La otra pifia de la que les quería hablar y que los plumillas y loros radiofónicos parecen ignorar (en esto, extrañamente, algunos se han vuelto radio-afónicos) es la que se ha plasmado en el Real Decreto Ley 9/2018, de «medidas urgentes» contra la violencia de género. Dejando aparte la quincalla ideológica feminazi que luce esplendorosa en su Exposición de Motivos, ¿subyace una «extraordinaria y urgente necesidad», como exige el art. 86 CE? Desde luego. Pero no para el pueblo, precisamente. La prisa, en realidad, es la de los ingenieros sociales, que quieren cabrear aún más el ambiente. Todo ayuda a aumentar la presión en la olla y a disminuir lo que Pío Moa denomina en alguno de sus libros «índice de salud social», o quizá menos formalmente, diríamos «paz social», que es lo suyo en el comunismo. En el comunismo todo el mundo está en guerra con todo el mundo; y es a eso a lo que se quiere llegar para evitar que el pueblo, hoy degradado a «la gente», se una contra los que manejan el cotarro y cortan el bacalao.

Pero «vamos al dato» interesante. De la lectura del Art. Único 2.2 de esa norma se desprende que, a partir de ahora, la acreditación de situaciones de violencia de género no lo será únicamente por sentencia judicial y, excepcionalmente, por informe del Ministerio Fiscal, como rezaba antes el art. 25 LIVG. Hoy tenemos lo siguiente:

una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima,

o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.

Primer problema: ¿cualquier resolución judicial? ¿Un Juez puede, por providencia o auto, determinar que existe situación de violencia de género y retirar la patria potestad, con las consecuencias que ello acarrea en materia de relaciones paterno-filiales? Pero sigamos, que la cacicada es mayor aún:

También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género:

mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente;

o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.

Dicho de otro modo: bajo el paraguas de esta norma, ahora hasta un funcionario (o funcionaria, no vayan a cabrearse las feminazis) del Ministerio de Agricultura –supongo que acogiéndose al axioma general de «todos los hombres son unos cerdos machistas»– podría acreditar una situación de «violencia de género». El segundo inciso aleja dicha decisión por completo del control judicial, que no es menos grave en tanto que significa que a un hombre –nunca a una mujer: detalle– se le puede privar de patria potestad sin el más mínimo control judicial de forma inmediata, con independencia de que de esa situación acreditada se derive un proceso judicial posterior o no.

Añadamos a esto dos detalles más. El primero, la fecha del RDL: 9 de agosto, que es el mes en que los malos gobiernos aprovechan para cometer sus fechorías legislativas. Tradición canalla iniciada en nuestra democracia –o lo que sea– por Felipe González y sus Gobiernos. Y luego, la convalidación del RDL prácticamente sin oposición política –¿dónde estaban Casado y Rivera? ¿En Valencia y Tossa de Mar, respectivamente, tostándose al sol?– y poco o casi nada de ruido en los medios. Quizá es que aquellos que podrían haber dicho algo han creído que «a ellos no les iba a afectar», ya se trate de políticos o de plumillas.

Y para que tengan ustedes el cuadro completo, añadamos la peripecia de una mujer en lucha contra los servicios «asociales», concretamente los de Protecció de Menors de la Generalitat catalana. Imagínense lo que puede resultar de la coyunda inmunda entre el incremento de atribuciones a los servicios «asociales» y el caos reinante en éstos: es decir, imposible poner orden e imposible evitar que actúen. Algo así como un cáncer en plena metástasis. Allende nuestras fronteras la cosa no está mejor: una de las palabras que a los padres y madres alemanas normales (sí, aún quedan) pone los pelos de punta es Jugendamt, organismo todopoderoso y cuasicomunista. Basta una mera denuncia para que se metan en la vida de los otros y en sus cuentas –a cuál peor de las dos cosas–. Ni siquiera hace falta que pongan micros en las casas, como hacía la vieja Stasi bajo el mando de Erich Mielke. Los propios alemanes se denuncian entre ellos. Pregunten y verán.

Lo que a algunos se les olvida decir es que con esta cacicada –y van…– los hombres quedamos un poco más desprotegidos. Algún día se escribirá la historia de cómo se pretendió acabar con el hombre como enemigo de la humanidad, como lo fueron los nazis para los judíos y los burgueses para los comunistas.