Pues nada. Ya lo han conseguido. En la flamante República Catalana, gobernada por el Torrat, no tienen sitio las VTC. Desde el punto de vista del taxista no lo sé; pero desde el punto de vista del cliente, los taxistas defienden su monopolio y su derecho a abusar del cliente cuando les venga en gana. Ésa es la única argumentación que se desprende de lo que se ha ido diciendo en las noticias.

Sin embargo, precisamente de lo que ha salido en las noticias, se pueden extraer unos cuantos detalles curiosos:

Los taxistas no aceptan la competencia que supondrían las VTC. Frente a los abusos de algunos taxistas –quiero pensar que la mayoría son honrados y que sólo algunos toman el pelo al respetable–, la sociedad arbitra una solución. Pero los taxistas –insisto, como colectivo–, son como ese señor que pone un puesto de venta de agua al lado de un río y hace correr la especie de que sólo su agua es buena y que la del río está envenenada. Quieren tener cautivo su segmento de mercado, como lo hacen las eléctricas. El problema, por supuesto, es que ésa es una reclamación injusta y contraria a la libertad de empresa que luce como derecho en el art. 33 de nuestra Constitución. Y que, siendo malo lo que hacen las eléctricas –que lo es–, eso no significa que haya barra libre para todos los demás sectores.

Los taxistas han mostrado unos modos y maneras incompatibles con sus reclamaciones. El hecho de que algunos salvajes de entre ellos hayan administrado palizas a unos «trabajadores» como ellos, pero de Uber o Cabify, les quita toda la razón, sea lo que sea lo que reclamen. Agredir incluso a los clientes de esos servicios está fuera de toda racionalidad. El respetable empieza a percibir a los taxistas como a unos vulgares antisistema, de esos que subcontratan los sindicatos para armar follón, romper escaparates y mobiliario urbano durante o después de la huelga sensu stricto. El Ministro del Interior ha hecho lo que tenía que hacer ordenando el desalojo de los taxistas (antes que «gay» o «de izquierdas» es Ministro del Interior y una de sus obligaciones es el mantenimiento de la seguridad ciudadana). Pero hay un hilo conductor sobre el particular del que hablaremos ahora mismo.

El hilo conductor. Quien crea que lo de los taxis ha explotado en concomitancia con las revueltas de los gilets jaunes franceses puede que sólo tenga la mitad de razón. Esto se venía preparando desde hace tiempo, y no fue exactamente Anderchenan. Quien puso la primera piedra de este conflicto fue… el propio Gobierno de la nación. Gobierno que, en una situación política precaria, no quiso comerse ese marrón y traspasó la patata caliente a las Comunidades Autónomas. Éstas hicieron otro tanto y, al final, quien se come el marrón son los Ayuntamientos, porque a fin de cuentas, se trata de licencias municipales.

Ya tenemos montado el cirio. Los Ayuntamientos regulan cada uno por su lado, sin atender a lo que es una necesidad general y teniendo en cuenta sólo el chanchullo que funciona entre ellos y el sector en su ciudad. Lo cual hace que la cosa pase de cirio a pifostio. Nadie se atreve a decir que el negocio de las VTC es «ilegal» (no lo van a decir porque no lo es), lo que pone al sector en pie de guerra. A estas alturas la «libertad» se confunde con el libertinaje; ¿pero a quién le importa?

El resto ya parece avistarse en el horizonte. No todos están de acuerdo con apalear a la competencia o a sus clientes. La Administración, con sus ¿regulaciones?, no ha hecho más que enredar. Y el panorama ahora empieza a aclararse: las VTC, aunque se han ido de Cataluña, cogen más clientes en el resto del país. Reivindicar está muy bien, pero si no se come, ¿de qué sirven las reivindicaciones? Así las cosas, el sector del taxi está dividido: por un lado, los radicales, que creen que está bien apalear a la competencia o a sus clientes; del otro, los moderados, que piensan que eso les perjudica en todos los aspectos. En fin. Parece ya una especie de culebrón venezolano (del culebrón venezolano verdadero hablaremos en otra próxima entrada).

Todo el problema está en dos cuestiones: la primera, que como es un marrón que el Gobierno no se ha querido comer, el caos generado por la diversidad de regulaciones hará necesaria una armonización de legislaciones vía 150.1 CE. Y esa palabrita causa urticaria como poco en los consejeros autonómicos del ramo. Después de la LOAPA de 1982 ningún Gobierno intentó armonizar nada. La segunda, que las reivindicaciones de sector han perdido fuerza y una huelga profesional se ha convertido en política, específicamente prohibida por el RD 17/1977, al que la STC de 8 de abril de 1981 lavó un poco la cara. Si el de huelga es un derecho fundamental, ¿para cuándo la Ley Orgánica correspondiente? Otra cosa que nuestros valientes políticos no han querido enfrentar para tener la fiesta en paz. Es como si alguien hubiera dicho: «En España nunca habrá una ley de huelga».

¿Pero saben a qué me recuerda este follón? A pesar de sus distintas consecuencias, la génesis y el desarrollo del pifostio me recuerdan mucho a la famosa huelga de estibadores. ¿Se acuerdan? Bruselas quería que se liberalizara el sector, pero alguien puso a los estibadores en pie de guerra. La cosa empezó a desinflarse cuando nos fueron informando de que la regulación del sector de la estiba –los privilegios con los que la UE quería acabar– databa del franquismo (¡horreur!), con cual la izquierda podemita, que estaba al parecer detrás del asunto, quedó «como Cagancho en Almagro» e hizo el más espantoso de los ridículos.

Con el taxi no han cometido el mismo error. Pero se les ve el plumero. Ni Peseto Loco –el nombre mismo ya es una invitación a una celda acolchada– ni otros como él van a conseguir nada. Para muchos profesionales honrados lo prioritario es ganar para comer y no andar detrás de unos señoritos (revolucionarios profesionales) que, al parecer, pueden pasarse diez días de huelga sin oler el volante. ¿Será que reciben alguna compensación que les permite variar sus prioridades? Como siempre, el tiempo traerá todas las respuestas respecto de lo que falta por saber.