No ganamos para sustos en materia económica. Desde que el 20-N España cambió de color político (y antes, el 22-M, sus Ayuntamientos y algunas Comunidades), los españolitos de a pie hemos asistido impávidos al espectáculo de ver cómo el déficit real español aumentaba a ojos vistas.

Probablemente sea ya un lugar común, pero el primer culpable del desaguisado es ZP. ¿Por qué? Porque una de las primeras decisiones que tomó en materia económica fue la de derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001. El argumento es imbatible: debes permitir que los demás se corrompan para justificar tu propia corrupción. Aliviadas las Administraciones de la pesada carga del límite de déficit, éstas se lanzaron a gastar el dinero que tenían y el que no tenían. Gastos suntuarios, crecimiento exponencial de la función pública autonómica y local (al efecto de colocar a cuñados, amiguetes y recomendados, con buenos sueldos por cabeza) e incluso representaciones en el exterior, como si fueran mini-Estados.

Pero es claro que la bicoca no podía durar siempre. Por eso la crisis internacional cuyo máximo exponente fue la caída de Lehmann Brothers golpeó más duramente a España. Una administración más ordenada de los recursos económicos de la nación nos hubiera permitido capear el temporal con menos desgaste. Pero aquí se lanzaba la casa por la ventana, con independencia del color político de la Administración. Teníamos un Presidente que se jactaba de «haber aprendido economía en dos tardes» y a un Profesor Siesta que le secundaba en sus juegos malabares. Y las CC.AA. tampoco le iban a la zaga en alegría: olvidando que son parte de España (art. 2 CE), quisieron inflarse hasta parecer Estados en miniatura a costa de ésta.

No han faltado otras incurias. Por ejemplo, la de incorporar a políticos con poca o ninguna idea de tema bancario en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros, con lo cual se cumplían dos objetivos: el retiro dorado del político de turno y el control político de la entidad. De los sueldos y pensiones astronómicos que se han marcado los miembros y miembras de esos Consejos ni hablamos, puesto que ya es del dominio público. Por otro lado, el señor MAFO, lacayo al servicio del control socialista del sector bancario, descuidó sus obligaciones. Y mira tú por dónde, va a ser que el lenguaraz José Ricardo Martínez va a tener razón: hay que mandarle a su… casa, si bien ambos dos del bracete.

Como sea la situación en 2011, según nos decía la Märschallin Salgado, voraz consumidora de brotes verdes, era que dejaban España con un déficit del 6% del PIB. Pues no. Luego resultó que había que añadir un 2,5% más del conjunto de las CC.AA., de las cuales algunas ya estaban gobernadas por el PP antes del 20-N. Finalmente, hace pocos días resulta que el déficit se nos ha quedado en un 8,9% (traducido: 90.000 milones de euros). ¿Gracias a qué? A los datos falseados de cuatro comunidades regidas por el PP: Castilla-León, Madrid, Valencia y Galicia. La desviación más llamativa es la de Galicia: del 1,61% que decían tener al 4,37% real.

También llamativo es que Madrid, que a muchos nos parecía la mejor administrada de las CC.AA., diese datos falsos. ¿Creían acaso que con el ruido mediático creado para otras CC.AA. como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura nadie se iba a fijar en ellos? Pero ya nos queda claro que no se puede poner la mano en el fuego por ningún político. Ni siquiera por Esperanza Aguirre, que ya es decir.

También estamos casi seguros de una cosa: aparte de la querella que ha presentado Cospedal contra su antecesor Barreda, nadie va a pedir explicaciones a los políticos de esas cuatro CC.AA. Y tampoco va a dimitir nadie: esa palabra no existe en el vocabulario político batueco. Cuando uno piensa que en Alemania todo un ministro dimite porque le han pillado plagiando en su tesis doctoral el trabajo de otra persona… Esperaremos al cese, que tampoco parece verse cercano.