Fernando del Pino Calvo-Sotelo
Qué fino hilan las estadísticas gubernamentales. Los treinta y un parados contados que el pasado mes de agosto encontraron empleo han vuelto a alimentar la esperanza de un Gobierno preocupado por atravesar el ecuador de su mandato sin que la situación económica que prometió solucionar esté solucionada, mientras que los impuestos que reiteradamente prometió no subir están, digamos, subidos. ¿Qué base real tiene este renovado optimismo y cuánto hay de propaganda o de la cansina autocomplacencia de los que ahora nos gobiernan?
Es obvio que ninguna economía cae indefinidamente. Por tanto, en España antes o después dejaremos de caer. Sería maravilloso que esto de la crisis fuera como una V, de tal modo que una vez tocado fondo, remontáramos sin pausa. Pero ¿qué ocurre si en vez de una V lo que tenemos es una L, en la que después de caer abruptamente nos mantenemos durante un largo período de tiempo con una tasa de actividad económica reducida y una tasa de desempleo elevada? La cuestión relevante, por tanto, no son los cambios de tendencia marginales que copan los titulares, sino si nuestro país posee un sistema político-económico eficiente capaz de crear empleo de forma intensa y sostenida. ¿Lo tiene?
Es bien conocido que el 26% de paro actual en España se sitúa entre los mayores del mundo, incluyendo países subdesarrollados. De hecho, sólo 24 de los casi 200 países del mundo tienen una tasa de paro superior a la nuestra, y casi todos ellos están en África. En Europa, por ejemplo, la tasa de desempleo medio se sitúa hoy en el 11%.
Lo que es menos conocido, sin embargo, es que desde 1980 la tasa de paro medio anual en España ha sido del 17%. Para entender lo extraordinario de este número, debemos ponerlo en contexto, puesto que no existe ningún otro país desarrollado que se acerque ni remotamente a esta cifra. El paro medio en los países europeos en este mismo período oscila entre el 7,5% del Reino Unido y el 9,8% de la socialista Francia; en EEUU ha sido del orden del 6,5%; en Singapur o Hong-Kong, economías ultra liberales donde como todos sabemos impera la ley de la selva y tal, el desempleo medio ha sido de alrededor del 3,5% en estos treinta y tres años (lo que explica por qué de los paraísos socialistas la gente huye y de las economías ultra liberales no emigra ni el tato). Incluso Marruecos ha tenido un paro medio inferior al nuestro.
La incesante propaganda del régimen de 1978 («el mayor período de paz y prosperidad de nuestra Historia», etc…) nos ha anestesiado lo suficiente como para que los españoles normalicemos unas cifras de paro que son completamente anormales. Los políticos se escudan con descaro en la excusa de la economía sumergida ocultando los datos que ponen de manifiesto que la economía sumergida no es ni mucho menos una particularidad española (Schneider et al.) ni puede distorsionar una cifra de paro de tanto a más del doble. Pero claro, así justifican su inacción, su incompetencia o ambas.
Hay algo que debe quedar claro: España no sufre esta lacra de forma inevitable y fatalista o por causa de una maldición, como parece que hemos llegado a creer. España tiene ese nivel de paro por causas fácilmente identificables y, en su mayoría, subsanables. Sin negar la influencia de algunos rasgos culturales, como la aversión al riesgo o el concepto social del fracaso, la causa primordial del paro español la encontramos en el maltrato al único creador de empleo: el empresario, pequeño, mediano y grande. El sistema controla, fiscaliza, persigue y castiga al empresario, haciéndole la vida imposible desde el principio y aumentando el nivel de castigo conforme va teniendo éxito. El empresario tiene que pedir permiso para todo, rellenar interminables impresos completamente absurdos, cumplir con innumerables regulaciones nacidas del capricho de alguno de los millones de funcionarios de las 17 autonomías, los 8.000 ayuntamientos o el Estado, y ser objeto de una tiranía sancionadora implacable en caso de incumplimiento. Sufre la inseguridad jurídica y la aplicación arbitraria de las normas, y tiene también que tolerar la rémora de Sindicatos, S.A. Más tarde, las permanentes trabas a la libre competencia o la corrupción le impiden competir con eficacia, y los abusivos impuestos le asfixian. Y, naturalmente, cuando el empresario contrata a un trabajador, adquiere más obligaciones con esa persona que si se casara con ella: ya saben, en nuestro país el contrato laboral lleva aparejadas muchas más obligaciones que el matrimonio. Mientras, nuestros políticos siguen sin entender que dificultar el despido es dificultar la contratación. La mini reformita laboral, típicamente española y llena de casuística y judicialización, apenas ha tocado esto (salvo el caso de empresas en estado comatoso), dejando la situación muy parecida a como estaba (es decir, una de las peores legislaciones laborales de la OCDE).
Aún hay más: dos de cada tres empleos creados desde el advenimiento de la democracia (o como se llame lo que tenemos) han provenido del empleo público o de la construcción. Ahora que, endeudados hasta las orejas, estas dos fuentes se han secado, ¿de dónde provendrán los nuevos empleos? Observarán, por ejemplo, que no hay muchas empresas del IBEX que hayan sido creadas en los últimos 30 años, una muestra más de que nuestro país, evidentemente, no ha sido terreno fértil para la creación de empresas, sino más bien un páramo.
En resumen, a España le faltan empresas y empresarios. Para más inri, la inmensa mayoría de nuestros responsables políticos se ha pasado en política toda su vida o no ha salido nunca del mundo de la Administración o la Universidad, y no tienen ni la más remota idea de lo que es una empresa. Ignoran o desprecian al empresario y, en sus delirios de grandeza, creen que la creación de empleo se debe a su propia acción política (mientras que su destrucción se debe siempre a los contrarios o a factores externos, naturalmente).
No está nada claro cómo vamos a remontar esta crisis con un sistema que ha generado un desempleo medio del 17% teniendo a su favor una situación de partida a finales de los años 70 que, aun con los grandes problemas de entonces, también se beneficiaba de una bajísimo nivel de deuda pública (de cerca del 10% del PIB), de un escaso peso del Estado en la economía, de impuestos más bajos y de una pirámide demográfica normal. Hoy estas ventajas han desaparecido. ¿Cómo lo haremos entonces, si no es a través de un cambio radical del sistema? Poca esperanza queda de que el Gobierno de las mini reformitas, primer guardián del statu quo y campeón absoluto en autocomplacencia, tenga repentinamente voluntad de llevarlo a cabo. Poca o ninguna.
El cántaro del Aguador 