Categoría: Justicia

Con pena tengo que escribir esta entrada. Mucha pena. Tomaría prestado el título de la encíclica de Pío XI Mit brennender Sorge («Con ardiente inquietud») en la que el Papa Ratti al mismo tiempo denunciaba la situación de la Iglesia en la Alemania de 1937 y condenaba el nacional-socialismo, pero realmente lo que siento no es «ardiente inquietud», sino pena.

Les he comentado en muchas entradas que esto que tenemos no es una democracia. En todo caso, respondería más al concepto de democracia orgánica, tan denostado por el antifranquismo retrospectivo o de salón. O, si quieren otra descripción original, «democracia de cartón piedra», en cuyo escenario se mueven los personajes acartonados de ese guión institucional. El único que parece un poco de verdad es el Rey; es decir, el actual. Campechano I ya se encargó de dejarnos claro que «la justicia debe ser igual para todos… vosotros». Y del Rey abajo, todos los que quisieron sinvergoncear se vieron justificados por la actuación del propio Rey.

Viene bien aquí recordar una vieja canción de La Trinca. Canción que, para su desgracia, vale tanto para ése al que criticaban entonces como para los reyes de taifas que sufrimos ahora (por supuestísimo, Puigdemont)…

Diu l’article vint-i-sis,
que en un cas de compromís,
el Califa pot si cal,
refregar-se l’engonal
i passar-se pels «dallonses»
totes les lleis del país.

Naturalmente, lo que valió para el Rey salido emérito valió y vale también para determinados grupos de empresas, de esos que forman el llamado sector estratégico. Mueven millones de euros cada día y tienen muchísimo poder. Por algo los contratos con ellas se denominan contratos con parte débil: esa empresa le pone a usted un contrato y usted no tiene potestad para modificar nada, a no ser que sea manifiestamente ilegal (la palabra clave es «manifiestamente»: si lo es pero no «manifiestamente», usted se la envaina y firma, sin más). Ocurre con esos contratos energéticos… y para lo que nos ocupa, con la Banca, que también es un sector estratégico.

Frente a la Banca, uno de los sectores más hiperregulados de nuestro mercado (si no el que más), pues, el individuo no tiene mucho poder. Por eso se han constituido asociaciones de usuarios, una de cuyas misiones es proteger a los asociados (y en lo que pueda beneficiar, a los intereses generales) frente a prácticas abusivas de la Banca. Con esta finalidad nacen asociaciones como AUSBANC o «Manos Limpias». El asidero constitucional de estas asociaciones es el art. 125 CE, en cuanto habla de la acción popular en defensa de intereses colectivos sin, en principio, precisar de una legitimación especial.

Les decía en la entrada anterior que todo eso era una tramoya y que desconfiaba profundamente del espectáculo de luz y sonido que se ha montado alrededor de Mario Conde y su nueva pifia. Desconfío de todo el lío que se ha montado por una razón: hay control de agenda y por tanto, el momento en que aparecen las noticias —o en que deberían aparecer y no aparecen— no es casual.

Vean ustedes este caso de los Panama Papers. De entrada, quien realizó la filtración ya sabía a quién filtraba. Filtró la información (nada menos que 40 años de historia de paraíso fiscal: un bombazo, sin más) a un diario alemán, el Süddeutsche Zeitung. Si lo hubiera filtrado a un diario español, la noticia simplemente no hubiera aparecido. Soraya, ese arácnido completamente desarrollado, hubiera mandado recao a la dirección del diario y ésta hubiera captado rápidamente el mensaje. O si el filtrador se lo hubiera mandado a Pedro J. Ramírez, éste tanto hubiera podido publicarlo tal cual como hacerse un salami para mantener la intriga y el negocio.

En una democracia digna de tal nombre, esa información no habría tardado en llegar a la prensa, digital o escrita. Pero como lo que tenemos se podría llamar democracia de baja intensidad, la información llega con cuentagotas. Y por eso los nombres de los implicados van apareciendo poco a poco. Es decir: por ejemplo, les ha interesado sacar a colación los nombres de ciertas personas y no otros. Así, el caso de Pedro Almodóvar y de su hermano. Me imagino que el primero saldría en los papeles a título ejemplar de castigo de progres, de ésos que son solidarios… siempre que el dinero sea de los demás.

Otro tanto pudiera decirse de Imanol Arias, el que nos cuenta lo que no pasó. Tampoco me cuesta entender por qué ha salido tan pronto a relucir la infanta Pilar: es una patada en la espinilla del Rey por no haberle hecho el favor a Mariano. O incluso el caso de Bertín Osborne, que se fue a Telecinco (¡traidor!) porque no se emitió una entrevista que hizo a Pedro J. Ramírez: quien debía dar el visto bueno vio el programa y no lo dio, de forma parecida a lo que ha ocurrido con Jordi Évole y su Salvados contra la Banca. Évole prefirió autocensurarse antes que quedar mal con Ada Colau (en el material a emitir se vertían duras críticas contra ésta) y con la Banca (con la Banca hemos topado, amigo Sancho).

Sin embargo, ante la magnitud de la filtración hasta la opinión publicada (con las consabidas excepciones) se empezaba a hacer preguntas. De pronto, sale el nombre del ministro Soria, porque hace como bastante tiempo estuvo al frente o administró una sociedad opaca (me gusta más ese término que el pedante off-shore, que usan los que quieren dar a entender que saben algo del tema, que les pregunta uno y le dicen: «Sí, son sociedades que operan fuera de la playa«). Las preguntas, más allá de las habituales y cansinas peticiones de dimisión, han empezado a ser incómodas. Era necesario tapar ese nombre y otros que puedan salir. Aparte, ha habido la gran suerte de que Conde no se ha estado quieto y se le podía empapelar por algo que efectivamente ha hecho.

Parece como si, efectivamente, lo hubieran tenido en la recámara por si otros medios más ortodoxos de tapar la pifia fallaban. Es más o menos la misma táctica del PSOE de los últimos diez años: cuando se percibe que hay una cierta acomodación o dispersión en el militante o votante, se le da un buen palo a la Iglesia, venga o no venga a cuento («vamos a denunciar el Concordato», con sus variantes «vamos a reclamar que la Iglesia pague el IBI», «vamos a pedir una escuela laica y de calidad» o «vamos a pedir que la Mezquita de Córdoba sea también lugar de culto para los musulmanes»). Así se intenta recuperar —algo— el nervio socialista de la militancia o votancia. Sólo que, como es el Gobierno quien usa de la táctica, suscita muchas más preguntas.

A nadie le importa hoy —a los periodistas menos— que por lo visto tener dinero en un paraíso fiscal no es delito si se declara a la Hacienda del país de uno. Es más fácil disparar a bulto y decir que todo el que tiene dinero en un paraíso fiscal es porque no quiere pagar a Hacienda o quiere pagar menos. Lo cual tiene su pro y su contra: el pro es que estas personas piensan que no vale la pena dejar su dinero en manos de un Estado confiscador que se lo gastará en financiar a ladrones a los que, además, no puede meter en cintura (Comunidades Autónomas). La contra, naturalmente, es que no todos pueden sacar ese dinero del país. Defraudadores todos. ¿Y Hacienda? Somos todos. Todos los que tenemos nómina o pagamos impuestos indirectos (al consumo).

Entre tanto, disfruten del espectáculo de luz y sonido organizado para detener al bergante de Mario Conde (o para atar cabos sueltos que no se ataron en 1994), que tan bien sirvió a algunos que hoy callan debiendo hablar o que ya no pueden hablar porque están muertos (Jesús Polanco, por ejemplo).

Ha saltado a la actualidad la noticia de la detención de Mario Conde, casi justo cuando ya le teníamos perdido de vista, después de sus experiencias en la política (SCD, que terminó como el rosario de la aurora) y en la comunicación (accionista mayoritario de Intereconomía, de la que también tuvo que irse). Parece ser que ahora le trincan por «repatriación fraudulenta de capital». El mundo de la política está, aparentemente, «escandalizadísimo» con la nueva pifia del caballero. Tanto, que a sus dos hijos y a un yerno también los han trincado. La excusa oficial es una denuncia de unos trabajadores que no iban a cobrar una nómina, cosa que también podría ser verdad. Pero siendo desconfiados (y uno, después de un cierto tiempo, lo acaba siendo respecto de nuestros políticos), se pregunta qué puede haber tras todo ese aparato de luz y sonido, igual que ocurrió con Rodrigo Rato.

Lo primero de todo es deshacer la propaganda oficial sobre el personaje, la que dice que «es un bergante condenado por sentencia firme». Ése era el argumento que los palmeros peperos repetían como loros para que no se le votara en Galicia, en las últimas autonómicas. Efectivamente, así es y así consta en los escritos. Es verdad que cometió un desfalco en Banesto dejando a la entidad con el culo al aire, dicho en román paladino. Y es posible, como él mismo cuenta en Memorias de un preso, que el juez que le condenó —García Castellón— llevara ya la sentencia escrita de casa, por mano distinta de la del juez.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que robó Mario Conde no lo robó sólo para él. Además de él, otras personas se beneficiaron. Y siendo masón como era entonces (ahora no lo sé), mi convicción personal es que los beneficiarios del robo fueron otros hermanos. En su editorial de las 7, Federico afirma que buena parte de ese dinero se empleó en fabricar el antenicidio, la pifia que les echó a él, a Luis Herrero y a Antonio Herrero (conjuntamente con Manuel Martín Ferrand). Y todo porque el felipismo de entonces, que «aceptaba el juego democrático» por haber renunciado al marxismo en Suresnes ’73, no aceptaba la libertad democrática de crítica legítima, barriendo sin piedad a quienes querían ejercer la libertad establecida en el art. 20.1.d de la Constitución.

Pero no sólo eso. Ocho años después (las cosas de palacio van despacio), el Tribunal Supremo declara que el antenicidio es una pifia (así debió haber sido considerada desde el principio) y que hay que devolver las empresas afectadas al mercado, para que puedan volver a ser objeto de compra y venta o, en todo caso, de nuevo comienzo empresarial. Pero, ¡ay! Gobierna Aznar, que no ha sido «el mejor presidente de la democracia», sino el menos malo, y actuando —suponemos— por consejo de Rodrigo Rato, guarda la dichosa sentencia en un cajón para que permanezca inejecutada per saecula saeculorum. Ahora que está tan de moda esa palabreja, Aznar representaba entonces el cambio frente a las porquerías socialistas que explotaban todos los días en El Mundo. Sí, El Mundo, ese diario que a Génova, 13 le encantaba leer porque todos los días suministraba munición (escándalos) al PP antes de 1996… y que, 20 años después, su director es defenestrado porque a Génova, 13 le disgustan las noticias sobre la Gürtel (aunque también sobre los EREs andaluces y sobre el caso Nóos: vamos, que ya estaba bien de tanto joder).

Pero todo eso, en mi opinión, no es más que tramoya, como les mostraré en la entrada siguiente.

Empecemos por la noticia que suscita esta entrada y en especial la frase: «La ley procesal está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador». Frase pronunciada nada menos que por D. Carlos Lesmes, presidente del CGPJ. Hay que aclarar que se refiere a la ley procesal penal, no a la civil; pues desde el año del milenio, es decir, el 2000, España posee una ley más o menos adecuada a los tiempos ─falta todavía que la Administración de Justicia se adecúe a esa Ley─. Su hermana, a la que se refiere Lesmes, es una venerable viejecita de 132 años, pues data de 1882; y al decir de Cervantes, «con más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela» (hoy diríamos «con más parches y piezas de recambio que Robocop»). La última gran reforma se produjo en 1988, pues el TEDH (sí, ése que dio carta blanca a la derogación de la doctrina Parot) nos dijo que no estaba nada bien que el juez que decidiese una causa fuera el mismo que la instruyó. Con la reforma se separaron, pues, ambas funciones, y se introdujo el llamado «procedimiento abreviado» (mejor les ahorro los chistes fáciles sobre la justicia y el tiempo cronológico).
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