Durante siglos, al decir misa, el cura se situaba en el altar de cara al santo patrón y de espaldas al pueblo. Y además decía la misa en latín, el idioma de la cultura, sin duda, pero no del pueblo. Aventuraremos una significación del ritual: el sacerdote sólo responde ante Dios, no ante su rebaño. La consecuencia más evidente era que uno, todo lo más, podía familiarizarse con el sonsonete, aunque sin entender palabra de lo que se decía. El sermón sí era en la lengua propia del país; pero claro, como no existía el libre examen, era el cura el que interpretaba según sus luces, guiado ciertamente por el magisterio de la Iglesia y el santo temor a la Inquisición, las Sagradas Escrituras. Como se decía entonces, extra Ecclesiam salus non est.
Hubo que esperar a 1958 para que Juan XXIII, el papa que «se suponía que iba a durar poco» y que era «de transición», armara un revuelo considerable con el Concilio Vaticano II. A partir de entonces el cura, aunque se situaba en un escalón superior por su formación y mayor exigencia de espiritualidad, decía toda la misa en la lengua del país y de cara al pueblo. Se admitió el libre examen y así los fieles dejaron de ser un rebaño sumiso, sino que empezaron a hablar al cura de tú a tú y a entender las cosas como es debido. Y cosa curiosa (o no): las iglesias empezaron a vaciarse.
¿Lección? No se puede «gobernar» en modo alguno a espaldas del pueblo. El gobierno que así lo hace cava su propia tumba y la de su partido, a la corta o a la larga. Eso es lo que, según entiendo, ha ocurrido en España en estos tres años que llevamos de legislatura. El PSOE ha gobernado de espaldas al pueblo y en latín. Ha gobernado para las minorías, para los «amigos», para los acreedores políticos (en especial los de signo nacionalista). Ha gobernado de espaldas a media España, a los diez millones de votantes que el 14 de marzo de 2004 formaron la base electoral del PP. Y las «joyas de la corona» de esta legislatura son tres leyes (de Violencia de Género, del Matrimonio Homosexual y de la Dependencia) cuyo calificativo común es la inoperancia.
Por eso el PP convoca una manifestación mañana. Para decirle al Gobierno que hay una España que sigue existiendo, por más que no aparezca en el telediario de las tres ni en el de las nueve. Lo hace, por supuesto, acogiéndose al constitucional derecho de reunión y manifestación establecido en nuestra norma fundamental en su art. 21. Al PSOE le molesta, claro, porque hasta ahora «la calle era suya» (como antes lo fuera «de Fraga») y porque la manifestación siempre fue un medio de presión «de izquierdas». Y no. En un sistema democrático, la calle es de todos. Abertzales, constitucionalistas, independentistas, socialistas, izquierdas, derechas… todos tienen derecho a manifestarse, con el debido respeto a las leyes y a los demás ciudadanos. Y posiblemente, por mucho que «bailen las cifras», el índice de participación será bastante elevado.
No hay esperanzas de que el desgobierno zapateril oiga el clamor de esa media España que saldrá a la calle mañana. Pero a Zapo ya no le quedan muchos más conejos que sacar de la chistera. Lo más probable es que, sabiendo que lo ha hecho mal y siendo evidente para muchos que cuando fue al Senado se comportó como una loca histérica, esté preparando a partir de ahora una operación de tierra quemada. Un regalito envenenado para que cuando Mariano Rajoy llegue a la Moncloa se encuentre solamente la tricolor, la foto de Azaña y los diarios del capitán Lozano sobre la mesa. O tal vez sea un poco más generoso y le ponga en la puerta las columnas Jakin y Boaz, aunque sea en cartón-piedra.
El cántaro del Aguador 