Categoría: Justicia

Sólo de esta manera cabe calificar la resolución del nuevo juez-estrella de la AN. Parece ser que Baltasar Garzón, hoy en tierras colombianas/ecuatorianas (y que Dios mantenga allá a V. E. muchos años) ha creado escuela y dejado epígonos. No ha mucho que cesaron los focos sobre Garzón, y los berridos de «TS fascista» tras la sentencia que le expulsaba de la carrera judicial, que aquellos ya vuelven a tener otro héroe.

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Pedraz, yendo más allá de la estricta función que le marca la Constitución («juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», 117.3 CE) se mete en berenjenales ajenos a esa función y habla de la «decadencia de la clase política» y otras lindezas para justificar que los manifestantes, cuando menos, no cometieron el delito de ocupar una de las altas instituciones del Estado. Leyendo el auto, uno se convence de que los manifestantes eran en realidad público que iba a asistir a una representación de Els Pastorets y que los 265 kilos de piedras y otro material contundente encontrado en sus inmediaciones no estaban allí para ser usados en la manifestación. De casualidad, vamos.

Un servidor de ustedes ha tenido suficiente paciencia para escuchar a unos y a otros, y le queda clara una cosa: la manipulación ha triunfado. Como reza la canción de los Rollings Sympathy for the devil,

Every cop is a criminal

and all sinners saints

Otro detalle llamativo es que algunos rotativos internacionales den pábulo y crédito a las manipulaciones sobre la policía fascista y la brutalidad policial. Sin duda, habrá casos concretos en los que sí habrá habido algún que otro exceso policial y deben ser investigados. ¿Pero toda ella? ¿La «policía del PP», como algún cenutrio ha llegado a decir? Parece mentira que haya que recalcar lo evidente: que la policía no es de nadie (a diferencia del dinero público), sino que tiene unas funciones encomendadas por la Constitución (art. 104 CE) y desarrolladas por la correspondiente Ley Orgánica. Y en ese contexto recibe y cumple las correspondientes órdenes de sus superiores jerárquicos. Sin embargo y curiosamente, no es eso lo que le interesa a la prensa internacional.

También en este contexto es llamativa la guerra informativa que se libra contra nuestro país. Trolls a sueldo de Ferraz, de quienes cabría esperar cierto antiamericanismo aunque sea de boquilla, citan ahora el New York Times como si fuera la Biblia. Se preguntarán ustedes por qué. Mi respuesta puede ser la siguiente: porque habla perrerías de España (bueno, no de España, sino del gobierno de Rajoy. Antes, con ZP, ni sabíamos que ese periodicucho se preocupara tanto por nosotros) y porque muestra fotos de gente en España revolviendo en los contenedores («la pobreza de la España de Rajoy»). No importa demasiado que esas fotos fueran tomadas en… Barcelona, porque a fin de cuentas, cualquier lector no español del NYT ignora dónde coño cae Barcelona y si sabe que existe (olimpíadas, Dream Team y poco más), la ubicará en España, sin más (que hoy tampoco cabe ubicarla sin Mas, claro).

¿Y en qué acaba todo? En pedir la dimisión del Gobierno. Al final resulta que esa manifa ha instrumentalizado el enfado de los ciudadanos (más bien de algunos de ellos) para organizar un follón y poner en un brete a un Gobierno democráticamente elegido. Es el tufo de la estrategia de los antisistema y de la izquierda llorona: como he perdido en las urnas, quemo la calle y además, gracias a las cargas policiales, ganaré la guerra de la imagen y este Gobierno quedará deslegitimado de facto. Es una de las fases de la llamada guerra de cuarta generación, de las que se ganan sin disparar un solo tiro. Basta introducir la moral de derrota en la población mediante elementos que trabajan para el enemigo, propiciar todas las algaradas y desórdenes posibles y favorecer de forma activa o pasiva cualquier problema fundamental que afecte a la estructura del Estado (en nuestro caso, la secesión).

Por todo ello, el auto del juez Pedraz cabe enmarcarlo en este conjunto. Cuando la izquierda, tanto la regular como la antisistema, aplauden esa resolución, es que algo huele a podrido en nuestra democracia, y no precisamente en Dinamarca. Ítem más: resulta que Pedraz se permite valoraciones políticas excediéndose en su función de miembro del Tercer Poder y todavía no he oído a nadie que le diga: «Si quiere hacer política, deje la toga y mientras tanto, no se meta». Son los que en este caso callan los que dicen a las jerarquías eclesiásticas que «se metan en la iglesia» y que «dejen de joder».

Doble vara de medir, como siempre.

Me ha merecido una especial atención la Tercera del ABC escrita por D. Andrés Ollero Tassara, pues es la primera vez que D. Andrés se pronuncia como Magistrado electo del TC. Con gusto le he leído en ocasiones anteriores; sin embargo, esta vez creo que debo discrepar de algunas afirmaciones que vierte en su artículo.

Comienza D. Andrés discrepando de aquellos que opinan que Eugeni(o) Gay Montalvo, a causa de su religión católica, no debería «defender la ley del aborto». En esta afirmación entran en juego, a mi entender, dos preceptos: por un lado y como bien señala D. Andrés, el 16.2 de la CE, en unión también del art. 14. Lo que viene a decirse, por tanto, son dos cosas: la primera, que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; y segundo, que el profesar una determinada ideología, religión o creencia no debe ser objeto de discriminación.

Al efecto quisiera traer a colación unas palabras que a mi entender describen exactamente cuál es nuestra situación en España y, por ende en Europa, en este punto (negritas y comillas nuestras):

«No obstante, aunque la religión y la moral cristianas son atacadas virtualmente, no existe en Norteamérica el desprecio que se advierte en Europa y la religión y las Iglesias tienen, a pesar de su crisis, una notable vitalidad. Como observara en el siglo XIX Tocqueville, en Estados Unidos, heredero directo de la Ilustración, no de la Revolución Francesa, la religión forma parte de la cultura. Por eso a muchos europeos les sorprende y les molesta que el actual Presidente Bush (la primera edición del libro apareció en 2004) no tenga reparo en rezar en público y ridiculizan y presentan su fe como a weapon of mass destruction. Al jefe del Gobierno inglés Tony Blair, que es creyente, le disuadieron de terminar sus intervenciones televisivas durante la guerra de Iraq con las palabras God Bless You. En contraste con Norteamérica, en Europa empieza a ser normal calificar de «fanática», «integrista» o «fundamentalista» cualquier actitud que postule el reconocimiento público de la religión, la invoque o la tenga públicamente en cuenta; incluso en el plano privado.»

Dalmacio Negro, Lo que Europa debe al Cristianismo,
(Unidad Editorial, Madrid, 2006) 2ª ed. revisada, p. 163.

Cabe decir que estas palabras escritas en 2004 han recibido confirmación por la vía de hecho: por un lado, los casos de pederastia dentro de la Iglesia, convenientemente jaleados por los enemigos de ésta, han provocado una cierta actitud de rechazo hacia la religión, y la «idea lacia» de que «nadie debe actuar públicamente conforme a los preceptos de su religión». Según esa regla de tres, efectivamente: los católicos deberíamos llevar una cruz que públicamente nos identificara como católicos, sentarnos en los asientos reservados para los católicos en los autobuses y… bueno, ya conocen ustedes el resto. La segunda vía de confirmación viene del hecho de que en el mundo musulmán los católicos simplemente no tienen derecho a existir: los matan o los acollonan de tal manera que no tienen más opción que huir. Más o menos como los etarras hacen con quienes no comulgan con sus ruedas de molino. Eso, desde luego, a los lacios no les preocupa lo más mínimo (no es su cuello el que está en peligro, naturalmente; y todo lo que elimine la competencia es «bueno» para ellos).

D. Andrés sigue perorando acerca del juicio estrictamente constitucional al que deben someterse las leyes. Es una declaración positivista de principios: la Constitución es la Constitución, todo está en ella y no necesita ningún tipo de validación externa (a pesar del art. 10.2, que remite en sede de interpretación a «la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados internacionales ratificados por España»). Una posición iusnaturalista, por el contrario, es peligrosa porque remite a un marco de referencia externo y sobre todo, superior a la ley, en tanto que religioso y que en Occidente sólo puede referirse al cristianismo, por mucho que les pese a los lacios y otras hierbas equidistantes y «neutrales».

Pasemos a la segunda parte de su artículo, que gira en torno a los límites constitucionales. Si D. Andrés habla de límites, he aquí uno infranqueable: «Todos tienen derecho a la vida». No dice «todas las personas», expresión en la que los abortistas podrían fundar su argumentación afirmando que el nasciturus «aún no es persona». Afirmación que ya hizo la inculta menestra Aído-y-no-ha-vuelto equiparándose nada menos que a… Adolf Hitler setenta años después.

¿Será necesario recordar que la única religión que defiende en toda su extensión ese limes es la cristiana y, dentro de ésta, especialmente la variante católica? Al parecer sí es necesario. Para que lo vean más claro, les propongo un pequeño ejercicio: tomemos el precepto constitucional y formulémoslo a contrario sensu. El resultado podría ser éste: «Nadie tiene derecho a privar de la vida». Es algo que podría firmar perfectamente cualquier católico, pues para los católicos sólo en Dios reside ese derecho; para los demás, podría basarse en que todos los hombres son iguales en derechos o en declaraciones más o menos humanitarias al uso.

De aquí se seguiría que quien priva del derecho a la vida debería merecer el más duro de los reproches jurídicos (no sólo el político y el moral). Como somos tan civilizados y tan progresistas que hemos eliminado de la Constitución la pena de muerte incluso para «lo que dispongan las leyes en tiempo de guerra», con eso no hay que contar. Lo que me recuerda que para el buen amigo de D. Andrés no hay reproche posible, como demuestran sus votos a favor de la legalización primero de Bildu y después de Sortu. Pero eso es lo que ocurre, D. Andrés, cuando se limita la mirada exclusivamente a la Ley: que si ésta tiene más agujeros que un queso de Gruyère y quienes deben aplicarla se remiten exclusivamente a ella, los asesinos saltan entre sus intersticios como si estuvieran jugando a la rayuela o a las tabas, felices porque es la ley (o mejor dicho, su insuficiencia no corregida) la que se lo permite. Y burlándose de los que hasta ahora no han pedido otra cosa que justicia y de quienes les apoyamos en su reivindicación. Burla en la que la izquierda de salón y alguna derecha con síndrome de Estocolmo colaboran sin empacho alguno. Igual que el buen amigo de D. Andrés. Aunque «sea de mal gusto» decirlo.

Perdonen ustedes la poca corrección política del título de esta entrada, pero después de una pequeña reflexión, no se me ocurre mejor calificativo para José Manuel Gómez Benítez & friends, vocal del Consejo General del Poder Judicial y ejecutor material de la pasión y muerte de Carlos Dívar como presidente del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero vayamos por partes. Continuar leyendo «Mariconazo»

Tras la expectación producida por el procesamiento y posterior primera condena de Baltasar Garzón, sólo nos queda decir que «ha funcionado el Estado de Derecho». Y por una vez, además, correctamente. De ello da fe el que en el grupo de los siete jueces que examinaron el caso de las escuchas del Gürtel no hubiese una sola fisura. Por unanimidad (que no «una nimiedad», como hizo notar el gran Javier Quero), Garzón fue condenado por prevaricar («dictar una resolución injusta a sabiendas»). Los 11 años de inhabilitación especial que le han caído suponen la práctica expulsión de la carrera judicial, que al parecer se hará efectiva en una fecha tan emblemática como el 23-F.

Hemos oído el griterío mediático político de algunos que han llegado hasta a insultar al Alto Tribunal llamándolo «fascista» y otras lindezas impensables en gente formada y civilizada. También hemos oído argumentos del tipo: «¿Cómo se atreven a condenarle después de todo lo que ha hecho en materia antiterrorista?». De los primeros no diremos nada porque no merecen comentario alguno en sí mismos.

De los segundos, creo que cabe entenderlo de la siguiente manera: ¿verdad que un conductor no se libraría de la correspondiente multa por infracción alegando que anteriormente «siempre había conducido muy bien y que nunca había cometido una infracción? Pues aquí es exactamente lo mismo. Que por otra parte, tampoco eso sería del todo cierto. De las instrucciones garzonitas no se han oído comentarios muy piadosos: parece ser que no era muy cuidadoso y que sus actuaciones bordeaban, sin traspasarla, la línea de la ilegalidad. Y que en no pocos casos y debido a esas instrucciones defectuosas algunos criminales pudieron salir libres.

La ley no se aplica según de quién se trate o cuando la jugada lo aconseje, que decía el ínclito kamarada Bermejinski. Se aplica cuando se produce un hecho relevante para ésta. Garzón incurrió en el tipo penal del 446 CP por haberse saltado a la torera el art. 51.2 de la Ley Orgánica Penitenciaria, que dice así:

Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo.

La sentencia es impecable desde el punto de vista jurídico. Estamos acostumbrados a que determinados personajes, por mor de su consideración, poder o dinero, o los tres, se vayan de rositas ante los Tribunales; así que sorprende agradablemente que por una vez los magistrados del Alto Tribunal se hayan dejado de puñetas y hayan aplicado la Ley sin más.

Otra cosa distinta es ver cómo ha salido la izquierda como un solo hombre (en realidad, como varios cientos de hombres) a defender al ya ex-juez. Uno se pregunta, como Mou, «¿por qué? ¿Por qué?». En mi modesta opinión, que Llamazares, que tiene su porvenir resuelto, o Cayo Lara, que probablemente también, saliesen a defender a Garzón, puede obedecer a lo siguiente:

1. han hecho el trabajo sucio del PSOE, que enfangado como estaba con su congreso sevillano apenas se ha manchado las manos. Las palabras de Carmen de España (creo que ahora volverá a ser Carmeta de Catalunya) o las de Freddy Rubalkrueger han sido tibias en comparación con los improperios del rojerío auténtico.

    

2. defienden a Garzón no tanto por el caso de las escuchas o el caso Queridoemilio, que a ellos de hecho ni les va ni les viene, sino por el caso de las fosas del franquismo, que ése sí les toca de cerca y no precisamente los muertos. Desautorizar a Garzón en este caso supondría, ante la opinión pública, deslegitimar de facto la Ley de Memoria Histórica, de la cual derivan apetitosas subvenciones para determinados oenejetas, colocados siempre a la izquierda del espectro. Y por supuesto, pondría en evidencia el propósito ideológico de la infame Ley, a saber, la eliminación (a Dios gracias, no física todavía, sino sólo civil) de los discrepantes contra la interpretación progre de la historia española de los últimos 75 años.

    

Habrá que estar atentos a los próximos acontecimientos, pues la conjunción planetaria de causas penales contra Garzón está a punto de estallarle en la cara (que hubiera dicho la Pajina)…

El PP nos tiene a ración de cal y arena (no vamos a caer en la tentación del chiste fácil en relación a las próximas andaluzas). Pero después de comprobar con bastante horror que las medidas económicas del PP son casi las mismas que llevaba IU en su programa electoral, nos salta la prensa de hoy con la noticia de que se pretende que «sean los jueces quienes elijan a quienes van a regir los destinos del Poder Judicial». Es decir: si el titular no engaña, se corregiría la intromisión del Poder Legislativo que bendijo la LOPJ de 1985, que diera pie al «ínclito» Arfonzo Guerra a proclamar aquello de «Montesquieu ha muerto». Parece que monsieur de Secondat no estaba muerto del todo, aunque tampoco estuviera tomando cañas.

No obstante, después de tantos años de mentiras, medias verdades y pasteleo, mucho pasteleo (daba vergüenza ajena la foto de ZP y Rajoy tras haber pactado los nombres de los 20 vocales del CGPJ), estaremos atentos al dicho de Romanones: «No me importa quién haga la ley, siempre que a mí me dejen hacer el reglamento». Veremos cómo rearticulan ese gobierno de los jueces para los jueces. Por de pronto la idea es buena, aunque ya la izquierda toda e hijos de Sabino hayan montado en cólera. ¿Será que tienen algo que temer? Desde luego, parece que algo que perder sí tienen (poder, cómo no), si la reforma se encamina correctamente.

Y lo que me parece estupendo es la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad: permitirá que mientras el TC discute o no la constitucionalidad de la ley ésta no entre en vigor, tal como ocurrió con el inconstitucional Estatut de Cataluña, ése que sólo votó favorablemente un 34% del total del censo. O tres partes de lo mismo con la Ley Aído, que siendo discutiblemente constitucional, entró en vigor nada más aprobarse. Habría, al menos, un mayor margen para frenar la aprobación de leyes que la sociedad (que es a quien se deben los políticos) no sólo no ha pedido, sino que además van en su contra.

Por último, también suena bien la música de reformar la Ley del Menor. No queremos más casos Marta del Castillo, ni más casos Sandra Palo. En este último caso, que el Rafita se pasee libre como un pájaro porque la legislación ha permitido que no se tuviera demasiado en cuenta su verdaderamente horrendo crimen debería herir la piel de rinoceronte de algunos jueces y políticos. Sin olvidar las ramificaciones políticas del caso Marta del Castillo, de las que no se ha hablado demasiado y de las que aquí hay una explicación. Tal vez algún juez (ninguno de los que ha dictado la infame sentencia del caso, desde luego) debiera investigar eso.

Actualización

Alucinante el cinismo de algunos, a quienes nunca pareció mal que su partido utilizara medios públicos o privados para hacer su política de espaldas a la Nación…

(Gracias, Noatodo)

Como siempre, el título no está parafraseado por casualidad. Porque hablamos de un tema bastante feo y cuyo estado dice muy poco de la calidad de nuestra democracia (en rigor, régimen juancarlista). Se trata de la Justicia, esa señorita que va con una venda en los ojos, una balanza en la mano izquierda y una espada en la derecha.

Es casi un lugar común hablar de lo mal que funciona la Justicia, del atasco monumental, que parece que la Justicia como institución se acerca a los establos de Augías, aquellos que hacía años que no se limpiaban y que el estiércol se olía a kilómetros de distancia. Como sabrán ustedes, dicha limpieza fue el objeto de uno de los doce trabajos de Heracles. El trabajo de limpiar la Justicia no será menos hercúleo; y así como en el original hubo que desviar el cauce de dos ríos, en éste… bueno, en éste no se me ocurre cuál podría ser el remedio. Sí le deseo suerte al próximo titular de la cosa, si es que de verdad quiere remediarlo.

De lo que estoy seguro es de una cosa: que si no fuera por determinados jueces, los españoles ya hubiésemos dejado de creer en la Justicia, cumpliéndose así el adagio quevedesco: «Donde no hay justicia es peligroso tener razón». Pero no: estas personas, que a pesar de salir en los medios (a pesar suyo, valga la redundancia), no tienen vocación de jueces estrella, ni mucho menos de ver amanecer, han conseguido que los españolitos de a pie creamos que «todavía hay jueces en España».

Me refiero, como ustedes se imaginan, a las jueces D.ª Estela San José, que se ocupaba del caso Campeón y lo mandó sin pérdida de tiempo al TS (donde a lo peor lo recibe Conde-Pumpido, amigo del alma de Pepiño). Me refiero a D.ª Mercedes Alaya, que sigue el caso Mercasevilla y que ha tenido que aguantar nauseabundas insinuaciones del zeñorito dejcamizao Arfonzo Guerra acerca de su imparcialidad, además de soportar que la Administración andaluza le mande los expedientes tarde, mal y por cachos.

Pero muy especialmente me refiero D.ª Coro Cillán, que está investigando el caso del 11-M, a quien desde éste mi humilde rincón reitero todo mi apoyo de ciudadano de a pie. Las presiones que está recibiendo para que abandone el caso y las maquinaciones que alguien está llevando a cabo para que se la expulse incluso de la carrera judicial por atreverse a intentar desbaratar la sentencia-farsa de Gómez Bermúdez y la pésima instrucción de del Olmo (ese mismo que sentenció que «llamar «zorra» a una mujer no es un insulto dependiendo del contexto»), rozan lo absolutamente denigrante y repugnante.

Sin duda, alguien se está tomando muchas molestias para que D.ª Coro sea un segundo caso Gómez de Liaño, el juez expulsado de la carrera por atreverse a enfrentarse a Don Polancone, que en la gloria del paraíso masónico esté. Por lo que a un servidor de ustedes respecta, espero que en el CGPJ haya también alguien lo bastante honrado como para facilitar la tarea a Dª Coro, para que se llegue al fondo del asunto. No nos parece que D.ª Coro sea persona de arredrarse por cualquier cosa, ni siquiera por aguantar a una Secretaria judicial que es la personificación del enemigo en casa. Confiamos en D.ª Coro para que si en el sumario aparecen nombres de políticos, no se vayan de rositas, sean del color que sean. Confiamos en D.ª Coro para que todos los españoles de bien y especialmente los familiares de los 192 fallecidos y los 1.500 heridos sepan de una vez quién hizo daño o arrebató a sus seres queridos, por qué y cómo.

OTROSÍ: Que, teniendo en cuenta que en nuestro sistema judicial el juez que instruye no puede ser el mismo que el que enjuicie, esperamos que en fase decisoria los Magistrados decidan conforme a Derecho y no a directrices políticas, fijándose así la responsabilidad penal de las personas que aparezcan como procesadas o imputadas, ya se trate de políticos o no. Y sobre todo, corrigiendo el disparate jurídico que es la sentencia de Gómez Bermúdez.

Y por si algunos lo dudaban, SÍ, SEGUIIMOS QUERIENDO SABER. Y LO MISMO QUE SE LO HEMOS EXIGIDO AL DESGOBIERNO DE LA PESOE, QUE NO NOS HA HECHO NI PUÑETERO CASO, SE LO EXIGIREMOS AL PP, QUE HA ESTADO CON LAS VÍCTIMAS CUANDO LE HA CONVENIDO Y CUANDO NO, SE HA DESCOLGADO MISERABLEMENTE.