Tomando como base un escrito de mi amiga Pilar me ha salido esta macroentrada, que voy a dividir en dos partes.

La cuestión

Hablamos de los manteros. ¿Dónde están Ramoncín, los Bardem, Teddy Bautista y todos ésos que cobraban hasta de las bodas que llevaban música previa inspección? Pagaban los bares, las peluquerías… en suma, todos los establecimientos que pretendían ambientar el local con música. ¿Dónde están, eh?

Pero la lógica progre es lo que tiene. Si ustedes son propietarios de un local y pretenden alegrarlo con música, ustedes han de pagar un canon a esos comunistas y socialdemócratas de medio pelo que reinan en la SGAE, como se explica perfectamente aquí, ajustados perfectamente a aquello que cantaba Serrat en su vida anterior de cantautor…

Bien me quieres,
Bien te quiero,
No me toques el dinero.

Así, pues, deben ustedes pagar ese canon. Y que Dios y todos los santos del calendario les amparen si no lo hacen: tendrán derecho a que se les imponga una multa y a las habituales facultades de embargo en caso de que ustedes se resistan. También pueden verse en ese brete si se les ocurre llevar un pendrive de 16 GB en el coche (hoy la técnica lo permite) lleno de música gravada con canon. ¿Que con ello se han cargado a muchas orquestas populares cuyo modus vivendi era acudir a las fiestas patronales de los pueblos? Al carajo. Todo el mundo pasará por caja, que si no el chiringuito no se mantiene. Y va usted a declarar ante la policía, señor Juan Español, por pirata. ¡Faltaba más!

Toda esa argumentación y esas amenazas, sin embargo, se evaporan como rocío al sol cuando se trata del top manta. Al parecer, cuando se trata de inmigrantes en situación irregular «senegaleses», a estos IN-TE-LEC-TU-A-LES progres no les importa que vendan su música y sus películas sin canon. No les importa que se vendan imitaciones de bolsos o de ropa de marca «diseñada» por ellos. Son «pobre gente» y «tratan de ganarse la vida frente a la brutalidad policial» (eso, que no falte). Alistados en el banderín de enganche del buenismo y de la corrección política, resulta que si uno no piensa como ellos es un facha (bien saben ellos qué es un «facha»: en su familia o en ellos mismos hay ejemplos de sobra).

Y bien, pongamos que la pesada maquinaria judicial se pone en marcha y les echa el guante. Sí, son inmigrantes ilegales (sin papeles). Sí, han cometido un delito (concretamente, el del art. 270 CP; y también el del 550 CP si se resisten a la detención). ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los expulsamos? Ya estoy oyendo a esos progres: «¿Expulsarlos, dice usted? Es usted una alimaña sin corazón, un racista, un xenófobo…» y toda la retahíla. Algunos hasta se acuerdan de la madre de uno (la mía ni me la toquen, que descansa en paz). Solución salomónica: como no podemos echarlos a patadas ni tampoco podemos dejarlos libres, los metemos en la cárcel. Que es como meter la porquería debajo de la alfombra. Sigue existiendo, pero ya no se ve.

Y aquí paz y después gloria. Se acaban los problemas para todos, excepto para los españolitos de a pie. ¿Por qué? Porque aunque ya no se percibe el problema, éste sigue existiendo en forma presupuestaria. Es decir, que la estancia en la cárcel se la pagamos todos los españoles. He aquí un cuadro de lo que nos cuesta mantener a la población reclusa en España, calculada en 6 millones de personas más o menos, sobre un total de población de 47,6 millones de personas (datos oficiales):

El gasto es de lo más llamativo. Pero claro: uno sigue leyendo y encuentra aún más llamativas las comodidades de que algunas prisiones disfrutaban desde que Rubalcaba decidió humanizarlas (¿tal vez en previsión de los compañeros suyos que podrían ir a la cárcel?). Cuando leo y veo estas cosas, me acuerdo del zulo en que durante 532 días José Antonio Ortega Lara se preguntaba cada noche si al día siguiente viviría o no.

El gasto desglosado podría ser éste: 1.900 €/mes, que multiplicado por 12 meses son 22.800€ —y en ese coste no entran las infraestructuras—. En definitiva, cada preso pasa de los 50.000€ al año.-Si tomamos la cifra menor, que es 22.800 € (2013) y la multiplicamos por 21.116, que es el número de reclusos de 2013, la cantidad asciende a la friolera anual de 481.444.800 € que nos cuestan los delincuentes que vienen a España y a los que según la izquierda tenemos que ayudar y respetar sus derechos. En sus países esa gente vivirían como reyes ganando al mes 100 o 150 €; pero aquí nos cuestan un dineral, no solucionamos su problema y acrecentamos además el nuestro.