Circo judicial (II)

Como les decía en la entrada anterior, las preguntas se agolpan, pues el proceso puede cerrar fácilmente en falso la cuestión.

Ciñéndonos a lo que sabemos, resulta cada vez más claro que el delito que se impone por importancia es el de rebelión, no el de sedición o malversación como intentó forzar la menestra de Justicia a la Abogacía del Estado a decir. Por los espeluznantes detalles que van contando los miembros de las FCSE destacados en Cataluña en las fechas de autos, sabemos que aquello no fue un ensayo general de Els Pastorets, sino la llamada a la comisión del delito tipificado en el art. 472 CP («alzarse pública y tumultuariamente») con la finalidad expresada por el ordinal 5º («Declarar la independencia de una parte del territorio nacional»). Frente a esta acusación, el presunto delito de sedición cae por su propio peso y el de malversación es totalmente lateral, pues si fuera por eso, la malversación ya venía produciéndose… desde los tiempos de Pujol.

En cuanto a las penas por la comisión de este delito son como aquellos versos de la famosa jura de Santa Gadea… Quizá por ello los subalternos y otros testigos han cantado La Traviata, La Favorita y lo que les hayan pedido.

Las juras eran tan fuertes
Que a todos ponen espanto,
Sobre un cerrojo de hierro
Y una ballesta de palo…

Vamos al lío. Primero tenemos el tipo general, que se desdobla en tres:

1. Quienes induzcan a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión y los jefes principales de ésta: a éstos les caen 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo período.
   
2. Los que ejerzan un mando subalterno: 10 a 15 años y mismo período de inhabilitación absoluta.
   
3. Los meros participantes: 5 a 10 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 10 años.
   

No está mal, ¿eh? Bueno, pues veamos el tipo agravado, que se desdobla en varias conductas también:

1. Si se han esgrimido armas.
   
2. o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima.
   
3. o la rebelión hubiese:
   
   1. causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada,
      
   2. cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase.
      
   3. ejercido violencias graves contra las personas.
      
   4. exigido contribuciones.
      
   5. distraído los caudales públicos de su legítima inversión.
      

Conforme a su grado de participación, las penas se agravan en lo siguiente:

1. Para los inductores, promotores o sostenedores de la rebelión: de 25 a 30 años.
   
2. Para los mandos subalternos, 15 a 25 años.
   
3. Para los meros participantes: 10 a 15 años.
   

Éste es el cuadro general dibujado por el «Código Penal de la democracia», el del biministro Belloch. En mi opinión, que puede no ser la del Alto Tribunal, en todas las categorías hay alguien. Sin embargo, en este cuadro falta algo en mi opinión, que les contaré en la entrada siguiente.