El problema ahora ya no es el frente sanitario: el Gobierno ha renunciado de facto a controlar nada. Hoy ya nos queda claro que las CC.AA., que en su mayor parte tienen la Sanidad transferida desde 1986 (gràcies, ministre Lluch), cuando han tomado medidas, lo han hecho contra el parecer del Gobierno… que, por no parecer, no parece ni Gobierno al no tener ningún parecer, salvo el de «jostidiar a las comunidades del PP» (particularmente Madrid, que es la que les cae más cerca). Ciñéndonos a los hechos, recojo aquí una serie de cuestiones gracias a este blog:

• El Portal de Transparencia suspende sus actividades durante el estado de alarma. En este blog le dedicamos mucho tiempo a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno en su día, aprobada con retraso y muchas limitaciones durante el mandato de Rajoy; pero el tiempo ha demostrado que no se buscaba ni transparencia ni buen gobierno. La suspensión implica, por ejemplo, que no se pueda saber qué empresas han intervenido en las gestiones de muchas de las compras fallidas de las últimas semanas.

Comentario: Aunque es verdad que la «transparencia» y el buen gobierno» brillan por su ausencia en el gobierno Sánchezstein, tampoco nos queda claro si dicho portal funcionó de verdad en la etapa de los antecesores que lo crearon. Nos inclinamos a pensar que tampoco, a pesar del bombo y platillo que se le dio. Es un organismo orwelliano (o bradbruyano, si ustedes quieren), creado para una función totalmente contraria a la presunta.

• El 15 de abril se presenta el anteproyecto para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El nuevo sistema «liberará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción». Pregunto con mi desconocimiento de la materia: ¿esto significa que la instrucción quedará en manos de la Fiscalía, dependiente de Dolores Delgado? Anterior Ministra de Justicia con el PSOE y actual Fiscal General del Estado. ¿Y por tanto supone la supresión de la figura de los Jueces Instructores Independientes? ¿Este es el momento?

Respuesta: Sí a la primera, no a la segunda. Corre por el Ministerio un Anteproyecto de LECrim que ya apuntaba en este sentido, el de quitar la instrucción de las causas penales a los Jueces y Magistrados para entregársela sin más a los Fiscales. Se podría argumentar que el Ministerio Fiscal, salvo en los procesos de la Ley del Menor, no tiene una incidencia intensa en el proceso penal: de acuerdo con la LECrim actual sus competencias apenas son de informe, de recepción de denuncias y realización de actividad instructora (siempre subordinada a la que lleve el Juez o Magistrado competente) y de formulación de escritos de acusación, con lo que puede tomar postura por la apertura de juicio oral o sobreseimiento en su caso.

Pero lo cierto es que, como bien se dice en la pregunta, al ser el Ministerio Fiscal que obedece a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica (art. 2 EOMF), se deja en manos del Ministerio Fiscal toda posibilidad de incoar un proceso penal. Si añadimos que la actual titular de la Fiscalía General del Estado es, de hecho, persona totalmente inidónea para ocupar ese cargo por su demostrado sectarismo y su sumisión perruna (que no «dependencia») a los dictados políticos, el cuadro que se presenta no es muy halagador.

En cuanto a la segunda de las cuestiones, es verdad que en nuestro blog hemos criticado la pervivencia de una ley cuyo armazón básico data nada menos que de 1882 y que, al decir de Cervantes describiendo el rocín de don Quijote, tiene «más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela». Pero sin duda este momento, en que vivimos una situación totalmente extraordinaria y de dudosa constitucionalidad en ciertos extremos, no es el momento de iniciar los trabajos de redacción de una Ley que incide tan directamente en los derechos de las personas cual es la Ley por la cual se decide su responsabilidad ante la producción de hechos de relevancia penal.

• El Gobierno y las Comunidades Autónomas pactan un aprobado general para la mayoría de estudiantes.

Comentario: Esto no tiene nada de particular, en realidad. Echado el año a perder por el confinavirus, tal vez hubiera habido que arbitrar otra solución para salvar la calidad de la enseñanza recibida en el presente curso escolar. Pero este Gobierno, empeñado en que el respetable no perciba su ineptitud, se quita problemas de encima diciendo «Hala, todos aprobados». Ni qué decir tiene que el mismo propósito luce en la mayoría de Comunidades Autónomas, con las competencias transferidas y habiendo renunciado totalmente el Estado a la «alta inspección» que debería desde luego ejercer. Sobre todo, en aquellas en que ya está en marcha una dinámica separatista. De cualquier manera, el sistema escolar actual es un fracaso, con las debidas excepciones; cabe esperar que los niños salgan de él «igual de burrros» (o sea, con el detector de fascistas incorporado) que siempre, cosa probable si se siguen las directrices de la titular, que nunca vio una «ezkuela puvlica de kalida» ni por el forro. Ni ella, ni los anteriores (no nos olvidemos del funesto Méndez de Humo).

• Se estudia la aprobación de una renta mínima vital cuyo coste se estima en 5.500 millones de euros.

Comentario: Espero que esto no se apruebe. Significa condenar a la miseria a buena parte de la población y, en especial, aquella que ha tenido que irse a su casa como consecuencia de un ERTE (figura a la que, tras el confinavirus, se le podría caer la T en muchos casos). Es, además, otro ladrillo en la frente de la antigua clase media, hoy ya no «en peligro», sino en proceso de extinción.

• El gobierno aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo.

Sobre esta cuestión, de constitucionalidad discutida, hablaremos en una próxima entrada.

Para finalizar, sólo me queda decir una cosa a aquellos que el 10 de noviembre pasado votaron izquierda sin saber demasiado bien qué votaban o simplemente «por no votar a la derecha» (o si son militantes o palmeros pro bono de esos partidos) y no les gusta el actual estado de las cosas: disfruten de lo que han votado.