Ante las elecciones del 28-A (II)


Como les decía en una entrada anterior, si voto en católico no tengo opción con ninguno de la banda de los cuatro ni con el presunto anti-sistema, que pasa por ser VOX. Tendría que irme a uno de esos que el mainstream llama «partidos frikis», como Alternativa Española o Familia y Vida, que al parecer, nunca llegarán a traspasar la barrera de los hielos galácticos del 5% del censo. Parece ser que proteger la familia tradicional y proscribir el aborto (últimamente también la eutanasia) no sólo como asesinato sino como instrumento dirigido contra la familia y la sociedad no es una preocupación principal del sistema.

Vamos ahora a por la segunda de las opciones de modus votandi, es decir: votar en español. Aquí la cosa cambia; no mucho, pero cambia. Volvemos a descartar a los partidos presuntamente de izquierda –en alguna ocasión les he comentado ya que «izquierda» y «derecha» son categorías «vigésimoseculares», si se me permite el neologismo, y hoy vacías de contenido–. Su proyecto disgregador de la nación española es en sí mismo un repelente para el voto de los españoles de bien. Un proyecto, además, que ni siquiera es suyo, sino de instancias más altas (¿París? ¿Berlín? ¿Bruselas? ¿Londres?). Aquí, a diferencia de lo que decía D. José Calvo Sotelo, tendríamos una «España roja y rota en cuatro pedazos, peleados además entre sí». En una próxima entrada hablaremos de cómo la presunta izquierda sesentayochista, incluso la que dice ser más radical, se ha convertido en palanganera del neocapitalismo.

En este frente lo que destaca no es tanto lo que se defiende como lo que no se toca. En particular, el régimen electoral y el sistema autonómico. Ambos deben apuntarse a la cuenta del PSOE, pero también a la «derechita cobarde» de Fraga, que tragó con todo lo que proponía el PSOE en los años del rodillo, Aznar y, por supuesto, de Rajoy. El sistema autonómico ha implosionado por intentar decirle al Estado aquella frase típica de western: «En este pueblo no hay sitio para los dos, Flanagan». Y por hincharse de tal modo que milagro es que no se haya declarado la «república de Jumilla» o «de Cartagena», como en 1873.

En cuanto al régimen electoral… bueno, quizá no haya uno que sea totalmente justo. Pero yo quisiera decir dos cosas al respecto. La primera, el exceso de representatividad de los partidos nacionalistas, que sólo se presentan en las provincias que constituyen su lebensraum: así, las tres provincias vascongadas en el caso del PNV… y Navarra, a la que el gobierno proetarra de Paloma Barcos quiere euskaldunizar a marchas forzadas. O ERC, tirando pels de casa, en Baleares (en Valencia, quién sabe por qué, no se presentan, aun formando parte de esa entelequia que ellos llaman Països Catalans). Naturalmente, no veo a Oriol Junqueras haciendo campaña en Extremadura, ni a Gabriel Rufián tratando de convencer a sus parientes de Jaén de que la aceituna arbequina de Lleida da mucho mejor aceite que la de Hojiblanca y pidiéndoles el voto. Pero quizá sea eso lo que haría falta limitar, al menos para unas elecciones generales.

Y segundo, las cacicadas de la JEC. Por lo visto, lo que era permisible en 2015 ya no lo es en 2019. Y todo porque «¡que viene VOX!». Que viene a ser «a la ultraderecha (¿?) ni agua». Por eso VOX no ha podido participar en los dos debates entre los partidos del sistema, que se esforzaban mucho en enmascarar sus similitudes, evitando tocar esos temas en los que en realidad están de acuerdo. Y eso, cuando todos los medianamente avisados saben que: uno, la presunta izquierda quiere una República (me pregunto si entre los que cortan el bacalao también es opinión pacífica). Una república ue-uropea, como ya lo son los países de la franja norte de este desventurado continente. Y dos, que la presunta derecha está graciosamente de acuerdo, con tal de que la dejen seguir pillando.  A cambio de eso, dos polítics presos han podido dar un mítin desde los barrotes, sin una mínima explicación racional por parte de la JEC, que debiera operar como mecanismo guardián de la imparcialidad en los procesos electorales.

Por todo lo cual –y más cosas que me dejo en el tintero–, votar como español me aboca a votar al último partido que queda tras el descarte: no voto a un partido cuyo líder aún no ha sido capaz de limpiar la pátina del pasado (el pobre Casado y su feroz lucha contra el sorayomarianismo reinante aún en Génova, 13). Ni tampoco a un partido cuyo líder se levanta una mañana siendo «español», otra «liberal» y otra «progresista», según soplen las encuestas. Sus incondicionales lo interpretarán como «cintura política»; los demás, como «grouchomarxismo». Y mucho menos cuando se deja aconsejar de gentuza del Bilderberg y es sometido a estrecha vigilancia por el palais de Matignon, como si fuéramos competencia de un tal Bureau d’Affaires Africains. Que para eso y no para otra cosa nos han mandado a Monsieur le Commissaire, es decir, a Valls. Que podrá hacer valer sus ancestros catalanes y tal, pero finalmente es francés.

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