Acabamos de enterarnos de que la Comisión encargada de redactar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha reunido por primera vez. Y que se espera que la tengan lista antes de final de año. Ya dijimos en su momento que era necesaria una nueva LECrim, adaptada a los tiempos y a los nuevos medios, poniendo como ejemplo la ZPO alemana de 1987. Pero repetimos aquí que, aun siendo verdaderamente necesaria una ley procesal penal nueva, éste no era el momento. Entonces, si no es el momento (particularmente debido a las turbulencias económicas y sociales creadas a partir de un timo sanitario), cabe preguntarse por qué se ha iniciado el proceso codificador de todos modos.

Mi opinión en particular es que, como de costumbre, la casta se sigue protegiendo a sí misma, igual que en 2015. Incluyo bajo esa rúbrica también a los comunistas de Podemos, mucho más ahora que controlan departamentos ministeriales (hasta se han metido ¡en el CNI!). Recordemos que en 2015, gobernando el PP y al frente del Ministerio de Justicia el borroso Catalá (reforma de la LECrim por LO 42/2015), entre otras cosas, se dijo que no se podía hablar de «imputados», sino de «investigados». No pudieron eliminar el término «procesado», porque por desgracia para ellos, el art. 384 de la LECrim habla específicamente de auto de procesamiento, que es la decisión judicial por la cual, en el contexto del procedimiento ordinario por delitos graves (para delitos con pena privativa de libertad señalada mayor a 9 años), se acusa formalmente a una persona de la comisión de un delito. Era una reforma para que los «chicos de la prensa» nos pudieran vender que un hecho delictivo no era tan grave si uno era «sólo un investigado» o era muy grave «porque uno estaba siendo investigado», dependiendo del color político del individuo y del «chico de la prensa» que hablara de él (o ella, o elle).

Pero parece que la treta no ha surtido efecto. O simplemente, que aprovechan estos tiempos de desolación para encasquetarnos esa ley nueva. Y lo hacen en un momento en que se pisotean con todo descaro nuestros derechos constitucionales por los comunistas y por una pesoe dirigida por un Chuckie de metro noventa (mucho nos tememos que este Chuckie no sea más que una matrioska diabólica, aunque esto pueda llevar a algunos a decir que «semos unos conspiranoicos»).

Así que el quid de la cuestión está en otra parte. En algunos medios —no en todos y hablaremos de ello en otra entrada— se da cuenta y razón de que la sociedad pretende defenderse de los ataques de su Gobierno por los medios que a su disposición ponen las leyes. Traducido: se espera una catarata de demandas de todo tipo contra el Gobierno. Frente a un «Gobierno que nos miente, que no nos dice nunca la verdad», tenemos todo el derecho a defendernos con medios legales. Faltaría más.

Y ahí es donde viene la jugada. El Gobierno quiere una ley de enjuiciamiento criminal que, entre otras cosas, detenga el tsunami de demandas que, sobre todo en materia penal, caerá sobre este Gobierno si se cumplen las previsiones. De lo que se conoce, ya se sabe que sigue el Anteproyecto Caamaño de 2011 (en realidad es de «Jueces para la Mococracia»; pero como data de la época del masón y a la sazón Ministro de Justicia Francisco Caamaño, lo llamamos así), la instrucción de los procesos penales se entregaría al Ministerio Fiscal. Por tanto, ya no sería el Juez el que dirigiría las actividades de investigación de las circunstancias del delito, la averiguación del delincuente y el aseguramiento de las pruebas del delito, con la consiguiente merma de derechos. La segunda capa del pastel es que la independencia del Ministerio público está puesta en cuestión, pues tal y como dice el art. 2 de su Estatuto Orgánico, «…ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica…».

Y esto es lo preocupante: que el Ministerio público dependa jerárquicamente de una tipa que no podría ser más inidónea, habiendo pasado del Gobierno a la Fiscalía General del Gobierno sin solución de continuidad, un poco à la Garzón. Esperemos que no consiguiera que la transfirieran a dicho puesto gracias a la información vaginal de la que podría disponer y que le aseguraría el éxito.

El resultado de todo esto: que, si la facultad de iniciar un proceso la tiene el Fiscal en exclusiva (pues a él se remitirán en adelante todas las denuncias y querellas), y recibe una orden de no dar curso a éstas, no podrá no hacerlo so pena de incurrir en delito de desobediencia a su superior, con la correspondiente sanción disciplinaria. Con lo cual, además, se vulneraría directamente el art. 24 de la CE, el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero parece que al Gobierno eso ya no le preocupa, pues ha metido al TC en su spa constitucional. De verdad: del Purgatorio al Cielo van las almas más rápidamente de lo que se resuelven los recursos en el TC.

Imagino que si los tiros van por ahí, también intentarán limitar la legitimación en determinados casos: concretamente, los casos políticos. Pongamos, por ejemplo: ante un determinado hecho dañoso provocado por un miembro del Gobierno que, además, tenga relevancia penal, no bastará con que lo denuncie o se querelle una persona sola. Tendrá que ser una colectividad suficientemente numerosa. O mantener la obligación actualmente vigente de prestar fianza en caso de asociaciones que pretendan formular una acción penal (es muy disuasoria en casos de delito ecológico), dejando al arbitrio del juez la determinación de su «suficiencia»; con lo que además se daría un paso adelante en el proceso de vaciamiento de contenido del art. 125 CE (respecto de la «acción popular»). Y así, otras trabas que se puedan poner, que ni se me ocurren pero que seguramente podrían fundar un recurso de inconstitucionalidad en su caso.

Termino con una cita que… bueno, ya sé que es de un videojuego y ya «antiguo», pero que está muy de actualidad:

Como aprendieron de manera tan dolorosa los hombres en el último siglo de la Tierra, el flujo libre de la información es la única salvaguardia contra la tiranía. El pueblo encadenado cuyos líderes pierden por fin el control sobre el flujo de la información florecerá pronto libre y vital. Pero la nación libre que poco a poco coarta el discurso público comienza un rápido descenso hacia el despotismo. Cuídate bien del que te niega el acceso a la información, porque en su corazón tan sólo desea ser tu amo.

(Alpha Centauri, 1999).