Hagamos pues, una ley. ¿Quiere eso decir que en este momento no hay instrumentos legales suficientes para actuar contra Mas y su banda? Claro que los hay. Como expresa Ignacio Gomá, tenemos el art. 155 CE y diversos artículos del Código Penal, como el 410 respecto del incumplimiento de las resoluciones judiciales. No se puede, en cambio, de hablar de sedición aún, porque ésta exige «alzarse pública y tumultuariamente» (544 CP), cosa que aún no ha sucedido. Para ello, Mas debería sacar a pasear las tanquetas de los Mossos por la Diagonal y establecer el toque de queda militar, al modo de Milans del Bosch en Valencia el 23-F. Pero ya se cuidan ellos de no llegar a este punto.

El frente administrativo judicial no avanza a un ritmo más rápido. Para empezar, contemos los pasos: hace dos años L’Avi II confesaba públicamente que durante treinta y dos años había sido un ladrón. Da igual si lo hizo para acallar su conciencia —dudoso— o para proteger a la famiglia —mucho más probable— y evitar en lo posible que sus hijos oliesen los barrotes. Que al parecer podrían todos. Sin embargo, sepan ustedes que es notoria la diferencia entre Juan Español (o Joan Català) y un hijo de Pujol. Si Juan Español está en situación de cometer  y comete un delito de apropiación indebida, delitos societarios varios e incluso evasión y blanqueo de capitales, lo primero que se hace es retirarle el pasaporte y bloquear sus cuentas a medida que la investigación policial avanza, así como atornillarle (dentro de la ley, por supuesto), para que confiese.

Pero si uno tiene suerte y es hijo de Don Giorgio, no le pasará absolutamente nada. Todo lo más, que tendrá que ir a declarar ante el Parlament, o sea ante unos señores de quienes Papi sabe muchos trapos sucios o, porque son recién llegados, se les puede tapar la boca con un «ustedes no saben nada porque son nuevos en la plaza». Sobre todo si Papi ya tuvo que declarar ante ellos y además acabó abroncándolos (tots muts i a la gàbia, increíblemente).

Tampoco es que Hacienda se dé mucha prisa con ellos. No creo que ustedes conozcan a ningún particular o empresa cuya situación de embargo de bienes dure 5 años y no se haya ejecutado lo que se tenga que ejecutar. Pues eso es lo que ocurre con CDC. Nadie entiende por qué Montoro, además de soltar pasta cada equis tiempo a la Generalitat (que no «a los catalanes»), no ha dado luz verde a los correspondientes trámites para que el erario público se haga pagar lo que CDC le debe. Pero lo mejor son las declaraciones del propio Montoro, que dice que lleva siguiendo el rastro a la familia Pujol… desde 2000. Si consideramos lo que Hacienda tarda en levantar una paralela a Juan Español cuando advierte la más mínima discrepancia entre sus datos y los de la declaración tributaria, uno acaba concluyendo que «es otro nivel». Y si consideramos que a Pujol se le pudo echar el guante desde 1983 (caso Banca Catalana, carpetazo de Alfonso Guerra), es normal que crezca la indignación.