El cántaro del Aguador

Debe ser que estamos a mediados de agosto y España bosteza entre el calor y el bochorno. Lo digo porque aparece hoy en ABC este artículo de mi admirado Ignacio Camacho sobre una cuestión a la que llevo dando vueltas desde hace mucho y he llegado a la misma conclusión que él: salvo los breves intervalos en que han estado vigentes leyes peperas, el resto del tiempo las generaciones españolas nacidas en democracia han sido educadas por leyes socialistas y nacionalistas (o nacional-socialistas, allí donde corresponda). Como hay tantos españolitos de vacaciones, el artículo probablemente no producirá onda alguna en el agua. Como siempre la comparación con Francia o Alemania ante una situación similar hace enrojecer de vergüenza. Lo dicho, D. Ignacio: semos unos reaccionarios fascistas nostálgicos de Franco y bla-bla-bla...

La izquierda y el nacionalismo transmiten su convicción de superioridad moral a través de la hegemonía educativa

EN la inminente reforma de la Constitución, que si nadie remedia tendrá lugar durante la próxima legislatura, debería garantizarse el derecho de veto de la izquierda y los nacionalismos a cualquier tipo de ordenación educativa que no sea de su gusto. Esta aparente arbitrariedad no significaría otra cosa que otorgar rango normativo a una realidad preexistente en la sociedad española, una costumbre o tradición política que ha consolidado de hecho un modelo docente de unívoca inspiración ideológica. Por decirlo con una paráfrasis de Adolfo Suárez: se trataría de hacer normal en la ley lo que es normal en las aulas. La ingeniería de la instrucción pública funciona desde hace tiempo bajo un régimen de monopolio que la derecha, sea liberal o conservadora, tiene prohibido alterar bajo pena sumarísima de repudio.

Hasta tal punto es así que incluso los tribunales han interiorizado esa hegemonía, aceptando con plena normalidad que las instituciones autonómicas incumplan sin traba alguna las disposiciones educativas que no les gustan. Hasta hoy eso solía suceder en los territorios gobernados por partidos soberanistas, donde ha quedado abolida por vía de hecho la obligación de impartir enseñanza en castellano. Ésta es la hora sin embargo en que otras comunidades bajo control del PSOE se disponen a desacatar una Ley Orgánica del Estado. La demencial transmisión de competencias les garantiza en buena medida la posibilidad de hacerlo sin que el Gobierno de la nación cuente con otro modo de impedir la desobediencia que el de recurrir a una justicia cuyas sentencias desfavorables son desoídas como si estuviesen escritas en el viento.

La llave que bloquea cualquier proyecto alternativo al statu quo dominante es la razonable necesidad de someter la docencia al consenso de un pacto de Estado. Sucede que ese acuerdo resulta inalcanzable debido a la hermética cerrazón de los sectores autodenominados progresistas a negociar los principios pedagógicos sobre los que han asentado su preeminencia. El asunto queda así enredado en un bucle retroalimentado en el que el nacionalismo y la izquierda disponen de capacidad de bloqueo. La enseñanza es suya y punto. Cuando uno se siente investido de la convicción de habitar en el lado correcto de la vida, resulta imprescindible asegurarse el poder de transmitir de generación en generación las bases de esa superioridad ideológica y moral. Si con las cosas de comer no se juega, con las de pensar mucho menos.

Y si alguien pensara que esta larga supremacía estructural tiene que ver con el alarmante porcentaje de fracaso escolar, con el bajísimo nivel de comprensión matemática y lectora de nuestros estudiantes o con que no haya ninguna universidad española entre las cien primeras del prestigioso ranking de Shanghái, simplemente está equivocado o es un reaccionario. Todo eso se debe a los recortes de Rajoy. ¿Está claro?

Alguna prensa se ha hecho eco del artículo de Thomas Hanke (original aquí) en el diario económico alemán Handelsblatt. Pero como nadie ha ofrecido una traducción del mismo, un servidor de ustedes se ha tomado la molestia de traducirlo, intentando salvar su falta de conocimiento del idioma y algún dato inexacto que desliza el propio periodista. No es una traducción ni mucho menos perfecta y se agradecen sugerencias para su mejora. No obstante, debo agradecer a Adela Schendel su inestimable ayuda para que este texto tenga el aspecto que tiene y sea menos lamentable de lo que lo sería si un servidor se hubiera puesto a la tarea él solo.

Para quien crea, por otro lado, que la traducción es «lamentable», le recordaré que lo lamentable de verdad es que haya tenido que ser un periodista alemán quien haya llamado a Artur Mas lo que de verdad es. Es sabido que el calificativo «golpista» se ha reservado a Franco por los de siempre, así que no nos vamos a detener en ello. Y que aquí nadie se haya atrevido porque a los independentistas no hay que cabrearlos, no importa de quién haya partido la orden. O porque no querían colocar al mismo nivel a ambos personajes (no son comparables, aunque por motivos distintos, obviamente).

Mas infringe la Constitución con su descabellado plan de separación de España. Incluso el Rey le advirtió de que diera marcha atrás.

El líder conservador Artur Mas lleva cinco años pavoneándose en las fotos como Presidente de una región en el nordeste de España. Pero a finales de septiembre se le podría acabar el chollo y el batacazo podría ser monumental. Mas, de 59 años, va por buen camino para pasar de ser político de Estado a enemigo del Estado. En la campaña electoral para las próximas elecciones, que ya ha empezado, ha afirmado que las elecciones servirán como plebiscito sobre la independencia. Todos los Tribunales españoles, incluido el TSJC, han entendido esto como una clara ruptura con la Constitución. Mariano Rajoy ha afirmado que: «Unas elecciones no pueden ser un plebiscito».

Pero a Mas esto le da igual. Y aún más: «No necesitamos la mayoría absoluta para declarar la independencia, nos basta la mayoría simple en el Parlament», dijo el miércoles. Esto significa que el Estatuto de Autonomía catalán podría modificarse solamente con mayoría de dos tercios, no siendo necesaria la unanimidad. La reacción no se hizo esperar. El movimiento cívico de derechas Manos Limpias, que ha promovido muchos procesos contra políticos corruptos, ha exigido la detención de los separatistas. Incluso Fernando Savater, escritor y filósofo, cree inevitable la ilegalización de los partidos que apoyan a Mas si éstos llevan a cabo su amenaza.

Probablemente Mas haya especulado con este tipo de reacciones para agitar la rabia en sus seguidores. Bajo la influencia de nuevos partidos como el izquierdista Podemos, los catalanes hablan más de la crisis económica y social y de la corrupción. Los amigos de Mas son verdaderos maestros en el arte de redirigir dinero de Estado al propio bolsillo. Muchos de sus más íntimos camaradas y compañeros de viaje, también el archiconocido Jordi Pujol, tienen que comparecer ante la Justicia ya que confundieron durante mucho tiempo el dinero de los contribuyentes con el suyo propio. Mas debe soportar las críticas a un sistema en el que él mismo colaboró y que desviaba sistemáticamente el 3% del valor de las contrataciones públicas en concepto de sobornos a funcionarios.

Mas se convirtió tarde al separatismo. Hace 10 años aún decía: «La búsqueda de la independencia es obsoleta, oxidada e inútil». Nacido en Barcelona en el seno de una familia acomodada y no especialmente nacionalista, era un defensor de la cultura catalana tradicional, hasta que la crisis y los primeros casos de corrupción debilitaron su posición política. En el 2012 disolvió el Parlamento con la esperanza de que las nuevas elecciones le hicieran recuperar el poder perdido. Pero ocurrió lo contrario. La estrella aparentemente caída de un político activo durante 33 años volvió a brillar en lo más alto tras aliarse con los separatistas más radicales, a pesar de haber perdido nada menos que 18 escaños.

Desde entonces es un conservador guiado únicamente por el tacticismo. Sus actuales socios en el gobierno, ERC, son incluso más radicales que él. La seguridad y la autoestima no son lo suyo. Cambió su nombre de pila «Arturo» por «Artur», porque temía que sonase demasiado español. Mas habla, además de español y catalán, un francés e inglés perfectos. Pero si bien posee un amplio dominio de lenguas, hay muchas cosas que no entiende. Entre ellas, la amonestación del Rey Felipe: «las fuerzas políticas deben respetar siempre las leyes».