir dentro del marco constitucional y no fuera. Como si no supiera Mariano que la postura de Mas es irreconducible, como nos chivó Revilla tras hablar con el Rey.