Acabo de leer el texto que finalmente reforma el art. 135 de la Constitución, ubicado sistemáticamente en el Título VII ( «Economía y Hacienda»), que establece fundamentalmente los principios básicos en materia presupuestaria y tributaria. Comparada con la redacción anterior, la actual es una especie de Biblia en verso: nada menos que seis párrafos donde muy historiadamente se explica que ninguna Administración podrá gastar más que lo que ingrese (que es, con perdón de los keynesianos de saldo, lo que hacen las sufridas amas de casa en estos tiempos interesantes en que nos toca vivir). Vean, si no, el comienzo:

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

Conviene recordar que durante la segunda legislatura aznarista se aprobó una Ley de Estabilidad Presupuestaria (2001) que ya especificaba esto mismo. Esa ley, no obstante, tenía un defecto: obligaba a todos a apretarse el cinturón y a mantener en el tiempo una «austeridad castellana» que desde luego muchos no estaban dispuestos a mantener. Unos, por el mastodóntico tamaño de la galaxia (paniaguados a sueldo y clientes diversos) que tenían (tienen) que mantener; otros, porque su proyecto nacional demandaba (demanda) constantes sangrías presupuestarias a las que nunca quisieron renunciar. Y unos terceros, por ambos motivos. Por eso, una de las primeras medidas que tomó ZP fue derogar esa ley molesta que obligaba prácticamente al déficit cero.

El párrafo segundo incide en la misma idea, pero añade un componente perturbador:

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

El texto establece algo que ya sabíamos y que el Gobierno ha ocultado todo el tiempo que ha podido: que ya no tenemos autonomía presupuestaria. Es difícil de saber desde cuándo esto es así de hecho; pero el texto sólo pone negro sobre blanco algo que ocurría ya desde (pongamos) por lo menos febrero del 2010, a partir de la visita de Frau Merkel, que convirtió a nuestro Mr. Bean nacional en Herr Schlemmer. Desde entonces ZP lleva dando más taconazos que un Gefreiter en la Bundeswehr. Tampoco importa ya si ZP nos lo iba a contar alguna vez, porque para dos meses escasos que le quedan en el convento… pues eso, para qué nos lo iba a contar.

El segundo párrafo casi tiene más miga que el primero. Lo primero es que los redactores del texto (o negociadores, que no siempre coinciden) no se atrevieron a poner una cifra concreta de déficit y remitieron a la posterior fijación por Ley de dicho porcentaje, para poderla modificar en caso necesario. Convinieron en que esa Ley, dada la materia que tenía que regular, no podía ser ordinaria y que necesitaría de un consenso mayor. Tal vez hubiera sido más sencillo volver a los famosos criterios de convergencia del euro y establecer esa cifra en un 60%, que es lo máximo que aquellos benditos criterios permitían. Todo lo cual denota esa reforma a regañadientes y con líneas de fuga en caso necesario.

El componente perturbador es que las medidas de estabilidad presupuestaria se aplican no sólo al Estado, sino también (y muy especialmente) a las CC.AA. Por eso Durán i Lleida se ha quitado la máscara del home d’Estat y se ha calado la del català emprenyat. Ya no es solamente que no contaran con él (pecado de leso consexo); ahora, además, le están diciendo al President Mas que recibirá menos y que de lo que reciba no puede gastar lo que quiera en lo que quiera. La reacción no se ha hecho esperar: la vicepresidenta Ortega ha dicho que se mantendrán los gastos en ambaixadetes y promoció del català. Tal vez piense que el tema de la Sanitat se arreglará con el tiempo: según vayan faltando catalanes enfermos, dejarán de ser necesarias tantas plazas hospitalarias.